Abusos en la infancia: empiezan a los 11 a?os, la v¨ªctima es una ni?a y el agresor es del entorno y no tiene antecedentes
Un an¨¢lisis de 389 sentencias elaborado por Save the Children revela que tres de cada cuatro procesos tardaron m¨¢s de dos a?os en resolverse y critica que no haya juzgados especializados, pese a lo previsto en la ¡®ley Rhodes¡¯

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Los abusos sexuales rompen la infancia y las v¨ªctimas no solo tienen que recomponerse de ese horror, sino que adem¨¢s se enfrentan a un sistema que no las protege lo suficiente. Un informe de Save the Children publicado este jueves analiza 389 sentencias judiciales y constata que el 80,3% de las v¨ªctimas son ni?as o chicas adolescentes y que la edad media a la que empiezan los abusos est¨¢ alrededor de los 11 a?os. Tambi¨¦n permite concluir que los agresores son en un 82,9% de las ocasiones alguien de su entorno, bien familiar o conocido, y que el 67,2% no tiene antecedentes. Catalina Perazzo, directora de incidencia pol¨ªtica y social de la entidad, va m¨¢s all¨¢: ¡°El 96% de las personas abusadoras no ten¨ªa antecedentes por delitos sexuales. Esto liga con el mito de que son monstruos y ser¨ªamos capaces de identificarles, que si ocurriera en nuestro entorno nos dar¨ªamos cuenta, pero no siempre es as¨ª¡±. A esto se a?ade que, dos a?os despu¨¦s de que se aprobara la conocida como ley Rhodes ¡ªen referencia al pianista brit¨¢nico James Rhodes, que sufri¨® abusos en su ni?ez¡ª, que mandataba a instaurar juzgados especializados en violencia contra la infancia, estos siguen sin crearse. Tres de cada cuatro casos analizados tardaron m¨¢s de dos a?os en resolverse.
La realidad que refleja el informe, el tercero que Save the Children elabora tras analizar sentencias judiciales sobre delitos sexuales contra menores de edad, es estructural. Tanto es as¨ª, que las principales conclusiones sobre el perfil de las v¨ªctimas y de los agresores se mantienen. En 2021, seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles del Ministerio del Interior, casi la mitad de las denuncias presentadas por delitos sexuales tuvieron a menores como v¨ªctimas. Fueron 8.317, pero la entidad estima que solo el 15% de los casos se denuncian. As¨ª que el problema es mucho mayor de lo que reflejan los datos. ¡°La situaci¨®n no ha mejorado, o no lo suficiente. Los adolescentes, sobre todo ni?as, siguen sufriendo abusos sexuales en la infancia por parte del entorno conocido, en muchas ocasiones la familia, y la justicia sigue sin estar especializada o adaptada a sus necesidades¡±, apunta Perazzo.
Carmen Corrales, que lo ha sufrido, lo corrobora en la conferencia de prensa en la que se ha presentado el informe. Tiene 26 a?os y fue v¨ªctima de abusos entre los 10 y los 14. El mismo intervalo de edad que en m¨¢s de la mitad de las v¨ªctimas de los casos que ha analizado Save the Children. En cuatro de cada 10 sentencias estudiadas, el autor era de la familia. La entidad no puede detallar qui¨¦nes eran todos los agresores, pero especifica que muchas veces es el propio padre o la pareja de la madre. El agresor de Carmen fue su abuelo materno. Ella, que es de Vejer de la Frontera (C¨¢diz), denunci¨® a los 17 a?os. Acudi¨® junto a sus padres y la hermana, a la que se atrevi¨® a contarle ¡°el secreto¡± que su abuelo la hab¨ªa obligado a guardar durante a?os. Para entonces, estaba totalmente hundida. Cuenta que ¨¦l le dec¨ªa que aquello era normal y ella, que lo quer¨ªa y confiaba en ¨¦l, estaba indefensa. Tuvo que declarar cinco veces. Dos en la Guardia Civil, dos ante m¨¦dicos forense y una ante una jueza.
¡°Fuimos a denunciar a mi pueblo y me mandaron al de al lado. La respuesta de uno de los agentes fue que si me hab¨ªa acordado en ese momento, que por qu¨¦ hab¨ªa tardado tanto¡±, recuerda Carmen. ¡°Una v¨ªctima que acaba de contar lo que le ha pasado durante tantos a?os, que ha estado tanto tiempo callada, cuya familia se acaba de enterar¡ pienso que es un poco brusco¡±. Brusco como poco. Dice que la primera experiencia fue ¡°nefasta¡±. Pero no solo eso. ¡°Cada vez que sal¨ªa [de declarar] era como si fuera un zombi, no pod¨ªa apenas hablar ni andar. Me dejaba destrozada¡±. Y la justicia, en su caso, ¡°no llega¡±. ¡°Llevo ocho a?os y medio esperando un juicio¡±, se queja. ¡°Est¨¢ ah¨ª como archivado¡±, a?ade, ¡°al final la condena quien la lleva es la v¨ªctima¡±.
Un calvario
Ese es el ¡°calvario¡± que denuncia Save the Children. Las 389 sentencias analizadas, con 478 v¨ªctimas, corresponden a los a?os 2021 y 2022 y, adem¨¢s de la informaci¨®n a nivel nacional, se dan datos para Andaluc¨ªa, Catalu?a, Madrid, Comunidad Valenciana y Pa¨ªs Vasco. En el 88,3% de los casos acabaron con condena. Hubo 56 absoluciones, 38 por falta de pruebas. En el informe anterior, con resoluciones judiciales de 2019 y 2020, se informaba de que el 67,3% de los procesos se hab¨ªan resuelto a los dos a?os. Ahora solo el 23,5% lo hace en este periodo. La amplia mayor¨ªa se dilata, por tanto, m¨¢s de lo deseable, en unos casos en los que las v¨ªctimas son especialmente vulnerables. Adem¨¢s, Save the Children critica que hay menores ¡°que siguen teniendo que declarar m¨¢s de una vez, llegando a hacerlo antes del juicio hasta tres veces, en la polic¨ªa, la Fiscal¨ªa y el juzgado¡±.
La entidad tambi¨¦n se?ala que solo en un cuarto de las sentencias se especifica que se realiz¨® una prueba preconstituida, que consiste en grabar la declaraci¨®n de la v¨ªctima durante la fase de instrucci¨®n para que posteriormente esta no deba testificar de nuevo en el juicio, exponi¨¦ndose a revivir su dolor. Esta declaraci¨®n se realiza ante personal especializado, normalmente del ¨¢mbito de la psicolog¨ªa, y con todas las garant¨ªas judiciales. En la mayor¨ªa de las resoluciones analizadas no se especifica si se aplic¨® o no. La Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de la Infancia y de la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como ley Rhodes, instaur¨® la obligaci¨®n de esta prueba para todos los menores de 14 a?os. Perazzo explica que en el 18,6% de las sentencias en las que se recoge que se practic¨® esta prueba se apunta tambi¨¦n que, adem¨¢s de existir una grabaci¨®n, los menores tuvieron que declarar en el juicio.
Evitar la revictimizaci¨®n
Perazzo considera fundamental evitar la revictimizaci¨®n. ¡°Esta se produce cuando al ni?o o la ni?a se les est¨¢, por un lado, haciendo repetir el testimonio en numerosas ocasiones y ante distintas personas, pero tambi¨¦n incluso en c¨®mo se realiza esta entrevista. No todas las personas que recogen esa informaci¨®n est¨¢n especializadas. Cada vez m¨¢s, pero no siempre. Y eso produce un sufrimiento adicional respecto a lo que han vivido¡±, expone la experta. No solo tienen que repetirlo, sino que hay veces en que hasta ¡°se duda de lo que dicen¡±. Esto es especialmente importante porque el testimonio es la principal prueba en la mayor¨ªa de los casos de abusos sexuales, de hecho es la ¨²nica en muchos de ellos. Cuando pasa tiempo entre una declaraci¨®n y otra, algo com¨²n entre la denuncia, la declaraci¨®n en la fase de instrucci¨®n y el juicio, es posible que los ni?os cuenten lo ocurrido de manera distinta, o incluso que haya contradicciones, una vez que los menores han procesado lo ocurrido o incluso se han sometido a terapia, prosigue Perazzo.
La experta explica que la ley aprobada hace dos a?os ordena la creaci¨®n de protocolos en todos los ¨¢mbitos en los que se mueve la infancia, desde el educativo al judicial, para protegerles. ¡°En el primer informe que hicimos [en 2017], explic¨¢bamos lo que ocurre y no deber¨ªa ocurrir. Se produc¨ªa una revelaci¨®n en el colegio, la profesora llamaba a la directora, la directora a la madre, esta a la polic¨ªa... y el ni?o ten¨ªa que contar lo sucedido una y otra vez. La ley de protecci¨®n a la infancia prev¨¦ que haya profesionales especializados y que sepan que en cuanto hay un indicio se puede poner en marcha el mecanismo para que no deba pasar por todo esto¡±, indica. Una cosa es denunciar que han existido abusos y otra, exponerse a ofrecer una detallada declaraci¨®n una y otra vez.
Perazzo dice que le consta que ha habido avances en estos dos a?os, por ejemplo, en la formaci¨®n en la escuela judicial. Sin embargo, son insuficientes. ¡°En la pasada legislatura hubo tres proyectos de ley que iban a reformar el sistema de justicia y que podr¨ªan haber servido para incluir la especializaci¨®n, pero han deca¨ªdo¡±. Espera que el nuevo Gobierno cree juzgados especializados en violencia contra la infancia, lo cual implicar¨ªa una Fiscal¨ªa espec¨ªfica y que haya formaci¨®n inicial y constante de los operadores jur¨ªdicos. Y no solo para ellos, sino para las familias y los ni?os, la educaci¨®n afectivo-sexual es fundamental para que puedan reconocerse como v¨ªctimas. Perazzo tambi¨¦n aboga por implantar en todas las autonom¨ªas el modelo n¨®rdico Barnahus, que significa casa de los ni?os en island¨¦s, y que permite la atenci¨®n integral, ya que todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan para evitar la revictimizaci¨®n. La primera se abri¨® en Catalu?a en 2020 y ya hay siete autonom¨ªas que han seguido sus pasos. Incluso hay un proyecto entre la Uni¨®n Europea y el Consejo de Europa en Espa?a, en colaboraci¨®n con el Ministerio de Derechos Sociales, para que se mejore el marco legislativo para introducir este modelo.
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