El due?o de Workcenter acusa a Business Software Alliance de chantaje

Alfonso de Senillosa, presidente y fundador de Workcenter Servicios Globales de Documentaci¨®n, una cadena de establecimientos de acceso a Internet y servicios ofim¨¢ticos en toda Espa?a, ha declarado haber recibido presiones por parte de la Business Software Alliance (BSA) en lo que considera como "una especie de chantaje" por parte de esta uni¨®n de multinacionales del software dedicada a la persecuci¨®n de la pirater¨ªa inform¨¢tica.

Seg¨²n el presidente de Workcenter, los abogados de la BSA habr¨ªan intentado llegar a un acuerdo econ¨®mico con su compa?¨ªa, bajo la amenaza de acudir a la prensa. El acuerdo no fructific¨® y el pasado 28 de julio la BSA emiti¨® una nota de prensa en la que informaba de un registro policial en las sucursales de Workcenter. Este registro se produjo hace m¨¢s de ocho meses.

Seg¨²n Senillosa, la BSA envi¨® durante 2002 varias cartas a Workcenter en las que solicitaba la identificaci¨®n de los programas utilizados en las sucursales de esta compa?¨ªa. El presidente se neg¨® a contestar estas misivas por considerar que todos sus programas ten¨ªan licencia y que la BSA no ostentaba legitimidad alguna para preguntarles por su software. Poco despu¨¦s, y siempre seg¨²n el presidente de esta empresa, recibi¨® una respuesta de la BSA en la que instaba a Workcenter a adquirir una licencia por cada uno de los ordenadores en los que estuvieran instalados los programas presuntamente ilegales. De lo contrario, la organizaci¨®n amenaz¨® con iniciar las acciones judiciales oportunas.

Un par de meses despu¨¦s de la ¨²ltima carta, la polic¨ªa entr¨® en once establecimientos de Workcenter de toda Espa?a acompa?ada de peritos que efectuaron un registro en los ordenadores de esta empresa. El registro, consecuencia de una denuncia presentada por la BSA contra Workcenter por un presunto delito contra la Propiedad Intelectual, se produjo el 4 diciembre -extremo confirmado por Workcenter y la propia BSA- y no tuvo repercusi¨®n en los medios de comunicaci¨®n espa?oles.

Registro fantasma

Pero el pasado 28 de julio, casi nueve meses despu¨¦s de esta intervenci¨®n policial, la Business Software Alliance emiti¨® un comunicado de prensa en el que indicaba que "la Brigada de Investigaci¨®n Tecnol¨®gica del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha efectuado registros en once de los establecimientos que la compa?¨ªa Workcenter Servicios Globales de Documentaci¨®n S.A. tiene abiertos en Espa?a, por presuntos delitos contra la propiedad intelectual del software". En dicha nota, BSA no especificaba la fecha en que se produjo este registro.

ELPAIS.es se puso en contacto con los ocho establecimientos que Workcenter tiene en la Comunidad de Madrid, en tres de los cuales -seg¨²n el comunicado- se hab¨ªa efectuado un registro por parte de la polic¨ªa. Ning¨²n responsable de estos centros sab¨ªa nada sobre un registro realizado el 28 de julio, ni en los ¨²ltimos d¨ªas, extremo que tambi¨¦n fue confirmado por un portavoz de la Direcci¨®n General de Polic¨ªa. No obstante, el comunicado de BSA fue difundido por diversos medios de comunicaci¨®n, que publicaron la noticia sobre el registro como si se hubiera producido recientemente.

Acuerdo extrajudicial

Responsables de la BSA y Workcenter se reunieron en varias ocasiones, despu¨¦s del 4 de diciembre, para llegar a un acuerdo que evitara el proceso judicial. La oferta de la uni¨®n de multinacionales de software consist¨ªa en que Workcenter se comprometiera a comprarle tantas licencias como ordenadores hubiese en las sucursales. Esta oferta, elaborada por la propia BSA, contemplaba la adquisici¨®n de licencias en una cuant¨ªa aproximada de 60.000 euros (10.000.000 de pesetas). Workcenter se neg¨®.

Por su parte, Alfonso de Senillosa emiti¨® un comunicado el pasado 29 de julio en nombre de su compa?¨ªa en el que aseguraba que sus centros tienen todas "las licencias preceptivas" y denunciando una extorsi¨®n encubierta por parte de la BSA. "En el transcurso de los ¨²ltimos ocho meses", dice el comunicado de Senillosa, "representantes de la BSA han tratado en tres ocasiones de llegar a un acuerdo econ¨®mico (...) A cambio de esto, nos indicaron que no acudir¨ªan a la prensa". El comunicado asegura tambi¨¦n que los abogados de la uni¨®n de multinacionales se han dirigido a algunos medios de comunicaci¨®n "prejuzgando unos hechos y tratando de mostrarlos como si fueran actuales".

"Datos aut¨¦nticos"

Este diario ha intentado sin ¨¦xito ponerse en contacto con alg¨²n responsable de BSA para que aclar¨¦ por qu¨¦ esta organizaci¨®n emiti¨® la nota de prensa del registro ocho meses despu¨¦s de que sucediera, y confirme o desmienta las acusaciones del presidente de Workcenter. La uni¨®n de multinacionales se ha limitado a emitir un escueto comunicado en el que corrobora "la autenticidad de los datos emitidos en la nota de prensa emitida el 28 de julio".

La nota asegura que "En el momento en el que se llev¨® a cabo el registro se detectaron programas de ordenador, presuntamente reproducidos sin la licencia de uso correspondiente". "En el caso de confirmarse la presunta situaci¨®n irregular", sigue el texto, "las compa?¨ªas perjudicadas tendr¨ªan derecho a ser indemnizadas por el importe establecido en la sentencia".

Sin orden judicial

Por su parte, Carlos Teixidor, abogado de Workcenter, ha declarado a ELPAIS.es que "el asunto lleva bloqueado desde que la polic¨ªa entr¨® sin orden judicial en las sucursales de Workcenter". El letrado asegura que cuando la BSA solicit¨® la intervenci¨®n policial, "el juez no la autoriz¨® porque el fiscal consider¨® que era una medida desproporcionada". Sin embargo, la redada se produjo, y Teixidor, quien ha calificado la actitud de BSA como "un modo de coacci¨®n", se pregunta por los motivos de esta conducta: "?Por qu¨¦ la polic¨ªa interviene motu proprio? Tienen que explicar qu¨¦ forma de actuar es ¨¦sta".

El abogado de Workcenter precis¨® que desde el instante en que comenz¨® la redada se decret¨® un secreto de sumario que no se levant¨® hasta 45 d¨ªas despu¨¦s. "Pasado este tiempo, el juez se inhibi¨® del caso alegando que le correspond¨ªa a un magistrado de Alcobendas", dice Teixidor, "Estos motivos [el secreto de sumario y la inhibici¨®n del juez] han provocado que el asunto se encuentre paralizado".