El Gobierno tendr¨¢ que fijar la cuant¨ªa del canon digital y los soportes a los que afecta
La industria tecnol¨®gica y las entidades de derechos no han alcanzado un acuerdo sobre cu¨¢nto se deber¨¢ pagar a los autores por usar los soportes de grabaci¨®n que contempla la ley de propiedad intelectual
Varios meses de negociaci¨®n no han sido suficientes para poner de acuerdo a las empresas tecnol¨®gicas y a las entidades que gestionan el cobro de los derechos de autor, que deb¨ªan consensuar la cuant¨ªa y los soportes de grabaci¨®n a los que se aplicar¨¢ el canon, la tasa que de acuerdo con la nueva ley de Propiedad Intelectual gravar¨¢ el precio de los soportes digitales de grabaci¨®n. Los ministerios de Industria y Cultura ser¨¢n los responsables de fijar el sistema de imposici¨®n de esa tasa en un plazo de tres meses.
El director de la Asociaci¨®n Multisectorial de Empresas Espa?olas de Electr¨®nica y Comunicaciones (ASIMELEC), Jos¨¦ P¨¦rez, ha confirmado que el sector de las nuevas tecnolog¨ªas y las ocho entidades de gesti¨®n de derechos de autor no han logrado alcanzar un acuerdo. "Lamentablemente no hemos llegado ni a un acuerdo total ni parcial" a pesar de que "no hemos escatimado esfuerzos en tiempo y dedicaci¨®n", ha se?alado.
En un comunicado de prensa, la Asociaci¨®n de Compositores y Autores de M¨²sica (ACAM) anim¨® al Ministerio de Cultura y al de Industria y, tambi¨¦n, al Gobierno, a que act¨²en "sin complejos y que apliquen lo que dice la Ley sobre" el canon digital, que a su juicio, implica que los reproductores de MP3 y tel¨¦fonos m¨®viles, entre otros dispositivos, deben estar sujetos a satisfacer la compensaci¨®n por copia privada.
El di¨¢logo comenz¨® el pasado 11 de septiembre por mandato de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece un sistema de negociaci¨®n entre la industria (fabricantes y distribuidores de equipos) y las entidades de gesti¨®n de los derechos de autor para acordar el listado de aparatos que deben estar sujetos al pago de la "compensaci¨®n por copia privada", as¨ª como las cantidades de cada caso.
Ahora tendr¨¢n que ser los departamentos dirigidos por Joan Clos y Carmen Calvo los que decidan, a trav¨¦s de una orden ministerial conjunta que deber¨¢n publicar antes de que termine marzo, la relaci¨®n de equipos, aparatos y soportes digitales y las cantidades aplicables a cada uno de ellos en concepto de compensaci¨®n por copia privada. Esta norma debe renovarse cada dos a?os y antes de emitirla el Ejecutivo debe consultar al Consejo de Consumidores y Usuarios, y realizar un informe previo del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda.
La negociaci¨®n no est¨¢ muerta
El acuerdo entre las compa?¨ªas tecnol¨®gicas y las gestoras de derechos es complicado, pues las posiciones de ambas partes durante la negociaci¨®n han sido muy distantes, y algunas declaraciones revelan que hay incluso diferencias en el seno de cada una de ellas. Antonio Guisasola, presidente de PROMUSICAE (Productores de M¨²sica de Espa?a), ha explicado por ejemplo que la entidad a la que representa ha apostado m¨¢s por las tecnolog¨ªas DRM, que restringen lo que el comprador de la m¨²sica puede hacer con ella (limitando el n¨²mero de copias o los reproductores en los que se puede escuchar), que por la defensa “del derecho de copia privada”. "Parec¨ªa que pod¨ªa haber un acuerdo cercano respecto a los c¨¢nones a pagar pero al final no ha sido posible avanzar”, ha se?alado.
Este y otros representantes del sector no descartan en todo caso que pueda producirse un acuerdo antes de que el Gobierno tome una decisi¨®n. “Quedan tres meses para que se pronuncie aunque si les llegara un acuerdo ratificado por todas las partes, entiendo que lo asumir¨ªa", se?ala Guisasola. Todas las partes se han emplazado para verse despu¨¦s de Navidad y "tratar de reconducir el asunto". "Se ha consumido el primer plazo pero tampoco est¨¢ el proceso finiquitado del todo, no est¨¢ muerto".
Tambi¨¦n, ha confirmado a Europa Press que las negociaciones continuar¨¢n a principios de enero. "Siempre es m¨¢s f¨¢cil el cumplimiento si lo has pactado que si te lo imponen, l¨®gicamente. “Es mejor un mal acuerdo que una buena orden ministerial", ha declarado Abel Mart¨ªn, director general de AISGE (Artistas, Int¨¦rpretes, Sociedad de gesti¨®n de Espa?a).
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