Preguntas y respuestas sobre el informe de pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo
Los obispos espa?oles se re¨²nen hoy en asamblea extraordinaria para valorar el estudio, 779 p¨¢ginas con un enorme caudal de informaci¨®n y potencial pol¨¦mico que requieren contexto y explicaci¨®n de cifras
EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.
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La entrega del informe del Defensor del Pueblo sobre pederastia en la Iglesia cat¨®lica ha causado un terremoto, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Estima, seg¨²n una encuesta a m¨¢s de 8.000 personas, que un 1,13% de la poblaci¨®n, unas 440.000 personas, ha sufrido abusos en el clero, un dato que ha descolocado a la Iglesia espa?ola. El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el cardenal Juan Jos¨¦ Omella, ha arremetido contra los medios por extrapolar los resultados de la encuesta con una ¡°mentira¡±. La Iglesia a¨²n debe dar una respuesta oficial al informe y los obispos se re¨²nen hoy, lunes, en una asamblea extraordinaria convocada de urgencia el viernes, un hecho ins¨®lito. El informe, de 779 p¨¢ginas, aporta un enorme caudal de informaci¨®n y datos que plantean muchas preguntas y cifras que necesitan un contexto. Esta es una breve gu¨ªa para interpretarlo.
?Qu¨¦ dice la encuesta del Defensor y por qu¨¦ la critica la Iglesia?
El Defensor del Pueblo reconoce que no ha sido capaz de dar n¨²meros exactos de casos conocidos, porque los que ha comunicado la Iglesia son incompletos, sin nombres y a veces ni fecha ni lugar de los hechos. Por eso no ha podido sumarlos con los recabados por su oficina de atenci¨®n (487 entrevistas) y los contabilizados por EL PA?S, que en su base de datos abierta, la ¨²nica existente, registra en este momento 1.036 acusados. Como segundo pilar del estudio, ha encargado una encuesta a la empresa GAD3. Seg¨²n argumenta en el documento, ¡°cuantificar la dimensi¨®n del problema es siempre una necesidad si se quiere conocer la relevancia y alcance de un fen¨®meno que es social y no solo individual¡±. ¡°En relaci¨®n con el problema aqu¨ª examinado ¡ªa?ade¡ª, la necesidad de disponer de datos cuantitativos deriva adem¨¢s de que con frecuencia se ha negado, desde ciertos actores (en general sin aportar datos) que los abusos en el seno de la Iglesia cat¨®lica representen un problema muy extendido¡±.
La encuesta, realizada a m¨¢s de 8.000 personas, indica que un 1,13% de la poblaci¨®n adulta actual ha sufrido abusos en la infancia en el ¨¢mbito eclesi¨¢stico, una cifra que supone unas 440.000 personas. ?ngel Gabilondo, consciente de la magnitud del problema que refleja la encuesta y de que ser¨ªa el centro de la pol¨¦mica, se neg¨® expresamente en la rueda de prensa a hacer ese c¨¢lculo a partir del porcentaje y entrar en ese debate: ¡°No quiero hacer extrapolaciones¡±. Pero indic¨® que cualquiera pod¨ªa hacer la cuenta si se considera que ¡°en Espa?a hay 47 millones de habitantes y 8,2 millones de menores¡±. Adem¨¢s, defendi¨® la solvencia de la encuesta. Para el presidente de la CEE, ¡°las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intenci¨®n de enga?ar¡±.
Profesionales del sector demosc¨®pico consultados se?alan que las 8.000 personas encuestadas componen ¡°una muy buena muestra, muy potente¡±. Admiten que los estudios raramente traducen sus porcentajes en n¨²meros absolutos, pero que est¨¢ asumido que es pr¨¢ctica habitual en los medios y si ahora se discute es porque se trata de un asunto controvertido. Subrayan que, m¨¢s all¨¢ de una cifra concreta, est¨¢ claro que la encuesta est¨¢ revelando ¡°cientos de miles de casos¡±. S¨ª indican que a la hora de extrapolar en cifras absolutas se puede objetar que se habla de hechos del pasado y el cuerpo de la poblaci¨®n no es el mismo, pero por otro lado debe considerarse la cifra oculta: ¡°En encuestas de abusos hay siempre una cifra oculta, no todos los que los han sufrido lo cuentan, y la cifra final en todo caso estar¨ªa rebajada, no sobreestimada¡±, se?ala uno de ellos. La cifra oculta en este tipo de delitos llega al 80% y 90% de los casos, seg¨²n los estudios.
Las primeras cifras oficiales sobre esta lacra rompen uno de los primeros argumentos de defensa de la Iglesia, que hasta ahora alegaba la ausencia de datos para decir que el problema no exist¨ªa. Por otro lado, siempre ha esgrimido que los abusos a menores en la Iglesia son solo una peque?a parte de un problema que afecta sobre todo a la familia y otros entornos, algo que el informe confirma: la encuesta se?ala que un 11,7% de la poblaci¨®n los ha sufrido, y la mayor¨ªa, un 34,1%, en el ¨¢mbito familiar.
La Iglesia ha recurrido estos a?os a los datos de un estudio de la Fundaci¨®n ANAR de 2020, basado en las llamadas de menores a su tel¨¦fono de ayuda de 2008 a 2019 ¡ªno se refiere a casos del pasado¡ª y que sit¨²an los abusos en el ¨¢mbito religioso en un 0,2%. Pero es un trabajo que no resiste comparaci¨®n con la encuesta del Defensor del Pueblo, seg¨²n una de las autoras del informe, Noemi Pereda, profesora de Victimolog¨ªa en la Universidad de Barcelona: ¡°Los datos de la Fundaci¨®n ANAR hacen referencia a ni?os y ni?as que llaman a la entidad buscando ayuda. Generalmente, son ni?os y ni?as que sufren abuso por parte de alguien cercano y no tienen apoyo en su familia. (...) Los datos del Defensor del Pueblo refieren a adultos que responden a una encuesta an¨®nima de victimizaci¨®n. Y, en la mayor¨ªa de casos, son personas que no han denunciado su experiencia. Forman parte de la denominada cifra negra o cifra oculta de la victimizaci¨®n. (...) Son muchas las v¨ªctimas que no hablan en toda su vida. Los casos del informe de la Fundaci¨®n ANAR son ni?os y ni?as, mientras que los del informe del Defensor del Pueblo son adultos que reportan sus experiencias en la infancia. Uno es un estudio basado en denuncias y el otro en una encuesta de autorreporte. Y no pueden compararse¡±.
Al margen de la encuesta, ?cu¨¢ntos casos de pederastia se conocen en la Iglesia espa?ola?
La ¨²nica base de datos abierta y detallada es la de EL PA?S, que se actualiza constantemente y en este momento contabiliza 1.036 acusados y 2.206 v¨ªctimas. Re¨²ne todos los casos conocidos por distintas v¨ªas: los casos publicados por el diario y otros medios, sentencias judiciales, los admitidos por las instituciones religiosas. El Defensor, por su parte, ha entrevistado a 487 v¨ªctimas, muchas de las cuales ya hab¨ªan escrito a EL PA?S, y pr¨®ximamente ser¨¢ posible cruzar esos casos con los de este diario para a?adir los que son nuevos a la base de datos del diario.
En cuanto a la Iglesia, que es quien m¨¢s luz podr¨ªa arrojar, siempre se ha negado a dar informaci¨®n de lo que sabe y cuando lo ha hecho, siempre es opaca e incompleta. Es un caos de cifras y datos ocultos. En esta ocasi¨®n, ha enviado datos al Defensor, pero de forma descoordinada, contradictoria y sin los detalles que permiten poder contabilizarlos (nombre o iniciales del agresor, lugar de los hechos, fecha). En primer lugar, di¨®cesis y ¨®rdenes admiten al Defensor, en total, 974 agresores y 1.385 v¨ªctimas (902 de ¨®rdenes y 483 de di¨®cesis). Pero no dan detalles y no se puede saber si son nuevos o ya conocidos. Por su parte, la CEE da sus propios datos, las denuncias recogidas en las oficinas de atenci¨®n a v¨ªctimas que los obispados tuvieron que crear en 2020, obligados por el Papa: son, hasta 2022, 728 agresores y 927 v¨ªctimas. De nuevo, la CEE no aclara si hay casos duplicados o se deben sumar a los de di¨®cesis y ¨®rdenes.
Por ¨²ltimo, el presidente de los obispos, el cardenal Juan Jos¨¦ Omella, dio el s¨¢bado otra cifra distinta en un tuit: 1.125 casos ¡°aproximadamente¡±. Contribuye a la confusi¨®n que a veces la Iglesia habla de ¡°casos¡± en alusi¨®n a agresores o tambi¨¦n a denuncias, que pueden involucrar a m¨¢s de un agresor y m¨¢s de una v¨ªctima. En todo caso, lo relevante es que, hasta hace dos a?os, la CEE aseguraba que apenas exist¨ªan casos en Espa?a, y ahora ya reconocen cerca de un millar.
?La Iglesia ha aportado al Defensor toda la informaci¨®n que tiene sobre los abusos?
No, la Iglesia critica las estimaciones de casos, pero al mismo tiempo sigue ocultando la informaci¨®n necesaria para que aflore la verdad e impide la revisi¨®n de sus archivos. EL PA?S lleva cinco a?os preguntando a di¨®cesis y congregaciones por los casos que conocen, con escasas respuestas. Cada orden religiosa, m¨¢s de 400, y cada di¨®cesis, un total de 70, va por libre y ha decidido seg¨²n su criterio si colabora o no con el Defensor, y de qu¨¦ manera. Por ejemplo, 27 di¨®cesis, el 38% del total, no respondieron a la segunda carta del Defensor, enviada en mayo de 2023, para que completaran la informaci¨®n que hab¨ªan enviado. La de Vic no respondi¨® nunca, ¡°solo cuestion¨® la encomienda del Congreso y critic¨® la investigaci¨®n por considerar su objetivo sesgado¡±. ¡°No todos los obispos han colaborado y alguno nos ha re?ido¡±, resumi¨® el Defensor.
Algunas de las di¨®cesis m¨¢s reacias a colaborar y que pr¨¢cticamente no aportaron informaci¨®n fueron las de Oviedo, Sant Feliu de Llobregat, Almer¨ªa, Menorca, Ibiza, Mondo?edo-Ferrol y M¨¢laga. Esta ¨²ltima replic¨® que se ha negado a investigar los casos remitidos por EL PA?S por considerarlos ¡°meras especulaciones o murmuraciones¡±, seg¨²n el informe, cuando lo cierto es que este diario ha publicado este mes seis casos que este obispado ha encubierto y ocultado en los ¨²ltimos a?os.
Por el contrario, el estudio cita como ejemplos de buena colaboraci¨®n a las di¨®cesis de Cartagena, Santiago de Compostela, Girona, San Sebasti¨¢n, Lleida, Guadix, Alcal¨¢, Tarragona, Sevilla, Le¨®n y Pamplona. Como hecho llamativo, varias di¨®cesis afirman no haber tenido nunca noticia o denuncia de ning¨²n caso (Albacete, Huelva, M¨¢laga, Segovia, Osma-Soria, Huesca y la castrense), si bien las cuatro primeras conocen casos que les ha remitido EL PA?S.
La Iglesia ha torpedeado el intento de establecer un registro homog¨¦neo de los casos conocidos, pues ninguna di¨®cesis ni orden ha aportado la identidad del agresor y otros detalles b¨¢sicos de cada caso que permiten incorporarlos a una contabilidad ¨²nica. Jesuitas y maristas, por ejemplo, dos de las ¨®rdenes con m¨¢s casos, ocultan casi todos los datos y solo informan de la comunidad aut¨®noma donde se produjeron los hechos.
Tambi¨¦n ha sido incompleta la informaci¨®n remitida de los archivos diocesanos y los llamados archivos secretos, de material reservado. ¡°No puede decirse que las distintas instancias eclesi¨¢sticas responsables de estos archivos hayan emprendido una investigaci¨®n sistem¨¢tica para esclarecer todos los sucesos¡±, lamenta el Defensor. Es m¨¢s, en muchos casos no ha quedado claro lo que contienen esos archivos, o si solo se han consultado o se han revisado por completo. El Defensor pide que haya libre acceso a los investigadores, si bien el concordato de 1979 con la Santa Sede garantiza la ¡°inviolabilidad¡± de los archivos y registros de la Iglesia.
?C¨®mo se ha investigado en otros pa¨ªses?
Espa?a ha sido casi el ¨²ltimo gran pa¨ªs cat¨®lico en investigar oficialmente la pederastia, solo queda pendiente en Italia. Por eso hay muchos modelos a seguir y el informe del Defensor analiza los ejemplos de 19 pa¨ªses. En algunos de ellos tambi¨¦n se hicieron encuestas de prevalencia de los abusos en la Iglesia, con resultados similares, aunque la comparaci¨®n debe hacerse con cautela, ya que la metodolog¨ªa no ha sido la misma en todos los casos.
En Francia, una encuesta a 29.000 personas estim¨® que un 1,28% de los hombres y un 0,81% de las mujeres del pa¨ªs hab¨ªa sufrido abuso en ¨¢mbito religioso, el segundo entorno m¨¢s peligroso tras la familia. El c¨¢lculo en n¨²meros absolutos fue de 330.000 v¨ªctimas, 216.000 de ellas de curas o religiosos, y el resto, de laicos. La comisi¨®n de Pa¨ªses Bajos realiz¨® una encuesta a 34.267 personas de m¨¢s de 40 a?os y un 1,7 % relat¨® abusos en la Iglesia en su infancia. En Alemania, la muestra fue de 2.437 personas mayores de 14 a?os: el 3,1% hab¨ªa padecido alguna clase de abuso sexual en una instituci¨®n.
En muchos pa¨ªses, a diferencia de Espa?a, la Iglesia ha colaborado plenamente y en ning¨²n caso ha atacado la investigaci¨®n realizada. En Estados Unidos, la Conferencia Episcopal encarg¨® un estudio al John Jay College de la Universidad de Nueva York, presentado en 2004, y orden¨® a todos los obispos entregar todas sus listas de acusados con nombres y apellidos. En Pa¨ªses Bajos, una comisi¨®n independiente creada por la Iglesia tuvo acceso libre a los archivos, y tambi¨¦n en Suiza, donde el proyect¨® lo llev¨® a cabo la Universidad de Z¨²rich. En Alemania, la Iglesia dio acceso total a los investigadores a los registros de 38.000 cl¨¦rigos, de los cuales hubo constancia de abusos en 1.670 casos. En Australia, el Gobierno federal creo una comisi¨®n con poderes coercitivos y de investigaci¨®n.
De forma paralela a las estimaciones, en cada pa¨ªs difiere el n¨²mero de entrevistas directas. El caso m¨¢s exhaustivo es el de Australia, que durante cinco a?os contact¨® con 7.981 v¨ªctimas. En Portugal, el estudio m¨¢s reciente, la comisi¨®n no hizo una encuesta y se bas¨® en 512 entrevistas con v¨ªctimas. A partir de ah¨ª hizo una extrapolaci¨®n de 4.300 v¨ªctimas posibles. Es probable que la Iglesia espa?ola esperara un modelo similar del Defensor del Pueblo, de ah¨ª su sorpresa por la encuesta y sus estimaciones.
?Qu¨¦ dicen los estudios de otros pa¨ªses sobre el porcentaje de cl¨¦rigos abusadores?
En todos los pa¨ªses cat¨®licos donde se ha investigado la pederastia del clero ha emergido un porcentaje recurrente: entre un 4% y un 7% de los religiosos y sacerdotes ha cometido abusos. Seg¨²n la Oficina de Estad¨ªstica de la CEE, el total de sacerdotes y religiosos que ha habido en Espa?a de 1940 a 2021 asciende a 205.000. Si se aplica este porcentaje a Espa?a, resultar¨ªan entre 8.200 cl¨¦rigos (un 4%) y 14.350 (un 7%). No obstante, esta cifra se desglosa en 110.000 curas y religiosos y 95.000 religiosas. La gran mayor¨ªa de los abusos en la Iglesia es cometida por hombres, y si ese 4% se obtiene ¨²nicamente del clero masculino la cifra ascender¨ªa a 4.400 personas, y el 7% ser¨ªan 7.700. En este momento EL PA?S contabiliza 1.036 agresores, que suponen el 0,5% del clero espa?ol de las ¨²ltimas d¨¦cadas. La Iglesia ya reconoce en el informe una cifra muy pr¨®xima, 974 agresores. Es decir, los casos que han salido a la luz a¨²n estar¨ªan muy lejos del total, que sigue oculto.
En cuanto a la estimaci¨®n de la encuesta del Defensor, indica que un 1,13% de la poblaci¨®n adulta actual ha sufrido abusos en la infancia en ¨¢mbito religioso desde los a?os cuarenta, porcentaje equivalente a unas 440.000 personas. Esta cifra es compatible con el n¨²mero de curas y religiosos desde 1940 en Espa?a, un total de 205.000, dado que en todos los pa¨ªses los agresores y depredadores sexuales abusan de un gran n¨²mero de v¨ªctimas.
?Cu¨¢l es la propuesta para indemnizar a las v¨ªctimas?
Una de las propuestas estrella del Defensor es la creaci¨®n de ¡°un ¨®rgano especial de car¨¢cter temporal¡± cuyo objetivo sea la reparaci¨®n de las v¨ªctimas de abusos en la Iglesia en los que el delito haya prescrito. Para ello, se constituir¨ªa ¡°un fondo estatal¡± para el pago de las indemnizaciones. El informe propone que tanto el Estado como la Iglesia cat¨®lica cooperen para nutrir ese fondo, aunque deja claro que la supervisi¨®n de las reparaciones debe ser p¨²blica. Esta recomendaci¨®n no ha sido bien recibida por algunas asociaciones de v¨ªctimas. Europa Laica public¨® un comunicado en el que considera ¡°inaceptable¡± que el Estado deba hacerse cargo de las indemnizaciones.
Pa¨ªses como Irlanda y Australia aprobaron la creaci¨®n de un fondo conjunto para reparar a las v¨ªctimas de abusos en el clero. El caso de referencia es B¨¦lgica, donde el Parlamento cre¨® en 2011 un centro de arbitraje para dar respuesta a los casos prescritos. Acudieron 628 v¨ªctimas con demandas de reparaci¨®n. La Iglesia cat¨®lica acept¨® participar en el centro y asumir dos terceras partes de los costes de la instituci¨®n, adem¨¢s de las indemnizaciones que el ¨®rgano acordara a favor de las v¨ªctimas.
?Qu¨¦ pasa ahora con la otra investigaci¨®n que encarg¨® la Iglesia a un bufete?
La entrega de la auditoria que encarg¨® la CEE al bufete Cremades & Calvo-Sotelo en febrero de 2022 lleva varios meses de retraso. El plazo inicial era de un a?o, pero el despacho afirma que la dificultad de los trabajos le ha obligado a posponer la entrega. La demora no ha gustado a los obispos y hace dos semanas enviaron al despacho un burofax con un ultim¨¢tum de 10 d¨ªas para que lo presentase. Cremades no lo acat¨® y se comprometi¨® a darles un resumen en noviembre. La tensi¨®n creci¨®, especialmente la semana pasada, cuando el despacho dej¨® fuera de la investigaci¨®n al abogado Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociaci¨®n Cat¨®lica de Propagandistas (ACdP) y el hombre m¨¢s cercano al sector conservador de los obispos. Era uno de los miembros del grupo de trabajo que estaba redactando la auditor¨ªa.
Los obispos, muy molestos por el hecho de que el Defensor se haya adelantado en la entrega de su informe y marque ahora la referencia con sus estimaciones, decidir¨¢n este lunes qu¨¦ hacer con la auditor¨ªa, despu¨¦s de que Cremades no aceptara el ultim¨¢tum. El bufete ha entrevistado solo a un centenar de v¨ªctimas, ya ha avanzado que no har¨¢ extrapolaciones ¡ªcomo hizo la Iglesia de Portugal¡ª y tampoco ha encargado una encuesta. Pese a ello, ya ha adelantado que el n¨²mero de v¨ªctimas que barajan en su informe es de varios miles.
?Qu¨¦ har¨¢ ahora el Congreso con el informe y sus propuestas?
El informe del Defensor, que a¨²n debe exponer a los diputados, no es vinculante, solo hace propuestas legislativas y recomendaciones de actuaci¨®n, como crear un fondo estatal de reparaci¨®n o un estatuto de reconocimiento de las v¨ªctimas de abusos en la Iglesia. Aplicarlo o no, dotar de presupuesto a esas medidas o que el estudio se quede en un caj¨®n, ser¨¢ decisi¨®n del Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria que se establezca en esta legislatura, a¨²n incierta.
?El Defensor seguir¨¢ atendiendo a v¨ªctimas y recogiendo sus testimonios?
S¨ª. El Defensor ha informado que seguir¨¢ abierta la unidad de atenci¨®n de las v¨ªctimas, al menos durante un tiempo m¨¢s, sin definir. Gabilondo subray¨® que ¡°si se hacen las cosas bien y se hacen procesos de reparaci¨®n serios¡±, muchas v¨ªctimas no tendr¨¢n la necesidad de acudir a estos canales de contacto para ser atendidas.
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