As¨ª se cierra una 'web' de descargas

Las p¨¢ginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorizaci¨®n no ser¨¢n penalizadas con ninguna sanci¨®n. Esta es una de las garant¨ªas que se quiere otorgar a las webs en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.

El Ejecutivo confirm¨® ayer que el Consejo de Ministros del pr¨®ximo viernes, d¨ªa 8, estudiar¨¢ la f¨®rmula que desarrollar¨¢ la normativa "antipirater¨ªa" contenida en la disposici¨®n final de la Ley de Econom¨ªa Sostenible. El procedimiento a seguir combina un proceso de autorizaci¨®n judicial muy r¨¢pido para el cierre de webs denunciadas -menos de un mes, incluso 24 horas- con otro proceso administrativo previo, m¨¢s garantista, en el que los responsables de las p¨¢ginas podr¨¢n hacer alegaciones, proceso ¨¦ste que puede prolongarse hasta tres meses.

Quienes retiren contenidos "il¨ªcitos" voluntariamente no tendr¨¢n sanci¨®n

El Consejo de Ministros abordar¨¢ la reforma el pr¨®ximo viernes

En todo el procedimiento, el ¨®rgano clave ser¨¢ la futura Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Ella ser¨¢ la encargada de presentar la petici¨®n de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados.

El proceso para el bloqueo de una web se iniciar¨¢ precisamente cuando estos propietarios de derechos -una productora cinematogr¨¢fica, una discogr¨¢fica o el mismo autor de una canci¨®n- denuncien ante la Comisi¨®n a la p¨¢gina que presuntamente est¨¢ comercializando, almacenando o enlazando sin autorizaci¨®n un archivo suyo, ya sea una pel¨ªcula, un ¨¢lbum musical o un videojuego. La Comisi¨®n entonces estudiar¨¢ el caso y comprobar¨¢ si se est¨¢n infringiendo esos derechos. Acto seguido notificar¨¢ a la web la denuncia y se abrir¨¢ un periodo de alegaciones para los responsables de la p¨¢gina. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisi¨®n entiende que no son suficientes, notificar¨¢ oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que est¨¢ haciendo un uso il¨ªcito y le dar¨¢ un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo.

Si no hay rectificaci¨®n, entonces -y s¨®lo entonces- la Comisi¨®n podr¨¢ solicitar ante el juez medidas cautelares que consistir¨¢n en "la interrupci¨®n de la prestaci¨®n de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos" en el caso de p¨¢ginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido il¨ªcito que deber¨¢n llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet (Telef¨®nica, Vodafone, Orange, Ono, Jazztel, etc¨¦tera).

El juez no entra en el fondo del asunto, sino que s¨®lo decide si la Comisi¨®n es pertinente para pedir el cierre de la web en cuesti¨®n, y si con ¨¦sta no se vulnera alg¨²n derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la informaci¨®n o a la libertad de expresi¨®n. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducir¨¢n al m¨ªnimo. Desde que la Comisi¨®n lleve al juez el caso hasta que ¨¦ste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrir¨¢n d¨ªas, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podr¨¢n dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

La salom¨®nica f¨®rmula elegida por el Gobierno intenta contentar a todas las partes. A la industria cultural -representada por la llamada Coalici¨®n de Creadores-, ofreci¨¦ndole como reclamaba un procedimiento r¨¢pido para impedir las descargas no autorizadas; y a la comunidad internauta, introduciendo la autorizaci¨®n judicial previa. De paso, har¨ªa realidad la promesa del presidente, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero de que "no se cerrar¨¢ ninguna web sin decisi¨®n judicial".

El primer problema que plantea esta soluci¨®n es el procedimiento. El Ejecutivo entiende que no es preciso modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposici¨®n final de la Ley de Econom¨ªa Sostenible, en el que se fijen los plazos definitivos y la composici¨®n y funciones de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual.

?sta es una de las principales dudas que plantea el proyecto entre juristas y expertos de Internet. "No es suficiente con que las garant¨ªas para las webs vayan en un reglamento; deben constar en una ley, en este caso, en la Ley de Econom¨ªa Sostenible. Los reglamentos no pasan por el Parlamento. Adem¨¢s, ?qui¨¦n dice que ese reglamento no va a ser modificado por el Gobierno en un tiempo y van a desaparecer las garant¨ªas de tutela judicial?", se?ala Julio Alonso, director general de Weblogs.