Vigilar y castigar en la era digital

El pulso entre el FBI y Apple por la tecnolog¨ªa de encriptaci¨®n integrada en los iPhone es la cara m¨¢s visible ¡ªy reciente¡ª de una lucha en la que est¨¢n en juego no solo el acceso a un terminal y los datos que contiene, sino las libertades individuales y los derechos civiles de millones de personas. Es, tambi¨¦n, la punta del iceberg de una disputa mucho m¨¢s importante y trascendental que nada tiene que ver con la novedad y el lustre del ¨²ltimo cacharro tecnol¨®gico aparecido en el mercado ¡ªcomo en momentos lo hace parecer la cobertura medi¨¢tica¡ª, sino con la estructura misma y de los fundamentos pol¨ªticos de las democracias liberales.

Las dos posturas en el pulso se resumen en esto: o bien se trata de un caso rutinario en el que un juez solicita la colaboraci¨®n de una empresa privada en una investigaci¨®n criminal (la versi¨®n abreviada del FBI), o, por contrario, de una intrusi¨®n m¨¢s por parte del Gobierno en los asuntos de una empresa privada (la versi¨®n de buena parte de Silicon Valley y de la prensa tecnol¨®gica apologista).

Sin embargo, en el centro de la controversia ¡ªque tiene alcances que van mucho m¨¢s all¨¢ de Estados Unidos¡ª existe una intensa disputa por redefinir el marco legal de la relaci¨®n entre el Gobierno, las agencias de seguridad del Estado y los nuevos usos sociales de la tecnolog¨ªa ¡ªen el sentido m¨¢s amplio de la palabra: desde las llamadas y mensajes de tel¨¦fonos m¨®viles y la informaci¨®n almacenada en ellos, hasta los extensos contratos que firmamos casi a diario al aceptar los t¨¦rminos de uso de los servicios digitales que gobiernan los datos que generamos¡ª. Aunque Apple ya hab¨ªa recibido este tipo de solicitudes en el pasado, el alcance e implicaciones de esta petici¨®n en particular oblig¨® a la empresa a hacer p¨²blica la disputa para intentar ganarse el favor ¡ªo al menos la comprensi¨®n¡ª de los cientos de millones de personas que compran sus dispositivos.

En resumen, la solicitud del FBI pide a Apple que cree una versi¨®n especial de su sistema operativo para acceder a los datos de un tel¨¦fono cifrado que utiliz¨® uno de los atacantes de la matanza de San Bernardino (EE?UU) en diciembre pasado. El riesgo, como lo entendi¨® bien el abogado y acad¨¦mico especializado en propiedad intelectual Lawrence Lessig hace ya casi 20 a?os, es que, al final, "code is law" (c¨®digo es ley). Es decir, la arquitectura y reglas del c¨®digo ¡ª?en el sentido inform¨¢tico¡ª que se utilizan para programar nuestros dispositivos digitales establecen, de facto, las reglas sociales del juego; una especie de legislaci¨®n paralela que rige m¨²ltiples aspectos de nuestras vidas digitales.

Y ello, al margen de si legislamos formalmente sobre ellas o no; de si las sometemos a alg¨²n tipo de proceso democr¨¢tico o la dejamos en manos de empresas privadas ¡ªuna de las grandes contradicciones de la democratizaci¨®n de la tecnolog¨ªa¡ª.

As¨ª, lo que a primera vista parece un requerimiento judicial habitual es, en realidad, un intento de establecer nuevas reglas y ensanchar el alcance de las agencias de seguridad. Un intento, por la puerta trasera, de extender el alcance de los instrumentos de vigilancia del Estado que el propio Congreso estadounidense rechaz¨® el martes pasado al escuchar las explicaciones de Apple y el FBI. Yochai Benkler, otro experto en el tema de la Universidad de Harvard, se posicion¨® a favor de Apple explicando que el fondo del asunto no es la falsa dicotom¨ªa entre privacidad y seguridad. El problema, en realidad, tiene mucho m¨¢s que ver con la deriva de las instituciones a partir del caso Snowden ¡ªy, en cierto modo, ya desde el 11-S¡ª a extralimitarse y atribuirse nuevos poderes sin mecanismos de control democr¨¢ticos, justificando su postura dentro de la l¨®gica incontestable de la seguridad del Estado.

Con la predominancia de Silicon Valley, Europa tiene poco que pueda hacer para nivelar su posici¨®n de juego

Esta misma semana, las autoridades brasile?as detuvieron en S?o Paulo a un directivo de Facebook porque WhatsApp (la compa?¨ªa de mensajer¨ªa que pertenece a Facebook pero que no est¨¢ integrada en la misma empresa) no les proporcion¨® informaci¨®n sobre uno de sus usuarios. WhatsApp alega que se trata de informaci¨®n cifrada a la que no tiene acceso. Las autoridades brasile?as realizaron el arresto gracias a un vac¨ªo legal, porque ni existen definiciones claras sobre los l¨ªmites que tienen para solicitar este tipo de informaci¨®n, ni se ha explicado claramente por qu¨¦ detuvieron a un directivo de otra compa?¨ªa. Lla respuesta abreviada es porque WhatsApp no tiene oficinas en Brasil, lo que abre otro complej¨ªsimo tema sobre jurisdicci¨®n y territorialidad en la era digital.

Sobre este ¨²ltimo punto, la Comisi¨®n Europea acaba de negociar con las empresas tecnol¨®gicas y las autoridades estadounidenses unas reglas b¨¢sicas sobre protecci¨®n y trasvase de datos entre territorios. Se trata de un acuerdo alcanzado de mala gana por ambas partes que, adem¨¢s de ser insuficiente porque omite temas importantes, podr¨ªa ser solo el principio de una negociaci¨®n m¨¢s amplia en el marco del Acuerdo Transatl¨¢ntico para el Comercio y la Inversi¨®n (TTIP, por sus siglas en ingl¨¦s). En este sentido, con la predominancia tecnol¨®gica de Silicon Valley, Europa tiene todo por perder; hay poco que pueda hacer para nivelar su posici¨®n de juego.

No, la disputa entre Apple y el FBI no es solamente entre la polic¨ªa y una empresa privada en un tribunal de California. Nos estamos jugando, en realidad, la esencia misma de los derechos civiles, sociales e individuales que fundamentan la convivencia en las democracias liberales. Reitero que la ¨²nica salida que tenemos a este entuerto es compleja y sencilla a la vez: politizar la tecnolog¨ªa. Porque la conversaci¨®n p¨²blica sobre tecnolog¨ªa, innovaci¨®n y su valor social, sobre c¨®mo afecta a la vida cotidiana, est¨¢ vac¨ªa de una dimensi¨®n pol¨ªtica fundamental.

Diego Beas es autor del libro La reinvenci¨®n de la pol¨ªtica (Pen¨ªnsula) y fue investigador invitado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford.