Los peligros de la tecnolog¨ªa

Tras los atentados del 11-S, el mundo ha cambiado para mal. Poco a poco se nos quitan las libertades. Cobra vigor ahora la frase que, desde EE. UU, hizo Benjamin Franklin, art¨ªfice de la Declaraci¨®n de Independencia y padre de la Constituci¨®n: "Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad". Nada m¨¢s producirse los atentados del 11-S se promulg¨® la Patriot Act, que ha supuesto restricciones a las libertades civiles, tanto all¨ª como, por extensi¨®n, en todo el Mundo. Afortunadamente, esas restricciones ahora est¨¢n sometidas a revisi¨®n por parte del presidente Barack Obama.

La era Bush nos ha tra¨ªdo la sociedad de la vigilancia, control de las comunicaciones, trazas, biometr¨ªa, localizaci¨®n, seguimientos mediante control electr¨®nico... Son realidades efectivas, aunque no tangibles. En parte, resulta esencial para facilitar los servicios que necesitamos, pero tambi¨¦n resulta cuestionable, y puede resultar injustificable y opresiva. De hecho, la mayor¨ªa de la gente no sabe lo que significa, y la percibe como una historia de ciencia ficci¨®n y no de la vida cotidiana.

En Europa, la arrogancia de Bush y Tony Blair impusieron la nueva filosof¨ªa y la Uni¨®n Europea aprob¨® la controvertida Directiva 2006/24/CE, que incorpora aspectos b¨¢sicos de la Patriot Act al imponer a las compa?¨ªas de telecomunicaciones la obligaci¨®n de conservar por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telef¨®nicas, incluida informaci¨®n sobre la ubicaci¨®n, y de Internet. La finalidad de esa directiva es trasponerla a los ordenamientos jur¨ªdicos de los distintos Estados miembros y as¨ª vencer la resistencia de los Parlamentos nacionales. Espa?a fue de los primeros Estados en incorporarla mediante la Ley sobre Conservaci¨®n de datos de las Comunicaciones Electr¨®nicas de 18 de octubre de 2007. Fue aprobada sin pol¨¦mica, y sin que ninguna explicaci¨®n haya sido facilitada a los ciudadanos, gracias a que el Gobierno supo desviar la atenci¨®n de los medios evitando que se hicieran preguntas.

La poca informaci¨®n trasmitida ha sido interesada y sesgada. Interesada porque pretend¨ªa fomentar la identificaci¨®n de los titulares de las tarjetas prepago ante las respectivas compa?¨ªas, y sesgada porque casi nada se ha hablado del contenido y la finalidad de la ley.

La primera cuesti¨®n tiene implicaciones econ¨®micas ya que en noviembre de 2009 vence el plazo para cumplir con el requerimiento legal y las operadoras deber¨¢n dar de baja a las l¨ªneas no identificadas. Hasta el momento s¨®lo se han identificado un 20%, lo que supone una importante disminuci¨®n de los ingresos; sin embargo, la nueva ley origina nuevos gastos derivados del mantenimiento de los equipos de interceptaci¨®n y de almacenamiento de datos, a lo que se tiene que a?adir el nuevo canon sobre el ADSL.

La necesidad de la identificaci¨®n se ha justificado en la lucha contra el terrorismo ya que las bombas del 11-M fueron detonadas mediante m¨®viles con tarjeta prepago. Pero los veh¨ªculos desde siempre han estado identificados con placas de matricula y eso no ha supuesto ning¨²n obst¨¢culo para que ETA cometa sanguinarios atentados como est¨¢ demostrando.

En segundo lugar, se ha encubierto el objetivo pretendido: que no es m¨¢s que el almacenamiento de los datos de las comunicaciones, tanto de telefon¨ªa fija, m¨®vil, telefon¨ªa por Internet e Internet, necesarios para rastrear e identificar el origen de la comunicaci¨®n y su destino, lo que incluye los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios, la fecha, hora y duraci¨®n de una comunicaci¨®n. Y los necesarios para identificar la localizaci¨®n del m¨®vil tanto de la parte que efect¨²a la llamada, como de quien la recibe. Tambi¨¦n las conexiones a Internet son controladas y catalogadas.

Toda esta acumulaci¨®n de datos se produce sin que el ciudadano haya cometido ning¨²n delito, ni de motivo alguno para ser tratado como sospechoso. Muchas personas pueden sentirse observadas, y aunque es preceptiva la autorizaci¨®n judicial para la entrega de los datos, no est¨¢ previsto un control judicial efectivo en relaci¨®n con el procedimiento de entrega de la informaci¨®n, ni con la utilizaci¨®n posterior, ni est¨¢ prevista la destrucci¨®n o anonimato de los datos cuando no sean necesarios, ni se impide su cesi¨®n a terceros. Por otra parte, no son organismos estatales, sino compa?¨ªas privadas de telefon¨ªa las encargadas de interceptar y custodiar los datos. Existe un riesgo de abuso y fuga de datos. ??Quis custodiet ipsos custodies?? (?Qui¨¦n guarda a los guardias?)

Ya hemos dicho (Ciudadanos de cristal. EL PA?S 12-11-2007) que pocos van a discutir que el Estado utilice la tecnolog¨ªa para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democr¨¢tico exige transparencia y que las medidas a utilizar sean respetuosas con el r¨¦gimen de garant¨ªas. Nos estamos adentrando en un modelo de sociedad en el que la desconfianza sustituye a la libertad (se vigila a aquellos de quienes se desconf¨ªa), integrada por usuarios y consumidores que a su vez suplantan a quien ha sido alma y fundamento del paradigma de la Ilustraci¨®n: El ciudadano.