Pedraz se aferra a su decisi¨®n de renunciar a investigar al hijo de Obiang por secuestro y torturas
El juez afirma que no hay que dudar de la supuesta investigaci¨®n abierta en Guinea Ecuatorial
El juez Santiago Pedraz mantiene su decisi¨®n de ceder la jurisdicci¨®n a Guinea Ecuatorial para que investigue a uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang por el secuestro y torturas de cuatro opositores, dos de ellos espa?oles. Uno de ellos falleci¨® en circunstancias no aclaradas. El magistrado ha rechazado los recursos presentados por el fiscal Vicente Gonz¨¢lez Mota y por la representaci¨®n de los querellantes, que se oponen a que el r¨¦gimen del dictador investigue los hechos. Desde hace casi tres a?os la Audiencia Nacional investiga por delitos con finalidad terrorista a Carmelo Ovono Obiang, al ministro del Interior y al director general de Seguridad de ese pa¨ªs.
La Fiscal¨ªa argument¨® en su recurso que Pedraz no pod¨ªa ceder la jurisdicci¨®n de la causa a Guinea Ecuatorial despu¨¦s de que la Sala de lo Penal acordara la conversi¨®n de las diligencias previas en procedimiento ordinario, pero este responde en su auto que esa decisi¨®n del ¨®rgano colegiado no anula su decisi¨®n. Y que la misma se puede adoptar en ambos escenarios. En su auto de cesi¨®n de jurisdicci¨®n, Pedraz dio por veros¨ªmil la supuesta investigaci¨®n abierta por las autoridades de ese pa¨ªs contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia, y acord¨® que se remitan todas las diligencias previas del caso a la Corte Suprema de Justicia de la antigua colonia espa?ola, incluyendo los testimonios de los testigos protegidos que han declarado en Espa?a. Sugiri¨® tambi¨¦n a la Polic¨ªa que cesara en sus indagaciones.
Teodoro Obiang, padre del principal investigado, es, en su calidad de jefe del Estado, el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y m¨¢xima autoridad. La Constituci¨®n ecuatoguineana le atribuye adem¨¢s la potestad de nombrar y separar del cargo al fiscal general de la rep¨²blica. Para salvar de la justicia francesa a su hijo Teodor¨ªn, actual vicepresidente, el aut¨®crata protagoniz¨® en 2017 una maniobra id¨¦ntica: decir que ya se hab¨ªa abierto en Guinea Ecuatorial una causa por los mismos hechos en el denominado caso de los bienes mal adquiridos. Los jueces de ese pa¨ªs no admitieron el enga?o y Teodor¨ªn fue juzgado y condenado en ausencia a tres a?os de c¨¢rcel por blanqueo de capitales. Tambi¨¦n se le confiscaron todos sus bienes en Francia.
Tanto la Fiscal¨ªa como las acusaciones han defendido en sus recursos que, si finalmente concluyera la necesidad de ceder la jurisdicci¨®n a esa supuesta investigaci¨®n guineana, corresponder¨ªa al Tribunal Supremo resolverlo, y pidieron a Pedraz que en ese caso estar¨ªa obligado a enviar una exposici¨®n razonada. El juez mantiene en su nuevo auto que no hay base para dudar de la investigaci¨®n guineana contra toda la c¨²pula del Ministerio del Interior de la antigua colonia espa?ola. ¡°No se comprende c¨®mo puede este instructor razonar lo que no consta. Qu¨¦ circunstancias pueden ponerse de manifiesto ante el Tribunal Supremo para que este decida si procede o no la cesi¨®n¡±, razona. Rechaza los argumentos de la acusaci¨®n sobre la corrupci¨®n y ausencia de garant¨ªas de Guinea Ecuatorial en cualquier proceso judicial y las califica de gen¨¦ricas. ¡°No basta decir que el r¨¦gimen de Guinea Ecuatorial y su poder judicial es corrupto o que no coopere. Hay que concretar las causas para este caso y con ello decidir si concurre la cl¨¢usula o no¡±.
El magistrado afirma que en Guinea Ecuatorial se est¨¢n practicando diligencias sobre el caso, pese a que en Espa?a no se ha recibido acreditaci¨®n documental sobre ninguna de ellas. Y concluye su auto diciendo que las autoridades de ese pa¨ªs ¡°solicitan a ese juzgado que se haga ofrecimiento de acciones y remisi¨®n de declaraciones y que los perjudicados¡±, es decir las familias de los secuestrados, torturados y desaparecidos, ¡°podr¨¢n pues personarse en dicho procedimiento, y adem¨¢s controlar la salvaguarda¡±. Un ofrecimiento que las familias de las v¨ªctimas, de las que el Gobierno espa?ol no sabe nada desde hace m¨¢s de un a?o y medio, consideran ¡°una ofensa y una burla¡±.
Recientemente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acept¨® los recursos de la Fiscal¨ªa y acusaciones y oblig¨® a Pedraz a convertir sus diligencias previas en sumario ordinario, ya que los delitos por terrorismo por los que se investiga al hijo de Obiang contemplan penas superiores a nueve a?os de c¨¢rcel. La decisi¨®n de la Sala de lo Penal convierte a sus magistrados en los ¨²nicos competentes para decidir el archivo del caso. El nuevo auto de Pedraz anuncia que concluir¨¢ el sumario si la Sala de lo Penal rechaza las apelaciones que presenten en los pr¨®ximos d¨ªas el fiscal y la representaci¨®n de las v¨ªctimas.
La defensa del hijo de Obiang y de los otros dos altos cargos del Gobierno guineano la ostenta Javier G¨®mez Berm¨²dez, exjuez de la Audiencia Nacional y excompa?ero del instructor del caso.
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