La JEP imputa cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad a militares por 303 ejecuciones extrajudiciales

Como una organizaci¨®n criminal que planeaba, ejecutaba y encubr¨ªa el asesinato de personas inocentes para presentarlas como ¡°bajas en combate¡± por agentes del Estado. As¨ª funcionaba la alianza entre miembros de la brigada XVI del Ej¨¦rcito, del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y terceros civiles que particip¨® en el asesinato de 303 personas v¨ªctimas de los llamados ¡°falsos positivos¡± en Casanare, en el oriente de Colombia. La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz imput¨® cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ej¨¦rcito, el exdirector seccional del extinto DAS en ese departamento y dos civiles presuntamente implicados en delitos de esta naturaleza cometidos entre 2005 y 2008.

Las v¨ªctimas, entre ellas, mujeres, adultos mayores y personas en condici¨®n de discapacidad eran equipadas con armas, municiones y falsas prendas para hacerlas pasar como supuestos guerrilleros o delincuentes muertos en enfrentamientos con la Fuerza P¨²blica. Los involucrados le daban el nombre de ¡°kit de legalizaci¨®n¡±. ¡°Entre los cr¨ªmenes documentados hay v¨ªctimas asesinadas en situaci¨®n de total indefensi¨®n.

Los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes. Tambi¨¦n se seleccionaban perfiles espec¨ªficos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en b¨²squeda de oportunidades¡±, explic¨® la JEP.¡°Bajo estas circunstancias, no medi¨® resistencia de las v¨ªctimas que eran llevadas al lugar de su ejecuci¨®n. La Sala tambi¨¦n encontr¨® pr¨¢cticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos¡±, agreg¨® el magistrado ?scar Parra.

La mayor¨ªa de asesinados fueron hombres entre los 18 y 25 a?os. Sin embargo, tambi¨¦n aparecen nueve mujeres, una de ellas en embarazo, dos que eran trabajadoras sexuales y un joven con orientaci¨®n sexual diversa. ¡°No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espont¨¢nea. Hubo formas espec¨ªficas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los cr¨ªmenes¡±, precis¨® Parra, relator del caso. Por primera vez, la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecuci¨®n por razones de g¨¦nero, as¨ª como el crimen de guerra de utilizaci¨®n de ni?os, ni?as y adolescentes por involucrar a menores de 18 a?os como reclutadores o encargados de participar en el enga?o que condujo a la muerte a algunas de las v¨ªctimas.

As¨ª operaba la alianza en Casanare

¡°En la Brigada XVI se implant¨® una organizaci¨®n criminal compleja que se vali¨® de la arquitectura institucional del Ej¨¦rcito para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare¡±, indica la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz. Los falsos resultados se incrementaron bajo la comandancia del mayor general en retiro Henry William Torres, uno de los imputados.

Dicha organizaci¨®n funcionaba en forma de red con suborganizaciones y un sistema de roles basado en la especialidad de los militares. ¡°Para lograrlo, se valieron de la estructura, funciones, recursos y dependencias de la unidad militar y, en el caso de Casanare, tambi¨¦n del extinto DAS que us¨® como instrumentos a los grupos especiales¡±, se?ala el comunicado de la JEP. ¡°Los miembros del extinto DAS participaron en la producci¨®n de informaci¨®n de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecuci¨®n de los hechos. En varios casos incluso asesinaron a las v¨ªctimas¡±, agrega el documento. Supuestos extorsionistas, por ejemplo, fueron presentados como bajas en combates. El DAS, un organismo estatal que estuvo encargado de la Inteligencia y Contrainteligencia en Colombia, fue suprimido en 2011.

El encubrimiento de los asesinatos contemplaba una serie de estrategias identificadas por el tribunal: los documentos operacionales eran elaborados posterior a los hechos e inclu¨ªan informaci¨®n que les daba un manto de legalidad, las v¨ªctimas eran reportadas como no identificadas para obstaculizar la judicializaci¨®n, los cad¨¢veres eran trasladados por los militares sin presencia de la polic¨ªa judicial, y las v¨ªctimas eran equipadas con armas, munici¨®n y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Era el llamado ¡°kit de legalizaci¨®n¡±.

Seg¨²n la JEP, hubo dos pol¨ªticas que llevaron a la configuraci¨®n de este patr¨®n criminal. Una de ellas fue ¡°la voluntad de aniquilar a la poblaci¨®n estigmatizada o a personas desmovilizadas y en proceso de reinserci¨®n por supuesta vinculaci¨®n a grupos insurgentes o a la criminalidad¡±. La segunda consisti¨® en un sistema de presiones e incentivos. ¡°Entre otros, los efectivos de la Brigada XVI recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formaci¨®n en el exterior o el traslado al Batall¨®n Colombia N¡ã3 en el Sina¨ª y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso¡±. Tambi¨¦n se presentaron amenazas a quienes se negaban a participar en estos delitos.

Adem¨¢s, se pudo detectar que m¨¢s de 140 millones de pesos (unos 32.000 d¨®lares), provenientes de recursos p¨²blicos, sirvieron para financiar las acciones criminales. Estos recursos, originalmente orientados a la lucha antiextorsi¨®n y antisecuestro del Gaula (Grupos de Acci¨®n Unificada por la Libertad Personal), ¡°fueron destinados para financiar a los reclutadores, darles dinero para su desplazamiento y comprar armas para implantar a las v¨ªctimas¡±.

El asesinato de las 303 personas ocurri¨® en 218 eventos en Casanare, algunos municipios de Boyac¨¢, Meta y en Tame (Arauca), en el oriente del pa¨ªs. Estos cr¨ªmenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que report¨® esa unidad militar en la ¨¦poca de los hechos, a finales de la primera presidencia de ?lvaro Uribe V¨¦lez y la mitad de su segundo mandato.

¡°A causa de la desaparici¨®n y muerte de sus seres queridos, las v¨ªctimas se enfrentaron a da?os morales, psicol¨®gicos y f¨ªsicos. Sufrieron de depresi¨®n, ansiedad, alucinaciones con sus familiares e incluso intenciones suicidas¡±, dijo la magistrada Belkis Izquierdo. Los cr¨ªmenes tambi¨¦n ocasionaron la ruptura de n¨²cleos familiares y el desplazamiento de todos o de algunos de sus integrantes. La estigmatizaci¨®n, revictimizaci¨®n y amenazas son otras de las consecuencias invisibles de los ¡°falsos positivos¡±.

Lo que viene

Adem¨¢s del mayor general retirado Henry William Torres Escalante, tambi¨¦n fueron imputados dos coroneles (Wilson Camargo Tamayo, y Cipriano Pe?a Chivat¨¢), tres tenientes coronel (Germ¨¢n Alberto Le¨®n Dur¨¢n, Henry Hern¨¢n Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jim¨¦nez), y otros 10 oficiales, adem¨¢s de 6 suboficiales, el exdirector seccional del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar, y dos terceros civiles reclutadores. De los investigados, el capit¨¢n Miguel Andr¨¦s Sierra Garc¨ªa y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz contin¨²an activos.

Esta es la tercera imputaci¨®n de los territorios priorizados dentro de la investigaci¨®n que adelanta la JEP por los falsos positivos. Con este proceso se busca el esclarecimiento y juzgamiento de los cr¨ªmenes cometidos por agentes del Estado que habr¨ªan presentado a m¨¢s de 6.400 colombianos como supuestos guerrilleros dados de baja en combate.

Luego de ser notificados, los imputados tendr¨¢n 30 d¨ªas h¨¢biles para reconocer su responsabilidad o rechazar la imputaci¨®n. Una vez vencido el plazo, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz decidir¨¢ si fija fecha para realizar una audiencia p¨²blica de reconocimiento de estos cr¨ªmenes, como ya ha sucedido con los casos de Norte de Santander y la costa Caribe. Si los comparecientes niegan su participaci¨®n en los delitos, la Unidad de Investigaci¨®n de la JEP asumir¨¢ el juicio. Podr¨ªan enfrentar hasta 20 a?os de prisi¨®n.

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