Ley de garant¨ªas: un bumer¨¢n de la Corte Constitucional para Duque

El presidente Iv¨¢n Duque ha vuelto a toparse con la Corte Constitucional de Colombia. La decisi¨®n del alto tribunal, que esta semana tumb¨® la reforma que dejaba en suspenso en plena campa?a electoral la llamada ley de garant¨ªas, es la cr¨®nica de una derrota anunciada. Juristas, observadores, organizaciones de la sociedad civil y pol¨ªticos de distintas orillas hab¨ªa...

El presidente Iv¨¢n Duque ha vuelto a toparse con la Corte Constitucional de Colombia. La decisi¨®n del alto tribunal, que esta semana tumb¨® la reforma que dejaba en suspenso en plena campa?a electoral la llamada ley de garant¨ªas, es la cr¨®nica de una derrota anunciada. Juristas, observadores, organizaciones de la sociedad civil y pol¨ªticos de distintas orillas hab¨ªan advertido con insistencia que esa modificaci¨®n, aprobada en octubre sin mayor debate en el Congreso, atentaba contra la transparencia y desconoc¨ªa principios b¨¢sicos de la Constituci¨®n.

La coalici¨®n de Gobierno impuls¨® el controvertido art¨ªculo, calificado de ¡°jugadita¡± por la oposici¨®n, que en esencia suspendi¨® la prohibici¨®n que impide a alcaldes y gobernadores firmar contratos p¨²blicos en periodo electoral. Su aprobaci¨®n provoc¨® una oleada de indignaci¨®n y pol¨¦mica, e incluso el expresidente ?lvaro Uribe, el mentor pol¨ªtico de Duque, se distanci¨® de la medida. El Gobierno defendi¨® en su momento que era necesario para la reactivaci¨®n econ¨®mica despu¨¦s del hundimiento por la pandemia. Transparencia por Colombia alert¨® de que el cambio incrementaba ¡°los riesgos de desv¨ªo de recursos p¨²blicos hacia prop¨®sitos electorales¡±.

El art¨ªculo de la discordia se mantuvo vigente mientras la Corte lo estudiaba y se pronunciaba. En esos meses, se firmaron m¨¢s de 600 contratos que representan al menos 3,4 billones de pesos, unos 840 millones de d¨®lares, y que ahora deber¨¢n dejarse sin efecto, pues la decisi¨®n tiene efectos retroactivos. El tribunal se?al¨® que a partir del momento en que inform¨® su decisi¨®n, el pasado jueves, ¡°no ser¨¢ posible suscribir convenios interadministrativos¡±, y que ¡°aquellos tr¨¢mites que se encuentren en curso deber¨¢n terminarse inmediatamente¡±. Los convenios que no se hayan ejecutado completamente, deber¨¢n terminarse y liquidarse. El senador de oposici¨®n Iv¨¢n Cepeda, al conocerse la decisi¨®n del tribunal, anunci¨® que presentar¨¢ acciones ante la procuradur¨ªa y la contralor¨ªa contra el presidente Duque y otros funcionarios, ¡°responsables por las consecuencias para el erario y para la democracia de la suspensi¨®n de la Ley de Garant¨ªas con fines electorales¡±

La consultora Liliana Caballero, que ha sido directora del Departamento Administrativo de la Funci¨®n P¨²blica, explica que la Ley de garant¨ªas fue adoptada en su d¨ªa para prevenir corrupci¨®n y clientelismo en ¨¦pocas electorales y busca la transparencia del Gobierno frente a las campa?as electorales. ¡°Es una Corte que est¨¢ cumpliendo con su deber de defender la Constituci¨®n, que hace respetar los pesos y contrapesos¡±, se?ala Caballero. El efecto m¨¢s inmediato es que en las semanas que faltan hasta la primera vuelta presidencial del 29 de mayo no se pueden celebrar esos contratos, pero ¡°la consecuencia m¨¢s importante es que hay que respetar las normas, Colombia es un Estado Social de Derecho¡±.

En los detalles jur¨ªdicos, la llamada Ley de garant¨ªas es en realidad un aparte de una ley estatutaria, de mayor jerarqu¨ªa, que limita la contrataci¨®n p¨²blica durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, con el prop¨®sito de evitar que los gobernantes la usen para favorecerse, como explica el constitucionalista Rodrigo Uprimny. Se remonta al a?o 2005 y fue aprobada por los desequilibrios generados por la reelecci¨®n ¨Cque se aprob¨® para favorecer el segundo mandato de Uribe y volvi¨® a ser derogada despu¨¦s del Gobierno de Juan Manuel Santos¨C. ¡°Una ley estatutaria solo puede ser modificada por otra ley estatutaria¡±, se?ala Uprimny, pues requieren mayor¨ªas m¨¢s fuertes y revisi¨®n previa de constitucionalidad.

Pero no fue as¨ª como procedieron el Ejecutivo y el Legislativo con la Ley de garant¨ªas. Simplemente la suspendieron a trav¨¦s de un art¨ªculo en la Ley de presupuesto, que es una ley ordinaria y de contenidos muy precisos en la que no se puede introducir modificaciones de garant¨ªas electorales. As¨ª se materializ¨® lo que en la jerga pol¨ªtica colombiana se califica como un ¡°mico¡±, un art¨ªculo, p¨¢rrafo o t¨¦rmino que aparece en un texto parlamentario en el ¨²ltimo momento y obedece a intereses pol¨ªticos particulares. Ese art¨ªculo cambi¨® las reglas de juego justamente cuando se avecinaban las elecciones y fue masivamente rechazado por la opini¨®n p¨²blica. Todos los entendidos anticiparon que la Corte tumbar¨ªa la decisi¨®n.

En el camino a la decisi¨®n judicial, sin embargo, se celebraron elecciones legislativas en marzo. Varias de las reacciones al fallo de la Corte apuntan precisamente al tiempo que se perdi¨® en plena campa?a. Sergio Fajardo, el candidato presidencial de centro, fustig¨® al presidente: ¡°Iv¨¢n Duque, con su formaci¨®n de abogado, sab¨ªa que esto iba a ocurrir. Y aun as¨ª decidi¨® seguir adelante. Igual lo hizo el Congreso. Todos sab¨ªan y no les import¨®. A estas alturas, el da?o est¨¢ hecho¡±. Gustavo Petro, el l¨ªder de todas las encuestas, celebr¨® que ¡°se deshizo la compra de alcaldes y gobernadores¡±. Otro de los aspirantes, el independiente Rodolfo Hern¨¢ndez apunt¨® directamente a Federico Fico Guti¨¦rrez, el candidato de la derecha y el menos cr¨ªtico con el presidente. ¡°La ley de falta de garant¨ªas ha ca¨ªdo. El Gobierno Duque debe ser juzgado y recibir el castigo que merece por modificar la ley para comprar voluntades a favor de Fico¡±, se?al¨®.

Todo el episodio ha sido ¡°groseramente inconstitucional¡±, valora Uprimny. ¡°Lograron que su trampa tuviera efectos parciales¡±, se lamenta el tambi¨¦n investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. ¡°Lo que hicieron el Gobierno y el Congreso tuvo un efecto muy antidemocr¨¢tico¡±.

En el ocaso de su mandato, que expira el pr¨®ximo 7 de agosto, el presidente Duque ha dicho que le gustar¨ªa en el futuro ser magistrado de la Corte Constitucional. Pero ese deseo contrasta con la larga lista de desencuentros que ha mantenido con ese alto tribunal, a los que viene a sumarse la sentencia de esta semana. La Corte, entre otras, enterr¨® las objeciones del mandatario a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), as¨ª como la cadena perpetua a violadores de ni?os que promovi¨® el Ejecutivo y tambi¨¦n orden¨® al Gobierno garantizar la seguridad y la vida a los exguerrilleros de las FARC, al se?alar sus incumplimientos al acuerdo de paz. Duque tambi¨¦n rechaz¨® en febrero la despenalizaci¨®n del aborto, que equipar¨® a ¡°una pr¨¢ctica anticonceptiva¡±, despu¨¦s de otro emblem¨¢tico fallo de la Corte, celebrado como hist¨®rico por los colectivos feministas en toda Am¨¦rica Latina.

La pol¨¦mica tambi¨¦n rodea al presidente sobre la manera en que ha copado los poderes independientes, al lograr instalar a personas muy cercanas en distintos organismos de control. En su mandato, el Congreso eligi¨® como fiscal general a Francisco Barbosa, ¨ªntimo amigo de Duque desde que fueron compa?eros en la Universidad Sergio Arboleda; como defensor del pueblo al pol¨ªtico conservador Carlos Camargo, otro abogado de su alma mater; y como procuradora general de la naci¨®n a Margarita Cabello Blanco, que hab¨ªa sido su ministra de Justicia. En ese ambiente se ha reavivado la discusi¨®n acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de distintas entidades con respecto al Ejecutivo.

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