Los j¨®venes detenidos en las protestas entran a la agenda del nuevo Gobierno

Juli¨¢n Bar¨®n recuerda que era el m¨¢s joven de la c¨¢rcel. A los 19 a?os, acusado por los delitos de concierto para delinquir, agresi¨®n a servidor p¨²blico y porte y fabricaci¨®n de sustancias peligrosas, lleg¨® a la prisi¨®n de Santa Rosa de Viterbo, en Boyac¨¢, en noviembre del a?o pasado. Meses antes hab¨ªa sido una de las caras visibles del estallido social en Paipa. Colombia hab¨ªa estado sumergida en una ola de protestas y en esa regi¨®n ¨¦l era uno de los l¨ªderes. El 7 de agosto el ministro de Defensa, Diego Molano, anunci¨® desde el Puente de Boyac¨¢ que estaban listas las capturas de varios participantes de las marchas. Unas semanas despu¨¦s, diez polic¨ªas allanaban su casa y, frente a sus pap¨¢s, sus hermanos y su abuela, se lo llevaban detenido. ¡°Fue impactante. Nunca nos imaginamos que participar en una manifestaci¨®n nos iba a llevar a la c¨¢rcel¡±, cuenta por tel¨¦fono, ya en libertad. Despu¨¦s de tres meses un juez de segunda instancia consider¨® que no hab¨ªa razones para tenerlo encerrado. Pero su proceso sigue abierto y podr¨ªa enfrentar una pena de hasta 30 a?os.

Cuenta su historia esta semana, cuando casos como el suyo entraron a la agenda del nuevo Congreso. Parlamentarios del Pacto Hist¨®rico, la coalici¨®n de partidos que lidera Gustavo Petro, se unieron a v¨ªctimas y l¨ªderes sociales para buscar que se cree una comisi¨®n especial de congresistas que haga seguimiento a los procesos de los j¨®venes que fueron judicializados por protestar. Muchos siguen en la c¨¢rcel o bajo detenci¨®n domiciliaria. No hay cifras claras sobre cu¨¢ntos fueron v¨ªctimas de montajes judiciales durante las marchas, pero la Defensor¨ªa del Pueblo ha dicho que en al menos 89 casos las detenciones fueron ilegales.

¡°El Gobierno no quiso escuchar. Fuimos v¨ªctimas de persecuci¨®n pol¨ªtica, fuimos acusados injustamente y bajo cargos muy graves, mucha gente inocente ha estado presa¡±, se?ala Bar¨®n. A la primera l¨ªnea, que enfrentaba la represi¨®n estatal con el Esmad en las calles, el Gobierno la equipar¨® a un grupo criminal. Y como si lo fuera, actu¨® contra ellos. Nunca hubo un di¨¢logo y fueron perseguidos hasta llevarlos a la c¨¢rcel.

Junto a Juli¨¢n, otros seis j¨®venes fueron detenidos en las mismas circunstancias en Boyac¨¢. Todos, despu¨¦s de pasar meses en la c¨¢rcel, lograron que la justicia les permitiera enfrentar el proceso en libertad. Pero en otras partes del pa¨ªs hay muchos que no lo han conseguido. Por esos casos congresistas como Alirio Uribe, Robert Daza o Pedro Su¨¢rez Vacca, todos del Pacto Hist¨®rico, buscan salidas para que no haya un solo joven detenido injustamente.

¡°Hemos dado el primero paso, creamos una comisi¨®n accidental para tratar el tema de los j¨®venes que fueron detenidos arbitrariamente en las protestas. No hay un censo de cu¨¢ntos exactamente son, pero sabemos que son m¨¢s 300 que est¨¢n en la c¨¢rcel, bajo prisi¨®n domiciliaria o con ¨®rdenes de captura en su contra. Desde aqu¨ª vamos a evaluar mecanismos legales que permitan que sean liberados¡±, explica Uribe. El tema lo van a mover por varios frentes. Uribe es el responsable de poner en marcha una ley estatutaria sobre el derecho a la protesta social como orden¨® la Corte Constitucional, pero hasta ahora el Congreso no lo ha hecho. Tambi¨¦n tienen en sus manos la modificaci¨®n de la ley de orden p¨²blico, en la que tambi¨¦n habr¨ªa lugar para hablar de las v¨ªctimas de la persecuci¨®n judicial. ¡°Todav¨ªa no hay ninguna decisi¨®n y cualquier cosa que se haga ser¨¢ en el marco constitucional¡±, dice el congresista y se?ala unas cifras: ¡°Entre 2002 y 2019, m¨¢s de 10.400 j¨®venes, entre los 18 y 25 a?os, fueron procesados. De esos, solo 400 fueron llamados a juicio. Es necesario que se empiece un proceso que permita revisar caso por caso para ver en cu¨¢les fue una medida arbitraria¡±.

Pedro Su¨¢rez Vacca, representante a la C¨¢mara del Pacto Hist¨®rico por Boyac¨¢, dice que la intenci¨®n inicial como partido de gobierno es garantizar el derecho a la protesta social y revisar el estado actual de las personas que han sido detenidas. ¡°Los delitos por los que se les acusa no se compadecen con los hechos que sucedieron. Se les se?ala de terrorismo, da?o en bien ajeno, concierto para delinquir. El Estado persigui¨® judicialmente a personas que leg¨ªtimamente se manifestaron¡±, asegura el congresista, que fue juez penal y consigui¨® la libertad de varios j¨®venes capturados.

Seg¨²n la Defensor¨ªa del Pueblo, entre el 28 de abril y el 3 de junio de 2021 hubo 12.288 actos de protesta, que dejaron todo tipo de v¨ªctimas. Adem¨¢s de los procesos judiciales, al menos los j¨®venes sufrieron agresiones que les marcaron para siempre.

Gareth Sella perdi¨® la visi¨®n de uno de sus ojos por un disparo del Esmad cuando participaba en una marcha contra la violencia policial en febrero de 2021. Su caso fue uno de los m¨¢s de 100 de lesiones oculares que se registraron durante el estallido social del a?o pasado, y su presencia en el debate nacional frente a los abusos policiales lo llev¨® a dar un discurso ante el Congreso para denunciar la brutalidad estatal. ¡°Hoy, ellos [la Polic¨ªa] son c¨®mplices del gobierno. La gente ha despertado, y aunque nos quiten los ojos, vemos sus cr¨ªmenes de Estado¡±, dec¨ªa en marzo de 2021 ante el Congreso. Esta semana volvi¨® al Capitolio, pero esta vez del lado del Gobierno electo, en una sesi¨®n para crear la comisi¨®n para ayudar a los j¨®venes detenidos. ¡°Nos hemos estado reuniendo muchas organizaciones desde que gan¨® Gustavo Petro para pensar en formas jur¨ªdicas que permitan que vuelvan a libertad, pero no es f¨¢cil porque est¨¢n por delitos ajenos a la protesta, todo el sistema judicial est¨¢ muy amarrado para que sea dif¨ªcil sacarlos¡±, dice Sella, cineasta y activista.

Con la llegada de Petro al poder se reactiv¨® la b¨²squeda de justicia, un esfuerzo perdido durante el gobierno de Iv¨¢n Duque que no reconoci¨®, a pesar de informes de organismos internacionales, que hubo exceso de fuerza y abuso policial en su respuesta a la protesta. La campa?a Ni un d¨ªa m¨¢s, de la que hace parte Sella, busca sacar del silencio los casos de los j¨®venes judicializados y exigir su libertad. ¡°Que sean libres de sus procesos penales tambi¨¦n. Libres y absueltxs¡±, se?ala. Es optimista con la llegada del Gobierno Petro. ¡°Es ch¨¦vere encontrarse con la voluntad pol¨ªtica de dar el respaldo a la juventud, de respaldar el movimiento social y de darle el valor que se le debi¨® dar y es el del cambio. Este cambio le debe mucho a las juventudes, la forma de responderles correctamente es darles vida digna, no solamente sacarlos de la prisi¨®n¡±.

La defensora de derechos humanos ?rika Prieto dice que se debe tomar con prudencia la idea de plantear una liberaci¨®n. ¡°Se trata de unos escenarios de alternatividad penal en el marco de una ley ordinaria en el Congreso, que no sea solamente perdonar y olvidar, sino que se reconozca una falta por parte del Estado. No se busca, como equivocadamente se ha dicho, un sometimiento a la justicia o una amnist¨ªa como formas de excarcelaci¨®n¡±. Antes de cualquier salida -dice Prieto- es necesario ver cu¨¢ntos y en qu¨¦ condiciones est¨¢n los j¨®venes judicializados. Ni el Inpec, ni la Polic¨ªa, ni el Ministerio de Defensa han respondido, cuenta la defensora, a las peticiones para resolver esas dudas.

Prieto cree que la voluntad del gobierno en este tema se medir¨¢ justamente en el mensaje de urgencia que le d¨¦ al tr¨¢mite de una ley que beneficie a los j¨®venes detenidos. ¡°Veremos cu¨¢l es la apuesta del gobierno y qu¨¦ tanto est¨¢ dispuesto a luchar por la libertad de estos muchachos. Sin ellos, Gustavo Petro no ser¨ªa presidente¡±, dice.

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