Pasar de la palabra a la acci¨®n: el mensaje de los antiguos negociadores del acuerdo de paz a Petro

El presidente Gustavo Petro gan¨® las elecciones con la promesa de implementar el Acuerdo de Paz firmado entre las extintas FARC y el Estado y de revertir las dilaciones y problemas ocasionados durante el gobierno de Iv¨¢n Duque, un f¨¦rreo opositor del proceso. Sin embargo, a juicio de dos las dos cabezas negociadoras del Acuerdo, el Ejecutivo actual tampoco ha dado pasos urgentes para implementarlo correctamente y advierten sobre cinco grandes puntos que traban el proceso de paz que desarm¨® a 12.700 guerrilleros.

En una carta p¨²blica, el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle y el ex Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, manifiestan con preocupaci¨®n que ¡°las buenas intenciones¡± (de Petro) no se traducen a¨²n en avances en la gesti¨®n del Acuerdo. ¡°No desconocemos las buenas intenciones del Gobierno y estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Hacemos simplemente una invitaci¨®n a pasar lo antes posible de la palabra a la acci¨®n, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia¡±.

En primer lugar, les llama la atenci¨®n que, si el Acuerdo es prioritario para el Gobierno, no se haya designado todav¨ªa a un responsable de su ejecuci¨®n, incluyendo asegurar la articulaci¨®n entre distintas instituciones. Aclaran que el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien ha sido encargado recientemente de ello, no tiene el tiempo suficiente. Eso porque debe ocuparse de las negociaciones de paz con el ELN, que de la Calle y Jaramillo celebran, de los acercamientos con grupos de crimen organizado y de la implementaci¨®n del Acuerdo firmado en 2016. ¡°Es humanamente imposible que el Comisionado, adem¨¢s de todas esas tareas, se encargue eficazmente de la implementaci¨®n¡±, escriben.

Tambi¨¦n se?alan preocupaci¨®n porque no haya sido nombrado un ¡°director en propiedad¡± de la Agencia Nacional para la Reincorporaci¨®n y Normalizaci¨®n, que debe velar por los excombatientes. Desde la firma del Acuerdo han sido asesinados al menos 340 excombatientes. Petro fue un cr¨ªtico ac¨¦rrimo de Duque por la falta de protecci¨®n de los hombres que dejaron las armas. Como presidente nombr¨® a Gloria Cuartas como directora de la Unidad para la Implementaci¨®n del Acuerdo. Esa entidad depende del Alto Comisionado para la Paz y naci¨® despu¨¦s de la reestructuraci¨®n que hizo Petro de la Presidencia, en la que se eliminaron algunas consejer¨ªas como la de Estabilizaci¨®n y Consolidaci¨®n, encargada bajo Duque de la implementaci¨®n.

La falta de una estrategia clara de seguridad es otra las alertas que env¨ªan los antiguos negociadores. Efectivamente, a cuatro meses de mandato, Petro no ha logrado frenar el ba?o de sangre heredado de Iv¨¢n Duque: en lo que va de 2022 se han presentado 94 masacres con 354 v¨ªctimas, al menos 70.000 personas se han desplazado por amenazas de distintos grupos armados y el asesinato de l¨ªderes sociales, que el hoy presidente critic¨® con fiereza, no cesa. ¡°La experiencia colombiana ense?a que conversaciones de paz que no se acompa?an de una estrategia eficaz de seguridad, fracasan¡±, manifiestan en su carta p¨²blica.

De la Calle y Jaramillo valoran la centralidad que el Gobierno da a la reforma rural, nuez del acuerdo de paz. Aplauden el ¡°incremento significativo¡± de recursos para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural, que ayudar¨ªa a implementar el punto uno del Acuerdo. Pero se?alan falencias en otras instancias que pueden dejar coja la implementaci¨®n y ponen como ejemplo que el Ministerio de Salud no ha presentado el Plan de salud rural.

Destacan tambi¨¦n el inter¨¦s manifiesto del presidente por el Programa de sustituci¨®n voluntaria de cultivos de uso iIl¨ªcito (PNIS) y piden que se establezca una ¡°hoja de ruta para implementar de manera vigorosa el programa con enfoque territorial como propone el Acuerdo. Los cultivos de coca alcanzaron 204.000 hect¨¢reas durante el ¨²ltimo a?o del gobierno de Duque, lo que supone el mayor crecimiento anual desde que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingl¨¦s) lleva registros. ¡°Es bien conocida la relaci¨®n directa que existe entre la presencia de cultivos de coca y de organizaciones criminales en los territorios, por una parte, y el asesinato de l¨ªderes sociales, por otra¡±, afirman.

Los negociadores del Acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos advierten que en el Plan de Desarrollo propuesto por el Gobierno Petro se refleja un compromiso con la implementaci¨®n incluso muy por debajo del de Duque. Mientras en el gobierno anterior hab¨ªa 48 indicadores para medir los avances, en el de Petro apenas encuentran 8. Eso deja sin objetivos claros varios de los asuntos centrales del acuerdo, como la reforma rural, la sustituci¨®n de cultivos o el cumplimiento a las v¨ªctimas. ¡°Lo que los gobiernos no miden, no lo hacen¡±, advierten.

Finalmente, manifiestan que ahora m¨¢s que nunca se debe proteger a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada durante el Acuerdo. En las ¨²ltimas semanas la JEP ha presentado las posibles sanciones para los excomandantes guerrilleros, as¨ª como para agentes estatales que cometieron cr¨ªmenes de lesa humanidad. En la carta, piden que ¡°se cumplan las sanciones correspondientes¡± y que el Gobierno destine los recursos necesarios para que sean efectivas. Adem¨¢s, de cara a la propuesta de paz total, con la que Petro busca negociar con todos los grupos armados, advierten que la JEP no debe ser reformada y ¡°mucho menos incluir en ella organizaciones criminales que nada tienen que ver con sus prop¨®sitos¡±.

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