La paz de los ¡®lavaperros¡¯
El proceso para acabar con la violencia debe incluir a grupos de menor importancia en el narcotr¨¢fico, pero se requiere una estrategia espec¨ªfica para hacerlo
La ¡°paz total¡±, la apuesta del presidente Gustavo Petro para cerrar el ciclo de violencia en Colombia, es una movida arriesgada que incluye no solo la negociaci¨®n con el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional, sino el di¨¢logo con las organizaciones criminales. El riesgo es que, sin una estrategia judicial y de seguridad claras, las iniciativas que buscan cesar la violencia por la v¨ªa del di¨¢logo se conviertan en oportunidades para que las facciones criminales ganen poder y legitimidad.
Est¨¢bamos acostumbrados a que el lenguaje de la paz y las gestiones del Gobierno se reservaran a organizaciones armadas ilegales de alcance nacional, con liderazgos m¨¢s robustos. As¨ª se desarmaron guerrillas y grupos paramilitares, que estaban involucrados en el narcotr¨¢fico pero ten¨ªan un prop¨®sito pol¨ªtico.
En medio del proceso de paz con las FARC, el conflicto se fragment¨®, asentado en disputas regionales, con m¨²ltiples grupos que no solo controlan econom¨ªas ilegales, sino que tambi¨¦n ejercen gobernanza. De esta manera, el pa¨ªs pas¨® de una guerra abierta que a¨²n se vive de manera intensa en algunas regiones, a una zona gris, en la que ha quedado expuesto el peso del crimen organizado en el orden local.
En ese contexto surge la propuesta de la ¡°paz total¡±. De acuerdo con el senador Iv¨¢n Cepeda, su principal ide¨®logo, es ¡°una soluci¨®n simult¨¢nea y global de todos los factores de violencia¡±. Aunque funcionarios y congresistas del Pacto Hist¨®rico han insistido en que no se negociar¨¢ con el crimen organizado, los criterios no son claros y abundan los mensajes contradictorios.
El Alto Comisionado para la Paz ha abierto la puerta para que todos los grupos manifiesten su intenci¨®n de hacer parte de la ¡°paz total¡±. Con cartas, videos y voceros, m¨¢s de una decena de organizaciones armadas y facciones criminales han respondido a ese llamado. Eso incluye no solo a las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, sino a bandas locales de car¨¢cter urbano.
Un buen ejemplo es lo que sucedi¨® la semana pasada en el puerto de Buenaventura, en la costa pac¨ªfica colombiana. D¨ªas despu¨¦s de que los medios de comunicaci¨®n difundieron enfrentamientos armados en uno de los barrios de la ciudad, el presidente Petro asegur¨® que ¡°Los Shotas¡± y ¡°Los Espartanos¡±, dos facciones de banda ¡°La Local¡±, ¡°estaban dispuestos a entrar en el di¨¢logo para la paz¡±.
En el pasado, capos del narcotr¨¢fico como Pablo Escobar y los Extraditables pretendieron saldar sus cuentas con el Estado por la v¨ªa pol¨ªtica. L¨ªderes de carteles y conocidos traficantes tambi¨¦n han buscado colarse en los procesos de paz con las guerrillas y los paramilitares; algunos lo consiguieron exitosamente posando como miembros de las autodefensas. En medio de esos procesos, los llamados lavaperros, como se denomina a las personas y grupos de menor importancia en el narcotr¨¢fico, se han desarmado, reciclado y tambi¨¦n trepado en la escala criminal.
Si bien estos grupos no llegan a tener una escala nacional, han logrado establecer gobernanza local en cascos urbanos y partes de las ciudades. Prestan sus servicios al mejor postor, garantizando el acceso a rutas y puertos, y cobrando cuentas. Adem¨¢s, extorsionan, imponen reglas y controlan los mercados locales de drogas. Su naturaleza es criminal pero tambi¨¦n ordenan e imponen su autoridad. Han hecho parte del conflicto armado y son una pieza fundamental para explicar la violencia en Colombia.
Entonces tiene todo el sentido pensar en que la paz tambi¨¦n los incluya, pero se requiere una estrategia clara para hacerlo.
El marco legal actual da pocas opciones para que se desarticulen a trav¨¦s de una negociaci¨®n con el sistema de justicia. La propuesta de ¡°acogimiento¡± que ser¨¢ discutida en el Congreso, tendr¨¢ que enfrentar debates que acotar¨¢n sus l¨ªmites y reducir¨¢n los incentivos que puede ofrecer el Estado. Son pocas las opciones con las que cuenta el Gobierno en un asunto que est¨¢ en el ¨¢mbito de los fiscales y los jueces.
El problema es que, en medio de los mensajes confusos, el efecto no deseado de la ¡°paz total¡± es que los grupos criminales pretenden arroparse con un discurso pol¨ªtico para acceder a un mejor espacio de negociaci¨®n. Los recientes comunicados revelan esta aspiraci¨®n, con un lenguaje reciclado de las insurgencias y el paramilitarismo. Las condiciones de mostrar control territorial, capacidad para hacer acciones militares y una estructura de mando reconocida, se convierten en incentivos para desplegar y justificar la violencia.
El gobierno Petro est¨¢ a tiempo para trazar claramente las fronteras entre las distintas rutas de la ¡°paz total¡±, con una estrategia que defina el tratamiento para los distintos grupos. La reciente propuesta de modificaci¨®n de la Ley de Orden P¨²blico, que brinda el piso jur¨ªdico para adelantar negociaciones con grupos armados, no logr¨® este prop¨®sito y, por el contrario, aument¨® la confusi¨®n. Mientras tanto las trayectorias de la violencia y el conflicto se han intensificado ante la ausencia de una estrategia territorial de seguridad que sea compatible y respalde la ¡°paz total¡±.
Si bien el sometimiento a la justicia depende en buena parte de la rama judicial, esto no significa que el Gobierno sea un espectador. Las treguas pueden conseguir reducciones de la violencia y, bien aprovechadas, pueden ser la oportunidad para fortalecer la presencia efectiva del Estado. A trav¨¦s de la pol¨ªtica criminal y de seguridad, se puede el influir en el comportamiento de las facciones criminales e impactar las redes de corrupci¨®n y protecci¨®n. Adem¨¢s, intervenciones locales pueden contribuir a disminuir el reclutamiento y abrir oportunidades a j¨®venes que son v¨ªctimas y victimarios.
La ¡°paz total¡± requiere de una estrategia espec¨ªfica para los grupos criminales locales, que debe evitar crear incentivos para que los lavaperros se conviertan en guerreros, abriendo un nuevo ciclo de la violencia en Colombia.
Juan Carlos Garz¨®n es investigador asociado de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz y experto en pol¨ªticas de seguridad y drogas.
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