La violencia en Colombia mantiene a miles de ni?os sin clases presenciales

En el corregimiento de Piedritas, en el Valle del Cauca, hace unos d¨ªas las comunidades denunciaron que en medio la captura de un miembros de las disidencias, el Ej¨¦rcito Nacional se atrincher¨® en la escuela y desde all¨ª dispar¨®, poniendo en riesgo a los estudiantes que se encontraban dentro de la instituci¨®n. En otra parte del pa¨ªs, la personer¨ªa de Tame, Arauca, alert¨® la presencia de minas antipersona y trampas explosivas en la escuela Brisas de Cuiloto, en la vereda del mismo nombre.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, estas situaciones que ponen en riesgo a los estudiantes se han vuelto m¨¢s frecuentes, y las organizaciones humanitarias se?alan un incremento particular en las afectaciones contra los ni?os y sus entornos escolares. De acuerdo con la Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) los ataques a instituciones educativas van al alza, pues mientras en 2018 registraron 20, en 2021 fueron 35, y en el primer semestre de 2022 sumaron 16. El Observatorio de Ni?ez y Conflicto Armado de la oeneg¨¦ Coalici¨®n contra la vinculaci¨®n de ni?os, ni?as y j¨®venes al conflicto armado en Colombia (COALICO) indic¨® que las ocupaciones a instituciones educativas se presentaron en el Caribe y el Pac¨ªfico, como consecuencia de la presencia del llamado Clan del Golfo.

Los ataques a instituciones educativas es solo uno de los numerosos problemas que identific¨® el Equipo Humanitario Pa¨ªs (EHP), un espacio de coordinaci¨®n de agencias de Naciones Unidas y oeneg¨¦s. EHP advierte que hay ni?os que no pueden recibir clases presenciales ni educaci¨®n formal por cuenta de hechos que van desde amenazas hasta fuego cruzado, pasando por reclutamiento de grupos armados ilegales y desplazamientos masivos. Los departamentos m¨¢s afectados son Norte de Santander y Arauca, en zonas fronteriza con Venezuela, y Nari?o, Cauca y Choc¨®, precisamente en el Pac¨ªfico. Juan Gabriel Wells, director del Consejo Noruego para Refugiados para Colombia, Ecuador y Panam¨¢, explica a EL PA?S lo que han encontrado: ¡°Es extremadamente preocupante la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos alrededor y de camino a las escuelas. El costo de estudiar en la zona rural no deber¨ªa ser poner en riesgo la vida ni la integridad f¨ªsica¡±.

Adem¨¢s, la violencia ha puesto en la mira a muchos docentes, que suelen ejercer roles de liderazgos en sus comunidades. Solo en las ¨²ltimo mes FECODE, la central sindical de los educadores, registr¨® el asesinato de un profesor en Caquet¨¢ y otro en Norte de Santander. Las amenazas tambi¨¦n son un riesgo que crecimiento: la Asociaci¨®n de Institutores y Trabajadores de la Educaci¨®n del Cauca hizo un llamado al Gobierno para que atienda a los m¨¢s de 200 maestros amenazados en el Cauca.

La escuela, un entorno seguro

Desde 2016 Noruega y Canad¨¢ lideran la iniciativa internacional Escuelas Seguras, para ¡°proteger a los estudiantes, profesores, escuelas y universidades de los peores efectos del conflicto armado¡±. Escuelas Seguras tiene una declaraci¨®n que han suscrito 80 pa¨ªses, entre los que no figura Colombia. Durante los cuatro a?os del mandato de Iv¨¢n Duque diferentes organizaciones sociales insistieron en la importancia de que el Estado suscribiera el compromiso. No ocurri¨®.

Seg¨²n fuentes de la Canciller¨ªa, meses antes de acabar su mandato la administraci¨®n Duque prepar¨® un concepto para finalmente adherir a la declaraci¨®n, pero de forma condicionada. Aludiendo a temas de seguridad nacional, el Ministerio de Defensa se negaba a aceptar algunos puntos, como los referentes a bombardeos que involucraran menores de edad o al uso de instituciones educativas en el marco de combates.

Las organizaciones que lideran la iniciativa esperan que el nuevo Gobierno firme la declaratoria. Los ilusiona particularmente la participaci¨®n del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en septiembre en la conferencia ¡°La Educaci¨®n Bajo Protecci¨®n en Colombia¡± donde anunci¨® medidas para contener el impacto del conflicto sobre los ni?os: ¡°Hemos desarrollado una fase de exploraci¨®n y de acercamientos con diversos grupos armados solicitando, exigiendo, la importancia de un desescalamiento de la violencia, que permita que los ni?os, las ni?as, los j¨®venes, los profesores puedan participar en los procesos educativos formales¡±, asegur¨®.

Para las organizaciones humanitarias los compromisos con la educaci¨®n de la ni?ez no dan espera, como asegura Wells: ¡°Instamos a Colombia a seguir las acciones y directrices propuestas en la Declaraci¨®n que previene el uso de escuelas y ataques a la comunidad educativa¡±. A ese llamado se suma Felipe Cort¨¦s, director de incidencia y comunicaciones de Save The Children: ¡°El Gobierno tiene la oportunidad, despu¨¦s de 7 a?os, de responder al llamado de suscribir la declaraci¨®n de escuelas seguras, ahora para avanzar hacia una paz total¡±.

En el Consejo Noruego consideran que, en paralelo a una eventual adhesi¨®n, el Gobierno debe promover acciones inmediatas para contrarrestar los efectos que ya tiene la violencia sobre la educaci¨®n, como ¡°invertir en un mayor n¨²mero de docentes en las zonas rurales y en su formaci¨®n para que cuenten con herramientas de afrontamiento y apoyo psicosocial para ni?os y ni?as afectados por el conflicto armado¡±.

Precisamente, durante la 4? Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Nigeria en 2021, la voz protagonista fue la de los ni?os que representaban a m¨¢s de 10 pa¨ªses. En el encuentro, los ni?os crearon un manifiesto para exponer sus miedos, reclamar el cese de la violencia en su contra y pedirle a los gobiernos del mundo firmar un compromiso para su protecci¨®n. Sus exigencias fueron claras: ¡°Queremos hacer un llamamiento a la acci¨®n a todos los pa¨ªses del mundo. Queremos sentirnos seguros y dejar de preocuparnos por nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y amigas. No queremos seguir teniendo miedo¡±.

Aclaraci¨®n: el 16 de diciembre se actualiz¨® esta pieza. El Equipo Humanitario Pa¨ªs advirti¨® a este medio que la cifra de dos millones de ni?os, ni?as y adolescentes sin asistir de manera presencial a las escuelas que hab¨ªa entregado como informaci¨®n oficial, carec¨ªa de contexto. Esta cifra se registr¨® principalmente como consecuencia de la pandemia por COVID -19 y no como consecuencia de la violencia o el conflicto armado en el pa¨ªs, por lo tanto se rectifica de ella. El Pa¨ªs pide excusas a los lectores por el error cometido por la fuente citada.

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