El Gobierno de Gustavo Petro da un paso m¨¢s para liberar a cientos de detenidos de la primera l¨ªnea

El Gobierno de Gustavo Petro tiene 12 d¨ªas para cumplir su promesa de liberar a decenas de j¨®venes encarcelados por presuntos delitos cometidos durante las protestas. Los integrantes de la primera l¨ªnea, que apoyaron la candidatura de Petro y Francia M¨¢rquez, esperaban estar en sus casas antes. En campa?a, Petro les prometi¨® que si ganaba, ser¨ªan liberados, pero su intento por tramitar un indulto o una amnist¨ªa a trav¨¦s de la ley de Paz de Total fracas¨® y el Gobierno tuvo que corregir el proyecto antes de presentarlo al Congreso. Ahora busca cumplir con su promesa v¨ªa decreto. El presidente anunci¨® que los j¨®venes podr¨ªan estar con sus familias la noche de Navidad y este lunes se ha conocido el decreto con el que espera cumplirles.

El decreto, que no detalla el n¨²mero de personas que ser¨¢n liberadas ni precisa cu¨¢ndo empezar¨¢n a salir, crea una ¡°comisi¨®n intersectorial para la promoci¨®n de la paz, la reconciliaci¨®n y la participaci¨®n ciudadana¡±, en cabeza de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, y la direcci¨®n del Departamento Administrativo de Presidencia. Entre las funciones de la comisi¨®n, se?ala el documento, est¨¢ ¡°recomendar la admisi¨®n o exclusi¨®n de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el art¨ªculo 5 de la Ley 2272 de 2022¡å.

Jur¨ªdicamente no ser¨¢n gestores de paz, como lo han sido los miembros de grupos armados que han salido de las c¨¢rceles para ser parte de equipos negociadores en un proceso de di¨¢logo; los integrantes de la primera l¨ªnea ser¨¢n voceros. Seg¨²n la norma, bajo esta figura podr¨¢n acogerse personas ¡°de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz¡±.

Con el decreto, la comisi¨®n tiene libertad para expedir su propio reglamento y ¡°definir los lineamientos t¨¦cnicos y las condiciones para la implementaci¨®n de la ejecuci¨®n de la facultad presidencial¡± establecida en la ley de Paz Total. La comisi¨®n podr¨¢ determinar la continuidad o la exclusi¨®n de alg¨²n vocero, de acuerdo a una evaluaci¨®n y monitoreo del cumplimiento de sus obligaciones que har¨¢ la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se?ala el documento, que exige a la comisi¨®n reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente.

La figura con el que el Ejecutivo intenta liberar a los j¨®venes que no hayan sido condenados, ¨Del Gobierno ha dicho insistentemente que solo beneficiar¨ªa a quienes est¨¦n sindicados¨D ha despertado dudas jur¨ªdicas. Humberto de la Calle, que lider¨® los di¨¢logos de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, ha sido una de las voces cr¨ªticas a la medida anunciada por el Gobierno de Petro. ¡°La libertad de los integrantes de la primera l¨ªnea ha tenido un efecto m¨¢s divisivo que la idea misma de la Paz Total. Esto ha ocurrido porque las v¨ªctimas de guerrilla y grupos de alto impacto, viven en sitios remotos donde su voz se pierde. En cambio, la primera l¨ªnea afect¨® de manera severa grandes masas urbanas de clase media que se ubican en el epicentro del pa¨ªs y de la pol¨ªtica¡±, cuestiona el tambi¨¦n senador, que recoge las dudas que han surgido en la Justicia frente a la propuesta del Gobierno. ¡°Hasta el propio presidente de la Corte Suprema se?al¨® que la idea es que la ¨²ltima palabra la tuvieran jueces y fiscales. El Gobierno corre riesgo si precipita una soluci¨®n fr¨¢gil. Deso¨ªr a las Cortes en esta materia puede ser la semilla de futuros choques de trenes y puede desatar procesos de mayor polarizaci¨®n¡±, escribi¨® De la Calle en un comunicado.

¡°En el plano de la t¨¦cnica jur¨ªdica, hasta ahora lo que ha presentado el Gobierno tiene serias debilidades. Los gestores han contribuido a un proceso de paz y, en todo caso, hacen parte de grupos armados organizados. No es el caso de la primera l¨ªnea y si se aplica la noci¨®n de voceros, solo se podr¨ªan suspender las ¨®rdenes de captura, no hay autorizaci¨®n para suspender las medidas de aseguramiento ni suspender la ejecuci¨®n de las penas¡±, se?ala De la Calle, que cree que el decreto conocido este lunes no resuelve a¨²n los temas de fondo. ¡°Es un primer paso, una puesta en escena¡±, dice el senador.

Las dudas de la Procuradur¨ªa

La procuradora general de la Naci¨®n, Margarita Cabello, ha cuestionado el decreto con el que el presidente Gustavo Petro busca liberar a j¨®venes de la primera l¨ªnea. Cabello ha se?alado como problem¨¢tico que la elecci¨®n de quienes conformar¨¢n la comisi¨®n intersectorial haya sido determinada por el Gobierno y no est¨¦ regulada directamente por el Congreso de la Rep¨²blica. ¡°Podr¨ªa entregarse a una comisi¨®n la regulaci¨®n de c¨®mo van a escogerse a esos voceros¡±, sugiri¨® en declaraciones a W Radio. La Jefa del Ministerio P¨²blico tambi¨¦n plante¨® dudas sobre los criterios para determinar si la persona que se pretende liberar re¨²ne ¡°las condiciones o no para ser vocero de paz¡±.

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