?Se puede cerrar Telegram? El auto del juez Pedraz ¡°es como cerrar una provincia porque dentro se ha producido un robo¡±

Telegram es objeto de disputa judicial, en un debate en la intersecci¨®n entre privacidad, libertad de expresi¨®n y derechos de autor. Los m¨¢s de ocho millones y medio de usuarios que tiene la aplicaci¨®n en el pa¨ªs podr¨ªan ver bloqueado su acceso, en una medida que se ha tomado a petici¨®n de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. Los grupos de comunicaci¨®n han denunciado a la aplicaci¨®n porque, en algunos de sus canales, se comparte contenido protegido por derechos de autor. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado un auto este s¨¢bado para que, en el plazo de tres horas desde su recepci¨®n, las operadoras suspendan los recursos asociados a Telegram.

¡°Es como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro pa¨ªs porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotr¨¢fico o un robo¡±, declaraba este s¨¢bado el presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenier¨ªa Inform¨¢tica de Espa?a, Fernando Su¨¢rez. Pero el caso tiene m¨¢s matices. Siguiendo con el s¨ªmil, es como si el dirigente de esa provincia se negara a colaborar con la polic¨ªa para garantizar el anonimato y la libertad de toda la poblaci¨®n, incluyendo a los delincuentes. Y esta actitud pone encima de la mesa un debate que trasciende lo jur¨ªdico.

Telegram es una aplicaci¨®n de mensajer¨ªa instant¨¢nea, lanzada en 2013, y dirigida por el empresario de origen ruso Pavel Durov. Desde sus inicios, destac¨® como alternativa a Whatsapp por la libertad y la privacidad del usuario, neg¨¢ndose a compartir informaci¨®n con las autoridades, como s¨ª hace la aplicaci¨®n de Meta. Esto convirti¨® a Telegram en la v¨ªa de comunicaci¨®n usada por la disidencia en reg¨ªmenes autoritarios como Rusia o Ir¨¢n, donde se ha utilizado para organizar protestas. Pero tambi¨¦n ha provocado que florezcan, al abrigo del anonimato, canales de contenido sensible: venta de drogas, actividades de extrema derecha, desinformaci¨®n, difusi¨®n de contenidos violentos, pornograf¨ªa infantil o terrorismo. Sin ir m¨¢s lejos, el Estado Isl¨¢mico reivindic¨® el atentado de Mosc¨² de este viernes en su canal de Telegram.

Si WhatsApp fuera internet, Telegram ser¨ªa la dark web, un lugar an¨¢rquico y an¨®nimo, con todo lo que ello conlleva. ¡°La diferencia es que es m¨¢s sencilla, m¨¢s f¨¢cil de usar y est¨¢ mucho m¨¢s democratizado¡±, explica el experto en ciberseguridad Rafel L¨®pez, que acepta la comparaci¨®n, aunque con matices. Tambi¨¦n, y precisamente por eso, es mucho m¨¢s popular. Cualquiera puede descargarse y empezar a usar Telegram aunque no tenga conocimientos de inform¨¢tica. M¨¢s de 900 millones de personas lo han hecho. Su interfaz es similar a la de WhatsApp. Sus tripas, tambi¨¦n. ¡°La arquitectura no es muy diferente¡±, reconoce el experto, ¡°pero en WhatsApp hay puertas traseras para que entren la NSA y diferentes agencias de inteligencia. En Telegram no. Aqu¨ª no se comparte nada¡±.

Este anonimato virtual est¨¢ garantizado de forma f¨ªsica. Mientras que los servidores de Meta est¨¢n localizados en la zona en la que operan, los de Telegram se desperdigan por el mundo. ¡°La empresa matriz est¨¢ ubicada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas; la empresa operativa tiene sede en Dubai; el domicilio legal y la sede principal est¨¢ en Londres, y tiene servidores distribuidos por todo el mundo, muchas veces en pa¨ªses que no tienen tratados de colaboraci¨®n con terceros pa¨ªses¡±, explica L¨®pez. Esto hace que sea muy complicado obligar a la empresa a entregar sus datos o cerrar su servicio en un pa¨ªs.

Lo que pretende hacer la justicia espa?ola es solicitar a las operadoras espa?olas a que hagan un filtrado de contenido y proh¨ªban el acceso a esta red. ¡°Eso tecnol¨®gicamente se puede hacer, pero no es eficaz¡±, apunta el experto. ¡°Telegram tiene ya medidas para impedir que un operador nacional bloquee su servicio¡±. La propia aplicaci¨®n incorpora un servicio de proxy para fingir que la conexi¨®n se hace desde otro pa¨ªs.

Es lo que sucede en pa¨ªses como China, Cuba, Pakist¨¢n, Ir¨¢n y Tailandia, donde su uso est¨¢ prohibido, pero muchos usuarios lo burlan sistem¨¢ticamente. Tambi¨¦n sucedi¨® en Brasil, donde un juez suspendi¨® el pasado mes de abril el servicio de la aplicaci¨®n por negarse la empresa a colaborar en una investigaci¨®n contra grupos neonazis. ¡°Todas las grandes aplicaciones de redes sociales son blanco f¨¢cil de cr¨ªticas debido a los contenidos que albergan¡±, declar¨® entonces Durov en su canal de Telegram. ¡°No recuerdo ninguna gran plataforma social cuya moderaci¨®n haya sido elogiada sistem¨¢ticamente por los medios tradicionales¡±. En cualquier caso, el empresario aseguraba que con el tiempo resolver¨ªan cualquier desaf¨ªo respetando ¡°la eficiencia, innovaci¨®n, la privacidad y la libertad de expresi¨®n¡±.

¡°Una cosa es que Telegram haya surgido como una herramienta para luchar contra reg¨ªmenes autoritarios¡±, se?ala Borja Adsuara Varela, experto en derecho digital. ¡°Pero otra cosa es que se niegue a colaborar con un juez en un estado democr¨¢tico, porque entonces estamos ante un pulso del Estado de derecho frente a los nuevos se?ores feudales¡±.

Adsuara cree que lo importante aqu¨ª no es tanto el fondo de la denuncia. ¡°Este debate es viejo, ya lo tuvimos en los a?os noventa con las redes P2P, que se intentaron cerrar¡±, explica. Entonces los jueces resolvieron que compartir contenidos entre particulares no es delito si no hay ¨¢nimo de lucro. Compartir canciones en eMule en los primeros dosmiles es tan legal como subir series a Telegram en la actualidad. Siempre que no cobres por ello. Pero es que, adem¨¢s, muchos usuarios no est¨¢n usando estas aplicaciones con esta finalidad.

El problema, se?ala el experto, es que hay una gran empresa que se niega a colaborar con la justicia. Y esta ha decidido echarle un pulso. ¡°Ser¨ªa impensable que lo hiciera una empresa espa?ola o europea, que un juez pidiera datos para una investigaci¨®n y se los denegaran, met¨ªan en prisi¨®n al CEO por obstrucci¨®n a la justicia¡±.

La denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus se centra en los derechos de autor, pero es un aspecto procesal, la falta de colaboraci¨®n de la aplicaci¨®n con reg¨ªmenes democr¨¢ticos, lo que ha suscitado un debate m¨¢s profundo. Todos los expertos consultados coinciden en se?alar lo desproporcionado de las medidas y la poca efectividad de las mismas. Destacan lo sorprendente de que no se hayan tomado con investigaciones mucho m¨¢s serias y relevantes para la sociedad. Pero se?alan que en este pulso jur¨ªdico se debate algo m¨¢s que la pirater¨ªa de un par de series o partidos de f¨²tbol. Se trata de dirimir si queremos un internet m¨¢s an¨®nimo, o con menos impunidad.

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