Control y explotaci¨®n de contenidos digitales en Internet

La justa remuneraci¨®n de los derechos de autor forma parte de una tradici¨®n institucional -la propiedad privada-, que siendo un factor explicativo de los mejores logros de nuestra civilizaci¨®n junto con la creatividad humana aplicada a la innovaci¨®n tecnol¨®gica, hoy est¨¢ fuera de toda discusi¨®n. La tecnolog¨ªa electr¨®nica digital e Internet est¨¢n poniendo en cuesti¨®n, sin embargo, los antiguos modelos de gesti¨®n de los derechos de propiedad de contenidos digitalizables, sin que hasta ahora exista una alternativa paradigm¨¢tica a los de la pret¨¦rita era industrial.

Las oportunidades para compartir contenidos digitales, tanto legales como ilegales, han proliferado en los ¨²ltimos diez a?os. Cuando apareci¨® Napster, la mayor¨ªa del material pirateable era m¨²sica, algunos videos y software. Hoy d¨ªa, este problema ya no se focaliza en alguno sino en todos los bienes y servicios susceptibles de digitalizarse, usando como intermediaci¨®n Internet.

Desde hace a?os, los proveedores de contenidos vienen aplicando remedios tecnol¨®gicos -DRMs, etc.- con el fin de proteger sus derechos. Al final, el ¨¦xito no est¨¢ siendo el esperado bien por unas razones u otras.

En un plano alternativo, y m¨¢s recientemente, algunos gobiernos est¨¢n llevando a cabo movimientos para intentar encontrar soluci¨®n a la pirater¨ªa digital, bien desde el marco legal o mediante el impulso de plataformas para que las partes afectadas (propietarios de contenidos, tenedores de derechos y proveedores de acceso a Internet) adopten medidas consensuadas que resuelvan el problema.

Un caso paradigm¨¢tico es el de Francia. El Senado franc¨¦s acaba de aprobar en primera lectura un proyecto de Ley para favorecer la difusi¨®n y protecci¨®n de la creaci¨®n en Internet, sin ning¨²n voto en contra. Este proyecto es el resultado de un acuerdo firmado en el Palacio del El¨ªseo por m¨¢s de 40 empresas y organizaciones representativas del mundo del cine, la m¨²sica y el sector audiovisual junto a los proveedores de acceso a Internet.

El caso franc¨¦s

La futura Ley, si finalmente pasa todas las fases legislativas, contempla una autoridad administrativa independiente, denominada "Alta Autoridad para la difusi¨®n de las obras y la protecci¨®n de los derechos en Internet", encargada de prevenir y sancionar la pirater¨ªa. En una primera etapa, la Alta Autoridad enviar¨¢ a los piratas mensajes de advertencia por correo electr¨®nico y, despu¨¦s, si hay reincidencia, una carta certificada con el fin de garantizar que el interesado tiene constancia del comportamiento que se le reprocha. A continuaci¨®n, la Alta Autoridad podr¨¢ decidir, bajo control judicial, una sanci¨®n adaptada a las caracter¨ªsticas del comportamiento con el que se desea acabar: la interrupci¨®n temporal del abono a Internet (en caso de Dual o Triple Play, se seguir¨¢ permitiendo el acceso al servicio telef¨®nico y al de TV), acompa?ada de la prohibici¨®n de volver a abonarse durante el mismo periodo. Con el fin de garantizar que se respetan las medidas de suspensi¨®n establecidas, los proveedores de acceso a Internet deber¨¢n comprobar, en el momento de firmar cualquier nuevo contrato, que el contratante no figura en un repertorio de personas cuyo abono ha sido suspendido, gestionado por la Alta Autoridad. ?sta podr¨¢ imponer sanciones pecuniarias a los proveedores de acceso a Internet que no realicen dicha comprobaci¨®n o que no apliquen las medidas de suspensi¨®n.

Pa¨ªses, como Reino Unido, Canad¨¢ o Jap¨®n, ya han iniciado un proceso de negociaci¨®n similar, dirigido por los poderes p¨²blicos, en el que ¨¦stos ¨²ltimos s¨®lo intervendr¨¢n si es necesario.

En Estados Unidos, s¨®lo se regula el acceso a contenidos legales por Internet, no el de los ilegales. Y las gestoras de derechos est¨¢n presionando a las entidades gubernamentales (entre ellas, al regulador federal norteamericano FCC) para que se otorguen poderes a los proveedores de acceso a Internet con el fin de "controlar" a los piratas.

En todos ellos, la forma de recoger evidencias de violaci¨®n de derechos de propiedad intelectual es mediante la identificaci¨®n de la direcci¨®n IP de la sesi¨®n del individuo. Independientemente del tipo de IP que tenga el individuo, la ¨²nica entidad que podr¨ªa saber a qui¨¦n corresponde esa IP a una hora determinada es el proveedor de acceso a Internet.

Estamos lejos de dar con la panacea universal

Por tanto, vistas las propuestas de los diferentes pa¨ªses mencionados, en donde se dan cita soluciones de regulaci¨®n, corregulaci¨®n y autorregulaci¨®n, podr¨ªamos concluir que el tema en cuesti¨®n plantea dificultades arduas e indefinidas posibilidades de ¨¦xito; es decir, estamos lejos de dar con la panacea universal que haga frente al problema.

Aunque, como hemos visto, existe una generalizada tendencia hacia acuerdos voluntarios entre propietarios de contenidos y operadores de redes, al final, los acuerdos, para que sean realmente efectivos tienen que pasar por los jueces; ya que la controversia entre los derechos de propiedad y la libertad de comunicaci¨®n s¨®lo puede ser resuelta, caso por caso, por el poder judicial en un Estado del Derecho.

Adem¨¢s de la necesaria mediaci¨®n judicial, deben tomarse en consideraci¨®n los costes -y quien deber¨¢ pagarlos- de las diversas intervenciones, que pueden ser considerables, y m¨¢s a¨²n en presencia del casi "gratis total" al que se han acostumbrado los usuarios de Internet.

Con independencia de los ¨¦xitos que puedan lograrse para limitar la pirater¨ªa en la Red, todo parece indicar que la explotaci¨®n de contenidos tendr¨¢ que encontrar modos alternativos a los utilizados hasta hoy. En este sentido, llama la atenci¨®n el debate abierto hace ya tiempo en los m¨¢s diversos foros intelectuales de EE UU acerca de las nuevas maneras de explotar los contenidos de la era Internet, mientras que aqu¨ª y en Europa solo parece que estemos preocupados por regresar a un pasado de imposible futuro.

Jes¨²s Banegas N¨²?ez es presidente de la Asociaci¨®n Empresas de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n y Comunicaciones de Espa?a (AETIC)