Igualdad propone equiparar las indemnizaciones por fallecimiento de las v¨ªctimas de violencia machista con las de terrorismo

Cuando una v¨ªctima de terrorismo muere por causa de esa violencia, la cuant¨ªa que la familia recibe como indemnizaci¨®n es de 250.000 euros; la de una v¨ªctima de violencia machista, 90.000. Y el Ministerio de Igualdad propone equiparar ambas cuant¨ªas. ¡°Creemos que es una pol¨ªtica de reparaci¨®n que debe asumir el Estado¡±, ha dicho este viernes la secretaria de Estado de Igualdad, ?ngela Rodr¨ªguez, tras la tercera reuni¨®n del comit¨¦ de crisis sobre violencia de g¨¦nero, formado por los ministerios de Interior, Justicia e Igualdad y las autonom¨ªas donde se producen los asesinatos. En mayo, han sido cinco: uno en Barcelona, otro en Madrid, en Gipuzkoa, M¨¢laga y ?lava.

Sin embargo, precisamente Pa¨ªs Vasco, la autonom¨ªa en la que se han registrado dos de los cinco asesinatos, no ha acudido a la convocatoria. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de g¨¦nero, y Rodr¨ªguez han explicado que la raz¨®n es que ¡°est¨¢n teniendo justo hoy su propio comit¨¦ de crisis¡± tras el ¨²ltimo de los asesinatos, el de la mujer embarazada de 32 a?os, a quien asesin¨® su expareja en Vitoria el s¨¢bado. Ambos conviv¨ªan, a pesar de que el hombre ten¨ªa una orden de alejamiento, de cuyo quebrantamiento ten¨ªan constancia las autoridades.

Tras el an¨¢lisis de esos feminicidios, las circunstancias en los que se dieron y las consecuencias, Igualdad ha hecho varias propuestas m¨¢s que han explicado Rodr¨ªguez y Rosell. No se trata de propuestas inmediatas, sino que tienen que ser debatidas y ratificadas con las autonom¨ªas en la conferencia sectorial de Igualdad. La ¨²ltima de esas reuniones fue en marzo y no hay fijada ninguna convocatoria para las pr¨®ximas semanas, en las que, con las Cortes ya disueltas, la actividad pol¨ªtica se dirige hacia la campa?a para las elecciones generales del 23 de julio.

Entre las medidas est¨¢ la ampliaci¨®n de la protecci¨®n de las mujeres embarazadas. ¡°Dos de las asesinadas estaban embarazadas y dos menores de edad han presenciado el asesinato de sus madres¡±, ha recordado Rosell, que ha contado que en el comit¨¦ se ha hablado de ¡°revisar la trascendencia de este indicador [el de estar embarazada]¡± para evaluar el riesgo dentro del sistema de seguimiento de v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero (VioG¨¦n).

Su propuesta es que las mujeres que tengan una orden de protecci¨®n y est¨¦n embarazadas, mantengan esa orden tambi¨¦n de forma autom¨¢tica para el hijo o hija cuando nazca. ¡°Que se haga de oficio para despu¨¦s no obligar a la mujer a pedir medidas civiles o suspensi¨®n de visitas, que ya est¨¢ establecido por ley, pero, aun as¨ª, sigue habiendo menores con visitas y comunicaci¨®n con sus padres¡± cuando estos ya han sido denunciados por violencia machista.

Tambi¨¦n han propuesto que se ampl¨ªe el fondo de garant¨ªa para el pago de alimentos para las v¨ªctimas, que ahora mismo es de 8.000 euros, ¡°y tambi¨¦n lo que se percibe en t¨¦rminos de anticipo, que son 100 euros, a 500¡å, ha cifrado Rodr¨ªguez. As¨ª como ¡°el ofrecimiento proactivo¡± de aquellas personas que trabajan con ellas a la hora de poner una denuncia sobre los recursos habitacionales con los que cuentan. ¡°No solo cu¨¢les, sino el procedimiento para pedirlos porque literalmente puede salvarles la vida¡±. Y que se revisen las normas para la licencia y tenencia de armas. ¡°Lo que tiene que ver con cosas ya establecidas, pero no operativas en la pr¨¢ctica¡±, ha dicho la secretaria de Estado. Por ejemplo, que se retire inmediatamente la licencia de armas ante una denuncia, que se acorten los tiempos de revisi¨®n de forma ordinaria, o que se crucen los datos de los agresores monitorizados en VioG¨¦n con la base de datos de tenencia de armas.

Los anteriores son planteamientos que necesitar¨¢n recorrido, al menos, en la conferencia sectorial de Igualdad. Pero hay otros, que ha puesto el ¨¢rea de Irene Montero sobre la mesa, que podr¨¢n ser activados de inmediato, ya que dependen directamente de ese ministerio: las dos ¨®rdenes de ampliaci¨®n de la informaci¨®n que se emite desde el 016.

Una, ha explicado Rodr¨ªguez, es sobre la situaci¨®n de los menores en casos de violencia machista: ¡°Los menores son v¨ªctimas directas cuando lo son sus madres, no solo en el ¨¢mbito judicial sino en el de la protecci¨®n social¡±. Por eso, Igualdad quiere que desde ese n¨²mero de tel¨¦fono de asistencia a v¨ªctimas se incida en la idea de que ¡°un maltratador no es un buen padre¡±. A su vez, que a las madres se les explique que ya la Ley de Infancia regula la capacidad de la Justicia para anular tanto las custodias como los reg¨ªmenes de visitas cuando existe un proceso penal por violencia machista contra ellas o por violencia dom¨¦stica contra los hijos. Incluso, la norma establece que, sin necesidad de que haya un procedimiento abierto, la custodia y las visitas se pueden anular cuando se ¡°advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia dom¨¦stica o de g¨¦nero¡±.

La otra ¡°orden de ampliaci¨®n¡± para el 016 es ¡°para que los entornos sepan actuar¡±, ha informado la secretaria de Estado. No solo llamar a la polic¨ªa cuando adviertan que algo est¨¢ ocurriendo, sino tambi¨¦n actuar ¡°en el acompa?amiento de las v¨ªctimas¡±, para que ¡°amigas y familiares sepan c¨®mo dar los siguientes pasos¡±.