?C¨®mo va a triunfar Pedraz donde Putin fracas¨®?
El cierre de Telegram, basado en una reclamaci¨®n de propiedad intelectual, demuestra que en Espa?a los da?os patrimoniales siguen teniendo m¨¢s peso que los personales o psicol¨®gicos.
En un mundo retrofuturista de IAs asesinas y algoritmos que retractilan la realidad hasta plastificarla y dejarla sin sabor, el juez Pedraz, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, nos agarra de las solapas y nos enfanga de nuevo en el viejo debate de si la protecci¨®n de la propiedad intelectual est¨¢ por encima de cualquier otro bien o derecho digno de protecci¨®n.
No cre¨ª que en el tiempo de los contenidos sint¨¦ticos, de los canales de pederastas, terroristas, raros y dem¨¢s dementes, radicales isl¨¢micos o cat¨®licos, nacionalistas, negacionistas o terraplanistas; en los d¨ªas del debate sobre c¨®mo evitar que los menores accedan al porno desde los ocho a?os, lo que cerrar¨ªa un servicio de comunicaci¨®n en todo el territorio nacional como Telegram fuera a ser una infracci¨®n de la propiedad intelectual.
No se me entienda mal: los creadores han de ser remunerados por sus contenidos, con independencia de que fuera bueno abrir el debate de la concentraci¨®n de los derechos econ¨®micos del trabajo de muchos en pocas manos. Pero esto tambi¨¦n sabe a rancio. El cierre de Telegram en Espa?a, basado en una reclamaci¨®n de propiedad intelectual, cuando es inimaginable que se hiciera por cualquier otra vulneraci¨®n, demuestra que en nuestro sistema los da?os patrimoniales siguen teniendo m¨¢s peso que los personales o psicol¨®gicos.
Si uno entiende que nuestro derecho naci¨® como un sistema de defensa de la propiedad privada, de ordenaci¨®n de las relaciones econ¨®micas (incluido el matrimonio) y para gestionar la cesi¨®n de la violencia individual a favor de la violencia del estado, empieza a entender c¨®mo funciona nuestra justicia. La dignidad humana y los derechos fundamentales, aunque hunden sus pies de barro en la Revoluci¨®n francesa, son una modernidad que nos empezamos a creer tras la Segunda Guerra Mundial. Pero no dejan de ser la hermana peque?a de la protecci¨®n legal y en su universalidad llevan la penitencia. Si alguien alega que la tierra es plana o que las vacunas llevan un chip que te conectan con el c¨®rtex prefrontal con Bill Gates, nadie retirar¨¢ ese contenido (ni, obviamente, bloquear¨¢ todo el servicio). Porque la libertad de expresi¨®n permite que incluso la gente que est¨¢ peleada con los hechos se exprese y vote a otras personas que creen que hay verdades alternativas con las que dirigir el mundo.
Si alguien piensa que es malo que los ni?os de ocho a?os vean bukakes en lugar de Dora la Exploradora, alguien vendr¨¢ a ponerle pegas t¨¦cnicas, legales (la libertad de expresi¨®n, la licitud del porno) o le espetar¨¢ lo de las puertas y el campo que tanto me exaspera. El resultado ser¨¢ que todo lo que es posible en la protecci¨®n de la propiedad intelectual, desde sistemas de detecci¨®n y borrado autom¨¢tico de contenidos protegidos hasta cierres de un sistema entero de comunicaciones, no lo es cuando pretendemos proteger otro inter¨¦s que, en mi opini¨®n, es m¨¢s digno de ello.
Por lo dem¨¢s, nadie ha respondido a la pregunta de qui¨¦n va a pagar a Telegram, que acaba de levantar 330 millones de d¨®lares de inversi¨®n, los da?os reputacionales y operativos propios y de sus clientes causados por una orden manifiestamente desproporcionada que busca cerrar un canal tumbando el servicio entero. Ni tampoco nadie nos ha explicado c¨®mo un juez espa?ol va a triunfar en un af¨¢n en el que el propio Putin fracas¨®. El 13 de abril de 2018, el Tribunal del Distrito de Tagansky (Mosc¨²) orden¨®, con base en la Ley Yarovaya (que obligaba a guardar las comunicaciones y sus claves de cifrado), restringir el acceso a Telegram en el territorio ruso. El bloqueo provoc¨® interrupciones en el funcionamiento de muchos servicios de terceros, pero pr¨¢cticamente no afect¨® a la disponibilidad de Telegram en Rusia, que fue oficialmente desbloqueada el 19 de junio de 2020.
La operaci¨®n supon¨ªa denegar el acceso a m¨¢s de 19 millones de direcciones IP asociadas con el servicio, muchas de ellas de Amazon Web Services y Google Cloud Platform que utiliza Telegram como frontal. No parece que la tarea a la que se enfrenta la Audiencia Nacional ahora vaya a ser m¨¢s sencilla ni que el resultado fallido vaya a ser diferente. En el camino nos dejaremos la reflexi¨®n de aquello que, como sociedad, de verdad queremos proteger y una riada de usuarios infectados con troyanos en su intento de sortear la prohibici¨®n instal¨¢ndose VPNs infectadas. Nada mal para un Viernes de Dolores.
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