El Gobierno recurrir¨¢ ante el Constitucional la reforma de Ayuso sobre las leyes trans y contra la LGTBIfobia

El Gobierno de Espa?a va a interponer dos recursos de inconstitucionalidad contra sendas modificaciones legales aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel D¨ªaz Ayuso, tras lograr mayor¨ªa absoluta en las elecciones de mayo de 2023: la de la ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y No Discriminaci¨®n, conocida como ley trans, y la de la ley de Protecci¨®n Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminaci¨®n por raz¨®n de orientaci¨®n e identidad sexual. As¨ª lo ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegr¨ªa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que tambi¨¦n ha informado de que las normas en cuesti¨®n quedar¨¢n paralizadas durante seis meses en el momento en el que el Tribunal Constitucional (TC) admita los recursos, un plazo prorrogable si no hay resoluci¨®n en ese semestre. La iniciativa del Gobierno central, que negoci¨® sin ¨¦xito con el de Madrid para evitar llegar a los tribunales, se suma a la que ya impuls¨® el Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, contra la ley trans, y que el TC admiti¨® a tr¨¢mite el pasado mayo.

Todo arranc¨® en diciembre, cuando el PP de Ayuso aprob¨® en el Parlamento regional las dos reformas, provocando las protestas de la oposici¨®n de izquierdas, que las vio inspiradas en Vox, y la queja de los colectivos LGTBI, que se movilizaron para mostrar su rechazo a unas modificaciones que el Gobierno central considera contrarias a la ley trans nacional.

Se tratar¨ªa de modificaciones ¡°claramente regresivas, que limitan y vulneran los derechos reconocidos¡± en la normativa estatal, ha afirmado este martes Ana Redondo, la ministra de Igualdad, en rueda de prensa. ¡°No puede haber diferencias entre las personas trans de la Comunidad de Madrid y las del resto de Espa?a. Esta ley es un recorte a los derechos de la ley estatal¡±, ha dicho Redondo, que cree que las normativas madrile?as ¡°tendr¨ªan que haber hecho todo lo contrario¡±, es decir, ¡°incorporar, mejorar, ampliar¡± los derechos que ya garantiza la ley nacional patrocinada la pasada legislatura por el gobierno de PSOE y Podemos.

Esa norma supon¨ªa despatologizar a las personas trans eliminando los requisitos m¨¦dicos para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, prohibir las llamadas terapias de conversi¨®n para el colectivo LGTBIQ y retirar requisitos m¨¦dicos como los informes psicol¨®gicos para que las personas trans puedan cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil. Son cuestiones a las que la modificaci¨®n de la ley de Madrid volvi¨® a dar la vuelta, seg¨²n el criterio del ministerio, y que forman parte de la impugnaci¨®n que va a hacer el Gobierno.

As¨ª, el recurso se basa, por un lado, en la excepci¨®n que a juicio del gobierno se hace a la prohibici¨®n absoluta de las terapias de conversi¨®n, al permitir el asesoramiento psicol¨®gico o la evaluaci¨®n psiqui¨¢trica. Por otro, se centra en la patologizaci¨®n que, considera el ministerio, se hace de los menores trans, ¡°al obligarles a someterse a un proceso de acompa?amiento psicol¨®gico o psiqui¨¢trico y a obtener un informe facultativo favorable como condici¨®n para iniciar un tratamiento para su transici¨®n¡±.

Tambi¨¦n se va a recurrir ¡°la discriminaci¨®n¡± que la normativa madrile?a hace con las personas trans frente a las mujeres y ni?as cuando se les permite usar espacios o equipamientos ¡°sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las ni?as y mujeres¡±; a lo que Redondo ha remarcado que garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas. Y por ¨²ltimo, la ¡°invasi¨®n¡± de competencias procesales y administrativas que el Gobierno considera que la norma aprobada por Ayuso hace al excluir a las organizaciones LGTBIQ de la condici¨®n de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una v¨ªctima o persona perjudicada con su permiso expl¨ªcito.

¡°El Gobierno miente al decir que el acompa?amiento de los profesionales es una terapia de conversi¨®n, algo que ya est¨¢ prohibido en la Comunidad de Madrid¡±, ha discrepado Consejera madrile?a de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana D¨¢vila. ¡°Referirse en esos t¨¦rminos a la ayuda profesional en esa transici¨®n es un insulto a los m¨¦dicos y a los psic¨®logos¡±, ha argumentado. ¡°Es necesario facilitar ese acompa?amiento a los menores, en un proceso que es irreversible¡±, ha seguido. Y ha rematado: ¡°El Gobierno de Espa?a no ten¨ªa ninguna intenci¨®n de llegar a un acuerdo¡±. Estos son los principales puntos de fricci¨®n en cada norma.

• Ley de Protecci¨®n Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminaci¨®n por Raz¨®n de Orientaci¨®n e identidad Sexual. El art¨ªculo 14 ¡°patologiza la transexualidad¡±, cree el Ministerio de Igualdad, al establecer que los menores trans solo podr¨¢n iniciar su tratamiento hormonal previo examen de un pediatra, tras ser atendidos ¡°por un profesional de la salud mental¡± (psic¨®logo o psiquiatra), o que necesitar¨¢n un informe m¨¦dico favorable ¡°imprescindible¡± si tienen dos o m¨¢s enfermedades o trastornos mentales al mismo tiempo. Adem¨¢s, el Gobierno central impugna los apartados 15 y 17, en los que se especifican los derechos de utilizaci¨®n de espacios por parte de las personas trans ¡°sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o ni?as¡±. A juicio de Igualdad, esa referencia al uso de espacios comunes en funci¨®n del sexo (en centros de menores, pisos tutelados, residencias de tercera edad¡­) vulnera el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n al menoscabar el principio de igualdad y supone un uso discriminatorio del lenguaje. El Gobierno central tambi¨¦n se?ala que la ley estatal establece una prohibici¨®n expresa de terapias aversivas o de conversi¨®n incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, mientras que la norma madrile?a a?ade la coletilla ¡°sin que el asesoramiento psicol¨®gico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada¡±.
• Ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y No Discriminaci¨®n. El ministerio impugna que niegue a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimaci¨®n para presentarse como acusaci¨®n o representar a v¨ªctimas en procesos penales o administrativos sancionadores. Y recrimina: ¡°Este art¨ªculo vulnera el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ning¨²n procedimiento¡±.

Adem¨¢s de los dos recursos anunciados este martes, hay un tercero ya admitido a tr¨¢mite y firmado por el Defensor del Pueblo, que se centra en un inciso de un art¨ªculo de la ley trans. Ese punto concreto establece la obligatoriedad de que los menores trans que quieren recibir tratamiento hormonal tengan apoyo de profesionales de salud mental infanto-juvenil, y lo mantengan durante todo el proceso. Adem¨¢s, en el caso de que existiera comorbilidad ¨Dpresencia de dos o m¨¢s enfermedades al mismo tiempo en una persona¨D ser¨¢ imprescindible un informe favorable del profesional que est¨¦ tratando al menor en dichas patolog¨ªas.

Ambos requisitos resultan, a juicio del Defensor del Pueblo, ¡°patologizantes y desproporcionados con respecto al bien que se quiere proteger¡±. Se tratar¨ªa de un caso de ¡°sobreprotecci¨®n¡± que supera las competencias del legislador, seg¨²n Gabilondo, pues ya es requisito previo al inicio del tratamiento que un pediatra examine al menor y que el proceso sea autorizado por quienes tengan su tutela, o por un juez.

Batalla judicial

¡°Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud-mental, as¨ª como exigir un informe favorable del m¨¦dico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada¡±, argumenta la oficina del Defensor, que ha actuado a instancias de M¨¢s Madrid (que no cumple con los requisitos para plantear el recurso ante el TC por s¨ª mismo) y de la asociaci¨®n Chrysallis.

De esta manera, el Constitucional se ha convertido en campo de batalla entre el Ejecutivo de Ayuso, el central, y la oposici¨®n de izquierdas. Por ejemplo, Madrid ha recurrido ah¨ª la ley de amnist¨ªa estatal. A eso se suman ahora los dos recursos anunciados por el gobierno central, que podr¨ªa registrar pr¨®ximamente un tercero si fracasa la negociaci¨®n con Madrid por un art¨ªculo de la ley de presupuestos regionales. Adem¨¢s, el tribunal tendr¨¢ que pronunciarse sobre ocho recursos pendientes de resoluci¨®n o admisi¨®n que han sido interpuestos en los ¨²ltimos a?os por la oposici¨®n contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea regional.

Al recurso ya admitido a tr¨¢mite del Defensor se unen los del PSOE contra la ley ¨®mnibus (que ha permitido a Ayuso controlar Telemadrid, la C¨¢mara de Cuentas y el Consejo de Transparencia), la reforma de la norma que regula la televisi¨®n y radio auton¨®micas, y la aprobaci¨®n de la ley del suelo, que se produjo, a su juicio, cuando no hab¨ªa los diputados suficientes.

Por su parte, M¨¢s Madrid patrocina otros dos recursos de amparo contra la inadmisi¨®n de preguntas y la falta de quorum en la votaci¨®n de la ley del suelo. Y Podemos tiene registrados dos, uno contra la ley Uber y otro de amparo por la del suelo.