"El Gobierno impone una comisi¨®n antipirater¨ªa que est¨¢ por encima del Poder Judicial"
Grupos de internautas lanzan una campa?a contra la 'ley antidescargas' y publican un manifiesto en favor de una red 'SOStenible'
Los internautas contrarios al anexo de la Ley de Econom¨ªa Sostenible que permitir¨¢ cerrar webs de descargas tras un tr¨¢mite administrativo y judicial han abierto un sitio, redSOStenible, a trav¨¦s del cual plantean organizar la protesta contra esta iniciativa del Gobierno. Esta ma?ana se ha presentado p¨²blicamente con el respaldo, entre otras entidades, de la Asociaci¨®n de Usuarios de Internet y la Asociaci¨®n de Internautas (AI) as¨ª como de conocidos blogueros, periodistas, empresarios y activistas de la Red. V¨ªctor Domingo, de la AI ha afirmado: "No podemos permitir que el Gobierno nos imponga una comisi¨®n antipirater¨ªa que est¨¢ por encima del Poder Judicial". El colectivo critic¨® la creaci¨®n de la Propiedad Intelectual, un organismo administrativo que iniciar¨¢ los procesos contra las webs que no funcionen de acuerdo a la ley, aunque ser¨¢ un juez de la Audiencia Nacional quien decida. Hasta ahora, s¨®lo un juez pod¨ªa cerrar un medio. Una de sus principales quejas es que el papel del magistrado es "maquillaje, ya que el juez no entra a analizar el fondo del asunto".
Los miembros del colectivo criticaron duramente la base jur¨ªdica del texto, que "afecta a derechos fundamentales y crea indefensi¨®n jur¨ªdica", seg¨²n el abogado Javier Maestre. Empresarios como Javier Sanz o Alberto Barrionuevo recordaron que "En Internet se crea empleo". Daniel V¨¢zquez, de activistas.com, y otros portavoces anunciaron medidas de "desobediencia civil masiva". En la p¨¢gina web www.lalistadesinde.org cualquiera puede conseguir que su web se convierta en un espacio de "de intercambio, de copia", por lo que ser¨¢ susceptible de ser cerrada. V¨¢zquez dio un aviso. "Ya hay unas 800 webs adscritas. Ayer se public¨® que se est¨¢ pensando actuar contra algunas de estas p¨¢ginas... pero no permitiremos que ataquen s¨®lo a las cinco o seis m¨¢s d¨¦biles. Si van a por una, responderemos todas", informa Ricardo Grande.
"Esta no es una ley contra las violaciones de la propiedad intelectual, es una ley contra los derechos civiles. La forma en que se ha redactado podr¨ªa permitir que, en el futuro, cualquier p¨¢gina cr¨ªtica con el Gobierno de turno pudiera ser cerrada por contener un enlace a YouTube", ha dicho el periodista Fernando Berl¨ªn, uno de los promotores de esta campa?a. "Este no es un problema de autores, la mayor parte de los que estamos en esta mesa somos autores. Nosotros estamos a favor de que un creador pueda vivir de su obra, el problema es que no se puede obtener beneficios coo hasta ahora". La activista Montserrat Boix quiso dejar claro que no el colectivo no se considera "pirata". "No tenemos por qu¨¦ asumir ning¨²n titular en el que se nos vincule a la pirater¨ªa".
La web presentada hoy ya adelanta que distintos actos con motivo de la presidencia espa?ola de la Uni¨®n Europea, como el II Congreso de Econom¨ªa de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), la Reuni¨®n Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reuni¨®n de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada) est¨¢n en la agenda de la campa?a bajo el lema Internet no ser¨¢ otra tele. Los miembros del colectivo no consideran que esto sea boicotear la presidencia europea, que asume Espa?a. "Han sido ellos los que han querido vincular este asunto a la presidencia", apuntaron.
Los convocantes exigen la retirada del citado anexo por considerar que viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democr¨¢tico. Afirma que es inadmisible generar en Internet un "estado de excepci¨®n" en el que la ciudadan¨ªa ser¨¢ tratada por una instancia judicial, la Audiencia Nacional, reservada a "terroristas y narcotraficantes". El manifiesto asegura que se establece un procedimiento punitivo a la carta para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no eran delito. Preocupa que se introduzca el concepto de "lucro indirecto". Hasta ahora, varias decisiones judiciales han exigido el ¨¢nimo de lucro para condenar las p¨¢ginas que ofrec¨ªan enlaces a descargas, no considerando ¨¢nimo de lucro el hecho de incorporar publicidad en las mismas sino la obtenci¨®n directa de beneficios por la comercializaci¨®n del acceso a los enlaces. El manifiesto recuerda que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental.
El texto considera que la legislaci¨®n actual ya da herramientas suficientes para actuar contra las webs que incumplan la legalidad. La web respalda el El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por m¨¢s de 200.000 personas y reconoce como referencia para el desarrollo digital la Carta para la innovaci¨®n, la creatividad y el acceso al conocimientoque defiende el derecho de los artistas a vivir de su trabajo,la existencia de una red libre y se opone al canon digital.
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