La paz total es tambi¨¦n entre las comunidades y el Estado

En Colombia estamos acostumbrados a dar debates sobre sometimiento a la justicia, amnist¨ªa, justicia transicional y negociaciones de paz en todos los gobiernos. Con diferencias de cuatro u ocho a?os se pueden encontrar en el Congreso y en la opini¨®n p¨²blica debates similares sobre la necesidad de negociar con grupos armados, de car¨¢cter pol¨ªtico o no, incluir los derechos de las v¨ªctimas y garantizar por lo menos niveles m¨ªnimos de justicia y verdad. Los presidentes Andr¨¦s Pastrana, ?lvaro Uribe y Juan Manuel Santos, por mencionar algunos, han propuesto cada uno su propio modelo de negociaci¨®n.

La apuesta que el gobierno de Gustavo Petro ha llamado ¡°Paz Total¡± parte de la hip¨®tesis de que es viable y necesario intentar solucionar todo de una vez para no seguir hablando muchos a?os de lo mismo. Aunque quedan muchas preguntas sobre c¨®mo hacer eso que nadie antes ha logrado, la expectativa maximalista espera que esa visi¨®n se extienda al interior del Estado y a lo largo del tiempo frente a futuros gobiernos como lo explic¨® el jueves pasado el congresista ?lvaro Prada en Caracol y lo dice actualmente el proyecto de ley.

Ninguna de las dos preocupaciones es nueva. En el proceso de paz con las Farc, fue precisamente el actual Canciller ?lvaro Leyva quien propuso el blindaje de los acuerdos a trav¨¦s de su declaratoria como acuerdo especial del derecho internacional humanitario. Aunque eso no fue viable, al final lo que se logr¨® en esa materia permiti¨® que durante la ¡°Paz con Legalidad¡±, como se llamaba la pol¨ªtica de Iv¨¢n Duque, continuaran vigentes muchos aspectos de ese Acuerdo. Y en ese mismo proceso, el presidente Juan Manuel Santos siempre tuvo la idea de vincular a sus ministros a su pol¨ªtica de paz a trav¨¦s de un ¡°gabinete para la paz¡± buscando precisamente que las decisiones y actuaciones estuvieran alineadas con ese prop¨®sito. Lo distinto en este caso es que esa misma expectativa espera cumplirse en un momento en el que cambi¨® la relaci¨®n entre movimientos y organizaciones sociales, las comunidades hist¨®ricamente m¨¢s afectadas por el conflicto, y el actual gobierno.

La Paz que propone el gobierno de Petro espera poder basarse y nutrirse de experiencias de comunidades que han resistido de manera no violenta a los ataques y a la presencia de actores armados en sus zonas, de acuerdos humanitarios y de la visi¨®n de las comunidades como tomadores de decisiones m¨¢s que como terceros que aportan a acuerdos entre ¨¦lites. Es una paz que debe venir desde abajo, lo que representa un cambio de paradigma y una variaci¨®n importante en la manera como se han aproximado antes estas pol¨ªticas, en la visi¨®n del origen de la violencia, la manera como se ha venido pensando la participaci¨®n de la sociedad civil y la preparaci¨®n y el dise?o de procesos de negociaciones de paz sobre el que tanto hemos recogido lecciones en Colombia y el mundo.

Como siempre, buena parte de la carga de que esa paz funcione recae en el Estado, lo que resulta retador en un momento en que organizaciones de la sociedad civil est¨¢n en el proceso de hacer la transici¨®n a ser gobierno. El proyecto de ley de paz total le manda al Estado propender por ¡°un orden social justo que asegure la convivencia pac¨ªfica, la protecci¨®n de los derechos y libertades de las personas, con enfoque diferencial (¡­) tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desarrollo, el de su familia y su grupo social¡±. Pero las organizaciones desconf¨ªan profundamente de las instituciones.

Durante nuestro conflicto armado, para muchas de las comunidades que han tenido que hacer frente a la violencia, el victimario ha sido en buena parte el Estado. En los 170 municipios del pa¨ªs considerados en el Acuerdo de Paz con las Farc como m¨¢s vulnerables a la repetici¨®n de los ciclos de violencia, hay siempre una o muchas historias de un Alcalde, un Gobernador o un miembro de la Fuerza P¨²blica que se han asociado con grupos armados, han participado en negocios il¨ªcitos, se han llevado los recursos de escuelas o acueductos y han participado por acci¨®n y omisi¨®n en hechos de violencia. Eso lo conocen muy bien muchos sectores de este gobierno que se han encargado de ejercer un contrapeso al poder y denunciar por todos los medios su participaci¨®n en el conflicto.

Pero esa labor de denuncia, tantas veces sin respuesta, sumada a los numerosos incumplimientos a los distintos acuerdos a los que se ha llegado con m¨²ltiples gobiernos, han dejado una profunda desconfianza y una ruptura permanente entre la base social que apoy¨® este gobierno y la idea del poder del Estado y sus instituciones. Por lo menos 15 de los 32 departamentos del pa¨ªs tienen m¨¢s del 20% de su poblaci¨®n con las necesidades b¨¢sicas insatisfechas en materia de condiciones de vida digna, acceso a servicios p¨²blicos o a educaci¨®n y aunque le exigen al Estado su cumplimiento, eso no significa que conf¨ªen o quieran entregarle el poder y los recursos para encargarse de ello. De hecho, seg¨²n el Bar¨®metro de confianza Edelman 2021, la instituci¨®n en la que menos conf¨ªan los colombianos es en el Gobierno. Y en las poblaciones m¨¢s afectadas por el conflicto podr¨ªamos decir que la prevenci¨®n es a¨²n mayor frente a la Fuerza P¨²blica.

En IFIT el Instituto para las Transiciones Integrales, hemos trabajado en recomendaciones pr¨¢cticas sobre c¨®mo abordar las desigualdades estructurales de car¨¢cter pol¨ªtico, econ¨®mico, cultural y social en sociedades en conflicto para facilitar transiciones; y en c¨®mo construir contratos sociales que sean m¨¢s incluyentes en estos contextos. En cualquiera de los casos el rol de la comunidad y del Estado y la relaci¨®n entre ellos es determinante.

Por eso un desaf¨ªo m¨¢s, y uno grande, que se suma a la idea de que esta paz sea con todos los grupos armados, aborde las causas de la violencia y sea cumplida por todos los sectores del Estado ahora y en los gobiernos que vienen, es la de tejer esa relaci¨®n y reconstruir la confianza. No es una tarea f¨¢cil si se piensa que tanto el Estado como las instituciones son conceptos fr¨ªos y lejanos del ciudadano del com¨²n y a¨²n m¨¢s de las comunidades rurales, y que en muchos casos ser¨¢n actores que antes representaban a la sociedad civil quienes tendr¨¢n que hablar como Estado. Por eso ser¨¢ determinante que las narrativas de transformaci¨®n y cambio que utilice este gobierno tengan en com¨²n la idea de un trabajo conjunto entre las comunidades y las entidades, y el mensaje claro del rol que juega la institucionalidad en todo este proceso.

La implementaci¨®n del Acuerdo de Paz de La Habana ya inici¨® ese camino con amplia participaci¨®n de la sociedad civil y con la puesta en marcha de los programas de desarrollo con enfoque territorial que ser¨¢n determinantes en lo que se viene. Ahora la paz total tendr¨¢ que incluir entre sus tareas la de hacer la paz entre la comunidad y el Estado, recortar la distancia entre estos dos sectores y lograr la apropiaci¨®n de una visi¨®n institucional que estaba perdida entre las heridas del conflicto y las frustraciones del abandono estatal.

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