Los obispos temen la factura econ¨®mica de la pederastia: solo han indemnizado a un 10% de las v¨ªctimas conocidas

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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Las indemnizaciones a v¨ªctimas de pederastia son el elefante en la habitaci¨®n que la Iglesia espa?ola sigue fingiendo que no ve: ni anuncia cu¨¢l es su plan de reparaci¨®n ni se muestra preocupada por sus posibles efectos econ¨®micos. Tampoco da informaci¨®n sobre cu¨¢nto ha pagado en las ¨²ltimas d¨¦cadas, obligada por sentencias civiles o en acuerdos extrajudiciales con v¨ªctimas. Pero el tiempo para seguir ignorando la cuesti¨®n se agota. El camino se?alado por las iglesias de Francia, Alemania y Estados Unidos ¡ªdonde la di¨®cesis de San Francisco se ha declarado en bancarrota para afrontar las indemnizaciones a las v¨ªctimas¡ª inquieta a los obispos espa?oles. Sobre todo, en las di¨®cesis con menos recursos, que piden una respuesta a la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) sobre c¨®mo sufragar las futuras reparaciones en sus territorios. En principio, las habr¨¢: el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo debe entregar en unas semanas el informe de la auditor¨ªa sobre abusos sexuales que la CEE le encarg¨® hace 18 meses. Entre las recomendaciones que le haga, figurar¨¢n las compensaciones econ¨®micas. No se sabe, sin embargo, las cuant¨ªas que propondr¨¢n los abogados ni qu¨¦ procedimiento se establecer¨¢ para cobrarlas.

Las 70 di¨®cesis espa?olas y las ¨®rdenes religiosas no informan sobre los procesos de reparaci¨®n a v¨ªctimas que han seguido hasta el momento. Los ¨²nicos datos disponibles, extra¨ªdos de sentencias judiciales o de los casos que han salido a la luz, muestran que la Iglesia ha pagado, al menos, 2,1 millones de euros a 230 v¨ªctimas que sufrieron abusos por 53 pederastas. Es decir, solo ha indemnizado al 10% de las 2.183 v¨ªctimas que se conocen (el n¨²mero de acusados es de 1.021), seg¨²n la base de datos de este peri¨®dico, ya que todav¨ªa no hay una contabilidad oficial.

La gran mayor¨ªa de las multas resarcidas ¨Dno se sabe si por el condenado de su bolsillo o por la orden o di¨®cesis a la que pertenece¨D lo han sido en cumplimiento de una sentencia judicial. Solo en cuatro casos la Iglesia figura en las sentencias como responsable civil subsidiaria. Pero esto es solo un c¨¢lculo: adem¨¢s, hay constancia de que la Iglesia ha pagado a v¨ªctimas en otras cinco ocasiones en procesos extrajudiciales o dentro de sus tribunales eclesi¨¢sticos.

Las cuant¨ªas que se han abonado en Espa?a de las que se tiene noticia oscilan entre los 675 euros y los 73.000 por v¨ªctima. La jerarqu¨ªa eclesial gestiona con secretismo los casos que conoce, y tambi¨¦n las cantidades que maneja, as¨ª que es imposible saber a cu¨¢nto asciende la factura total. Un juez eclesi¨¢stico, que prefiere guardar su anonimato por posibles represalias, afirma que en los noventa y comienzos de los 2000 los obispos ¡°utilizaban los fondos reservados de sus di¨®cesis para pagar el silencio de las v¨ªctimas¡±, casos que no aparecen reflejados en ninguna contabilidad interna. Del mismo modo, las di¨®cesis tampoco informan de los juicios eclesi¨¢sticos que instruye en sus tribunales, ni tampoco de las reparaciones que dictan en sus sentencias.

El secretario de la CEE, C¨¦sar Garc¨ªa Mag¨¢n, asegur¨® el pasado marzo en rueda de prensa que no le constaba la existencia de ¡°una sentencia can¨®nica que haya determinado una indemnizaci¨®n econ¨®mica¡±. No obstante, el juez eclesi¨¢stico responde que ¨¦l ha dictado ¡°al menos dos desde 2021 donde la di¨®cesis fue condenada a pagar 50.000 euros en cada caso¡±. Algunas ¨®rdenes, como los jesuitas, negocian con los afectados a trav¨¦s de un tarifario regido por la ¡°gravedad¡± del abuso: hasta 5.000 euros, leve; hasta 10.000, media; hasta 15.000, alta. Tambi¨¦n es frecuente que obliguen a la v¨ªctima a firmar cl¨¢usulas de silencio, una medida prohibida por el derecho can¨®nico.

La falta de transparencia de la instituci¨®n dificulta averiguar la magnitud del impacto econ¨®mico que tendr¨¢ el esc¨¢ndalo. Para empezar, porque a¨²n no se sabe cu¨¢ntas v¨ªctimas hay, pero todos los c¨¢lculos pasan del millar documentado con creces. Pero tambi¨¦n porque no se sabe qu¨¦ est¨¢ dispuesta a reparar y reconocer la Iglesia espa?ola. Lo que s¨ª est¨¢ claro es que a los obispos les preocupa la cuesti¨®n y la factura de la pederastia y los modelos seguidos por la jerarqu¨ªa eclesial de otros pa¨ªses plantean una amenaza econ¨®mica considerable para la instituci¨®n, desde la quiebra de las di¨®cesis en EE UU a la venta de patrimonio en Francia, o al desembolso de cantidades millonarias en Alemania. ¡°Lo que m¨¢s miedo les da a los obispos es el tema econ¨®mico. Est¨¢n muy asustados con lo que se est¨¢ pagando en otros pa¨ªses¡±, dice un cargo de una di¨®cesis espa?ola, que prefiere no dar su nombre.

Ejemplos internacionales

La Iglesia estadounidense ha afrontado el problema de las reparaciones con dos estrategias. Una es la de la di¨®cesis de San Francisco, obligada a declararse en bancarrota para mantener su actividad econ¨®mica y afrontar las demandas. La ley de quiebras de EE UU permite en este sentido que la di¨®cesis u orden acumule todas las demandas en un solo tribunal y pueda negociar un acuerdo general, en lugar de enfrentarse a cada caso individualmente. La segunda estrategia es resolver las reparaciones con acuerdos extrajudiciales. Por ejemplo, la archidi¨®cesis de Los ?ngeles, en California, pag¨® en 2007 unos 660 millones de d¨®lares (m¨¢s 554 millones de euros) a 500 v¨ªctimas, casi un mill¨®n de d¨®lares a cada afectado. Las cantidades son enormes y rebasan con creces los 320 millones de euros que, por ejemplo, percibieron este a?o las 70 di¨®cesis espa?olas por la casilla de la Renta.

A diferencia de EE UU, donde los delitos de pederastia son imprescriptibles en 21 de los 55 estados, en Espa?a la mayor¨ªa de los casos han prescrito, por lo que las v¨ªctimas no tienen ninguna posibilidad de reparaci¨®n, salvo que la Iglesia quiera hacerlo voluntariamente. Para ello, pueden abrir una investigaci¨®n amparada por el derecho can¨®nico, en el que estos delitos no prescriben. No obstante, este se archiva si el acusado ha fallecido o si el obispo considera que ¡°no hay pruebas suficientes¡±, algo que es habitual en estos casos.

Alemania muestra el camino de otro modelo. Para hacer frente a la prescripci¨®n civil y tambi¨¦n al archivo de las causas, los obispos alemanes han establecido un proceso de reconocimiento en el que se estudia cada testimonio y luego un tribunal arbitral establece las cuant¨ªas, que llegan hasta los 50.000 euros.

La comisi¨®n que realiza la auditor¨ªa encargada por la Iglesia espa?ola a Cremades debate proponer este modelo a los obispos para que lo apliquen en Espa?a, aunque sin precisar las cantidades. ¡°Vamos a recomendarlo, una especie de ventanilla ¨²nica y que organicen un sistema¡±, dijo el pasado marzo a este peri¨®dico el presidente del despacho, Javier Cremades. Si se extrapola al millar de v¨ªctimas admitidas de momento por la Iglesia ¡ªeste peri¨®dico las contabiliza en 2.183 y Cremades en ¡°varios miles¡±¡ª el monto ascender¨ªa como m¨¢ximo a 50 millones de euros. Pero como se ha comprobado en los ¨²ltimos a?os en Espa?a, a¨²n asoma la punta del iceberg del problema y el n¨²mero de v¨ªctimas que denuncian su caso sigue creciendo, y con ello el n¨²mero de posibles indemnizaciones.

Otra de las claves es c¨®mo pagar¨¢ la Iglesia estas reparaciones. La memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal Espa?ola de 2021 cifra los ingresos finales en m¨¢s de 49 millones de euros (1.142 millones de euros de ingresos menos 1.093 millones de gastos). Cabe destacar que la mitad de los recursos que recibe la Iglesia son de aportaciones de fieles (m¨¢s de 310 millones en 2020) y de la asignaci¨®n tributaria (237 millones en 2020). Son donaciones finalistas, es decir, aportaciones que conllevan la voluntad expresa del donante de destinarlas a una finalidad concreta: los servicios pastorales de la Iglesia, el sostenimiento de sus trabajadores y la amplia labor social que realiza. Por lo que la instituci¨®n no puede utilizar estos recursos para pagar indemnizaciones.

Ante esta misma situaci¨®n se ha enfrentado la Iglesia francesa, el tercer modelo. All¨ª, la jerarqu¨ªa eclesial, tras publicar en 2021 el informe interno que estimaba en 330.000 las v¨ªctimas de abusos, planea ahora vender su patrimonio para fijar un fondo com¨²n y hacer frente a los pagos de las reparaciones. Este puede ser otra acci¨®n que pueden emular los obispos espa?oles.

Otro modelo es el de Australia, cuyo Gobierno cre¨® en 2018 un Plan Nacional de Indemnizaci¨®n para que se adhirieran a ¨¦l instituciones ben¨¦ficas y religiosas. Este plan consist¨ªa en la creaci¨®n de un comit¨¦ de expertos que decide la cantidad que debe recibir cada v¨ªctima y luego la instituci¨®n correspondiente desembolsa ese dinero. En 2020, se realizaron 2.504 pagos, de media cada afectado recibi¨® casi 82.000 d¨®lares (unos 71.000 euros).