Ind¨ªgenas presionan al Gobierno por el mal estado de las escuelas y la crisis educativa en sus resguardos

Muchos ni?os y adolescentes Ember¨¢ Cham¨ª de los resguardos cercanos a Mistrat¨®, Risaralda, tardan entre cuatro y cinco horas en llegar a la Instituci¨®n Educativa Purenbar¨¢. Ir a tomar sus clases se ha vuelto todo un riesgo. En el camino se encuentran con obst¨¢culos como puentes rotos, inundaciones y grupos armados. A¨²n as¨ª es la instituci¨®n m¨¢s cercana a sus resguardos y atiende a 33 veredas de la zona. Dada la lejan¨ªa, los alumnos deben viajar cada lunes para pasar toda la semana en la escuela y volver a sus respectivas comunidades los viernes. Algunos toman las lecciones diarias en el suelo o en pupitres en mal estado. Tampoco cuentan con bater¨ªas sanitarias adecuadas, por lo que han tenido que improvisar letrinas al aire libre.

Las condiciones de la instituci¨®n Purenbar¨¢ se replica en las 32 escuelas etnoeducativas del departamento de Risaralda, que est¨¢n en emergencia. As¨ª lo diagnostic¨® el CVII Congreso del Consejo de Autoridades Tradicionales Ind¨ªgenas de Risaralda (CRIR) que agrupa a 11 autoridades tradicionales y que tiene presencia en nueve municipios de este departamento al noroccidente de Colombia. De acuerdo con los l¨ªderes ind¨ªgenas, la mayor¨ªa de infraestructuras se construyeron hace 30 o 40 a?os y desde entonces no han tenido ning¨²n tipo de mantenimiento o adecuaci¨®n. Por ello, las comunidades originarias, incluidos los profesores y estudiantes, decidieron entrar en paro hasta que obtengan una respuesta integral del Gobierno nacional.

Hasta el momento hay m¨¢s de cinco mil ni?os y j¨®venes sin clases. ¡±No hay cancha, no hay parques, no hay elementos recreativos para los m¨¢s peque?os. Muchos toman clases en el suelo. A¨²n as¨ª pretenden llamarles residencias escolares¡±, denuncia Norberto Wazorna, profesor en Mistrast¨®. Las numerosas problem¨¢ticas las sufren a lo largo del Risaralda, donde habitan aproximadamente 32.000 ind¨ªgenas. Veredas como Pueblo Rico, Marsella y Bel¨¦n suman alrededor de 3.000 alumnos entre los 5 y 13 a?os que estudian en aulas inseguras e insalubres.

El pasado mes de febrero, la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n ya hab¨ªa advertido las graves condiciones de la infraestructuras escolar en las instituciones oficiales de todo el pa¨ªs. En el documento, el ministerio p¨²blico evidenci¨® que 82,2% de las sedes encuestadas no cumplen con acceso a servicios p¨²blicos b¨¢sicos. Asimismo, la entidad asever¨® que los resultados del Gobierno en el mejoramiento y ampliaci¨®n de infraestructura educativa a trav¨¦s del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) han sido m¨ªnimos conforme a lo que se proyect¨® en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).

Los magisterios ind¨ªgenas reclaman el cumplimiento de otras deudas hist¨®ricas con la educaci¨®n de sus pueblos, no solo en t¨¦rminos de construcciones. Por ejemplo, piden garantizar los m¨ªnimos dentro de estos centros, como conectividad a internet y acceso a agua potable. Esto, adem¨¢s de la puesta en marcha programas educativos que reconozcan su cultura y ancestralidad y promuevan la diversidad ling¨¹¨ªstica. Las afectaciones no son solo para los estudiantes. Los etnoeducadores han venido dando una batalla de a?os para que se les reconozcan sus derechos.

En 2021, 284 profesores pertenecientes a los pueblos Pijao, Aw¨¢, y Zen¨² interpusieron una tutela ante la negativa del Gobierno para inscribirlos en el escalaf¨®n de los docentes. La Corte Constitucional fall¨® a su favor y el a?o pasado, el entonces ministro de Educaci¨®n, Alejandro Gaviria, anunci¨® un acuerdo con los educadores ind¨ªgenas para establecer un sistema transitorio de equivalencias. Inicialmente, el decreto se deber¨ªa protocolarizar antes del 4 de noviembre del 2022, pero eso no sucedi¨®. La nueva ministra, Aurora Vergara, no se ha pronunciado al respecto. Lo que tampoco pas¨® fue brindarles garant¨ªas para ejercer su labor. ¡°Muchos maestros tienen que vivir en las residencias escolares donde ni siquiera hay cobijas o colchones suficientes. Otros solo han sido vinculados provisionalmente o por temporadas. As¨ª no tengamos contrato nosotros seguimos trabajando, pero es una injusticia¡±, dice Maria Holinda Niaza, educadora ember¨¢ en Risaralda, y maestra en temas de lengua propia.

A las peticiones que hacen los etnoeducadores, se sumaron reclamos al ya pol¨¦mico Programa de Alimentaci¨®n Escolar (PAE) que, a su juicio, no se ha implementando teniendo en cuentas las particulares de las comunidades y su Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho propio. Una queja que no es nueva, pues los l¨ªos con el PAE son una constante. Tan solo en lo que va del 2023, la Procuradur¨ªa General de la naci¨®n ha abierto una decena de investigaciones por sobrecostos millonarios, anomal¨ªas e irregularidades en la contrataci¨®n de este proyecto en departamentos como Boyac¨¢, Antioquia y Cesar, entre otros.

Mientras que el panorama educativo a nivel nacional es preocupante, en particular para las comunidades ind¨ªgenas, las autoridades de estos pueblos no piensan dar el brazo a torcer en sus demandas. Alertan que seguir¨¢n a la espera de que las entidades competentes se hagan presentes en los resguardos y lleguen a acuerdos que finalmente se cumplan y garanticen el derecho a la educaci¨®n digna de miles de ni?os. De lo contrario, aseguran, ¡°la asamblea no se levantar¨¢ y la suspensi¨®n de actividades escolares continuar¨¢ hasta que el Gobierno d¨¦ soluciones de fondo a las exigencias¡±.

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