Se rompe el techo del poder ind¨ªgena en Colombia

Las banderas, consignas y bastones de mando que simbolizan el clamor de organizaciones ind¨ªgenas han llenado m¨¢s de una vez la Plaza de Bol¨ªvar de Bogot¨¢. Ni siquiera la amenaza de contagio del coronavirus impidi¨® que unos 7.000 de ellos salieran de sus resguardos en 2020, dispuestos a recorrer m¨¢s de 500 kil¨®metros desde el suroccidente del pa¨ªs, en defensa de la vida y el territorio. El centro hist¨®rico de la capital, que ha sido escenario de sus movilizaciones, ahora lo es de una representaci¨®n sin precedentes: tres nombramientos en altos cargos del Gobierno nacional y la mayor participaci¨®n que han tenido en el Congreso de la Rep¨²blica.

La defensora de derechos humanos del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, Leonor Zalabata, ser¨¢ la primera ind¨ªgena en asumir como embajadora de Colombia ante la ONU en Nueva York. La abogada especializada en derecho constitucional, ind¨ªgena ember¨¢ de Antioquia, y excomisionada de la verdad, Patricia Tob¨®n, dirigir¨¢ la Unidad para la Atenci¨®n y Reparaci¨®n Integral a las V¨ªctimas; y el psic¨®logo y soci¨®logo de la comunidad ind¨ªgena nasa del Cauca, Giovani Yule, ser¨¢ el director de la Unidad de Restituci¨®n de Tierras.

Su posesi¨®n tendr¨¢ doble relevancia hist¨®rica: asumir¨¢n puestos tanto de alto nivel, como de importancia para la implementaci¨®n de los acuerdos de paz entre el gobierno y las antiguas FARC. Entre sus principales desaf¨ªos est¨¢n fortalecer el apoyo de la comunidad internacional para el cumplimiento pleno de estos acuerdos, robustecer el acompa?amiento a m¨¢s de nueve millones de v¨ªctimas del conflicto y agilizar los procesos de devoluci¨®n de tierras a familias campesinas afectadas por el despojo.

¡°Esta representaci¨®n ha sido una deuda hist¨®rica del Estado. Los nombramientos demuestran las capacidades del movimiento ind¨ªgena colombiano. Son personas que pueden trabajar no solo por nuestras comunidades sino por el pa¨ªs¡±, opina Edwin Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Ind¨ªgena del Cauca, CRIC, que ha liderado las llamadas mingas o protestas ind¨ªgenas durante a?os.

Los pueblos ¨¦tnicos han sufrido las consecuencias de enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial. Desde la firma en 2016 de los acuerdos de paz, 348 ind¨ªgenas han sido asesinados, seg¨²n datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. El 20% de los casos de reclutamiento y desplazamiento forzado, documentados por la Comisi¨®n de la Verdad, ha impactado a diferentes resguardos. En 2009, la Corte Constitucional declar¨® que existe riesgo de exterminio f¨ªsico y cultural de los pueblos ind¨ªgenas en Colombia. Organizaciones han advertido que al menos 72 de 112 est¨¢n en peligro, seg¨²n el informe final de la Comisi¨®n.

Para estas comunidades, que tambi¨¦n afrontan discriminaci¨®n y sufren de tasas pobreza multidimensional de m¨¢s del doble del promedio nacional, las violencias hist¨®ricas desde la colonizaci¨®n se suman a las del conflicto interno, ¡°marcando sus vidas en un trauma colectivo que sigue mostrando las condiciones de falta de reconocimiento de sus experiencias como parte de una historia compartida y del derecho a sus territorios y culturas siempre bajo amenaza¡±, advierte el informe de la Comisi¨®n.

¡°Colombia es un pa¨ªs pluri¨¦tnico y multicultural. Tener ind¨ªgenas en cargos importantes es un mensaje contra el racismo estructural que han padecido estos pueblos desde tiempos inmemoriales y tambi¨¦n para las ¨¦lites que han estado acostumbradas a mantener el monopolio de cargos¡±, afirma Paulo Bacca, director de justicia ¨¦tnico racial del centro de estudios Dejusticia.

Antes de los tres nombramientos que fueron anunciados por el presidente Gustavo Petro, los cargos m¨¢s altos que ocupaban ind¨ªgenas eran los de cuatro magistrados de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, JEP: Belkis Florentina Izquierdo (arhuaca), Ana Manuela Ochoa (kankuama), Juan Jos¨¦ Cantillo (wayuu) y Jos¨¦ Miller Hormiga (totor¨®). Con su designaci¨®n, tras los acuerdos de paz, fue la primera vez que se asegur¨® una representaci¨®n del 10% en un alto tribunal de justicia.

M¨¢s curules en el Congreso

A la presencia en cargos de importancia en el gobierno se suma una mayor presencia ind¨ªgena en el Congreso de la Rep¨²blica. Para el nuevo periodo legislativo, la participaci¨®n se duplic¨® pasando de tres a seis esca?os (tres en el Senado y tres en la C¨¢mara de Representantes), aunque sigue siendo baja frente a los 108 del Senado y los 188 de la C¨¢mara. Las comunidades ind¨ªgenas corresponden al 6% de la poblaci¨®n en Colombia.

Las tres nuevas curules las obtuvo el Pacto Hist¨®rico, el partido de gobierno, con la abogada e ind¨ªgena wayuu de La Guajira, Martha Peralta Epiay¨², en el Senado; el exconsejero del CRIC e ind¨ªgena del Cauca, Ermes Pete Vivas, en la C¨¢mara de Representantes; y Karmen Ram¨ªrez Bosc¨¢n, tambi¨¦n wayuu, como representante de los colombianos en el exterior.

Hist¨®ricamente, la participaci¨®n de estas comunidades se hab¨ªa limitado a tres curules de circunscripci¨®n especial que establece la Constituci¨®n de 1991. Para el periodo 2022-2026 fueron elegidos como senadores A¨ªda Marina Quilcu¨¦, del Movimiento Alternativo Ind¨ªgena y Social, MAIS; y Polivio Leandro Rosales, del Movimiento Autoridades Ind¨ªgenas de Colombia, AICO. El espacio en la C¨¢mara lo ocupa Norman Ba?ol, l¨ªder del pueblo embera cham¨ª de Caldas.

Para Bacca, la llegada de m¨¢s ind¨ªgenas al Congreso es una oportunidad de renovaci¨®n y apertura. ¡°Esto puede ser determinante para que los mismos sujetos de derechos se empoderen al interior de una instituci¨®n que est¨¢ muy desprestigiada. Abre espectros democr¨¢ticos para que pueblos excluidos empiecen a sentir que se est¨¢ dando un cambio¡±, asegura.

Los nuevos congresistas tendr¨¢n un reto may¨²sculo con su presencia en el Capitolio, ubicado en el coraz¨®n de la Plaza de Bol¨ªvar, la misma a la que antes hab¨ªan llegado con reclamos acumulados de sus comunidades. ¡°Hay temas urgentes alrededor de Derechos Humanos. Es apremiante la protecci¨®n de las identidades culturales¡±, puntualiza Edwin Capaz, el consejero mayor del CRIC.

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