Los contratos de comunicaci¨®n p¨²blicos que han encendido la pol¨¦mica en Colombia

La atenci¨®n se pos¨® sobre Lalis, una reconocida influenciadora af¨ªn al presidente Petro, por un hilo de Twitter publicado en la tarde del domingo. En ¨¦l Daniel Brice?o, un abogado y tuitero que trabaja en el concejo de Bogot¨¢, denuncia la existencia de varios contratos de la entidad estatal Colombia Compra Eficiente que a su juicio son reprochables. En los dos que m¨¢s han dado de qu¨¦ hablar, Laura Daniela Beltr¨¢n Palomares, m¨¢s conocida por su nombre de redes sociales, se vincula con el ente que desarrolla pol¨ªticas p¨²blicas de contrataci¨®n estatal para asesorar su estrategia de comunicaci¨®n. En otros, dos empresas con v¨ªnculos a Hollman Morris, un periodista y pol¨ªtico petrista, recibieron sumas multimillonarias por un an¨¢lisis de datos y por la producci¨®n de unos comerciales, respectivamente. Estos, y varios otros contratos, han precipitado un fuerte debate ¨¦tico en el pa¨ªs sobre la transparencia en la contrataci¨®n p¨²blica.

Eso es precisamente lo que buscaba Brice?o, que se ha dado a conocer con denuncias similares en el pasado y quien considera que es su deber vigilar los gastos p¨²blicos para evitar los derroches. ¡°Me llama la atenci¨®n en primer lugar el monto de los contratos y los t¨¦rminos; contratos de 16 d¨ªas son muy extra?os si no es en un contexto de emergencia¡±, cuenta por tel¨¦fono. Brice?o se refiere, por un lado, a los $10.645.161 (2.345 d¨®lares) y $51.596.774 (11.367 d¨®lares) que recibir¨ªa Beltr¨¢n por dos meses de trabajo en 2022, y 11 meses en 2023, respectivamente. Pero tambi¨¦n al contrato otorgado a la empresa We Love Data por $100.000.000 (22.000 d¨®lares) por elaborar una propuesta de segmentaci¨®n de p¨²blico para la publicidad de la entidad en 14 d¨ªas, o al que estipula que la productora Programar Televisi¨®n har¨ªa 5 videos en las ¨²ltimas dos semanas de diciembre de 2022 a cambio de $130.000.000 (28.600 d¨®lares). Seg¨²n las pruebas aportadas por Brice?o, ambas empresas tienen al Tercer Canal, dirigido por Hollman Morris, como establecimiento de comercio.

Una vez publicada, la denuncia de Brice?o se esparci¨® r¨¢pidamente por las redes. La principal cr¨ªtica que suscit¨® fue la falta de transparencia en la contrataci¨®n: algunos acusaban al gobierno de beneficiar arbitrariamente a quienes los apoyan; otros, como el representante petrista Agmeth Escaf, relacionaron los contratos de la influenciadora con su actividad en redes sociales, muy favorable con la gesti¨®n del presidente y varios de sus aliados. Adem¨¢s, en la marea de trinos resurgieron algunos en los que la propia Lalis hab¨ªa criticado a la abogada y tuitera Natalia Bedoya por contratos que ella ten¨ªa con dos ministerios del Gobierno del presidente Iv¨¢n Duque para asesor¨ªa en comunicaci¨®n.

En el fondo del debate est¨¢ si es reprobable entregarle dinero p¨²blico a figuras que generan contenido positivo para el gobierno o critican a los opositores, dice Camilo Granada, consultor de comunicaciones que ha trabajado en campa?as pol¨ªticas y fue alto consejero presidencial para las comunicaciones de Juan Manuel Santos. ¡°Este tipo de asesor¨ªas no son extraordinarias, ni ileg¨ªtimas, ni ilegales en el sector p¨²blico. La pregunta que cabe es: ?qu¨¦ es lo que se est¨¢ comprando? ?La experiencia de una persona que ha estado trabajando en medios y que tiene conocimiento en comunicaciones, o se est¨¢n contratando opiniones en las redes, en este caso de influencers, para que hablen bien del Gobierno? Son dos cosas distintas¡±, explica.

Una mirada detallada al contrato de Beltr¨¢n deja ver que, en su caso, no hay irregularidades sobre el papel: se estipula que el trabajo es ¡°asesorar¡±, se detallan ciertas tareas y no se habla de su actividad a nombre propio en las redes sociales. Asimismo, los montos de los contratos no son sobresalientes cuando se dividen por meses, pues salen a menos 5 millones de pesos al mes. Adem¨¢s, como no son contratos laborales sino de prestaci¨®n de servicios, el contratista debe pagar la seguridad social, y finalmente el ingreso es menor. En esa l¨ªnea, justamente, Lalis respondi¨® al denunciante: ¡°Soy profesional y hago asesor¨ªas de comunicaciones. ?El ¨²nico que puede hacer activismo y trabajar en entidades estatales es usted?¡±, replic¨® en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el segundo contrato es por 11 meses, casi todo 2023, cuando la misma entidad emiti¨® una directiva para que todas las entidades del Estado redujeran este tipo de contrataciones y las hicieran m¨¢ximo por cuatro meses este a?o. ¡°Para la vigencia 2023, las Entidades Estatales destinatarias de la presente circular podr¨¢n suscribir los contratos de prestaci¨®n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti¨®n que se encuentren justificados en las razones antes se?aladas, en principio, por plazos que no superen los cuatro meses¡±, dice la circular conjunta 01 de 2023.

Los contratos a empresas con v¨ªnculos a Hollman Morris son por montos mucho mayores, aunque es muy dif¨ªcil saber -como dijo en su cuenta de Twitter el congresista Escaf- si se trata de derroche o si las cifras son infladas, por las m¨²ltiples variables que definen el precio final de ese tipo de servicios. La duraci¨®n y las fechas de la firma de los contratos, a dos semanas del final del a?o, encienden las alarmas, pues es usual que las entidades gasten el presupuesto que tienen disponible en el remate de cada a?o: si no lo gastan, el Estado entiende que no lo necesitar¨¢n al a?o siguiente y les recortar¨¢n las partidas, y al hacerlo a las carreras de paso ayudan a empresas amigas. Finalmente, el hecho de que hasta el momento apenas se haya publicado uno de los cinco videos en YouTube, donde ha tenido unas 60 mil visualizaciones, pone en duda la eficacia de los contratos.

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