Medell¨ªn: negociar la paz cuando no hay guerra

Si hay un lugar en Colombia donde la criminalidad tiene peso simb¨®lico, social, pol¨ªtico, cultural y econ¨®mico significativo, es Medell¨ªn y su ¨¢rea metropolitana. De ah¨ª la importancia del anuncio del inicio de la mesa de di¨¢logo con una representaci¨®n de las estructuras armadas del Valle de Aburr¨¢, conocidas como combos. Es el arranque de uno de los cap¨ªtulos de la paz urbana y el lanzamiento de otro de los tableros de negociaci¨®n, el m¨¢s retador, de la paz total de Gustavo Petro.

Para entender las implicaciones de este anuncio, surgen preguntas sobre la seguridad en esa zona del pa¨ªs, los riesgos del di¨¢logo y las oportunidades para la paz.

Sobre cu¨¢l guerra es la que se quiere negociar, los datos del Sistema de Informaci¨®n para la Seguridad y la Convivencia de Medell¨ªn se?alan que la ciudad pas¨® de una tasa de homicidio de 26,16 en 2018 a 14,89 en 2022. Eso significa: de 635 casos a 389 anuales.

Para este a?o (entre el 1 de enero y 3 de junio) los casos han disminuido un 13,7% en comparaci¨®n con 2022. Ampliando un poco la zona de an¨¢lisis, en el ¨¢rea metropolitana, que agrupa 10 municipios, la tasa de homicidios pas¨® de 16,69 en 2018 a 9,99 en 2022.

Si bien no se puede decir que la situaci¨®n de homicidios de Medell¨ªn sea de ¨¦xito, mucho menos si se compara con estad¨ªsticas internacionales, s¨ª estamos lejos de las cifras que en los a?os noventa hicieron de la capital de Antioquia la ciudad m¨¢s violenta del mundo. Hoy no hay una guerra, la reducci¨®n de la violencia que se inici¨® por la pandemia se mantiene y ni siquiera podr¨ªa afirmarse que hay enfrentamientos o disputas entre los combos.

El Gobierno ha dicho que esa reducci¨®n es consecuencia de la fase reservada de di¨¢logos que se inici¨® oficialmente en agosto de 2022, cuando el presidente Petro asumi¨® el cargo, aunque los acercamientos empezaron desde la campa?a. Esto va en contrav¨ªa de la ret¨®rica institucional del alcalde Daniel Quintero y de los organismos de seguridad, en especial de la Polic¨ªa, que le atribuyen esos ¨¦xitos a sus pol¨ªticas y estrategias.

Al final, como ya ha pasado en Medell¨ªn, la baja de homicidios se da por la coincidencia de despliegue institucional y la clara intenci¨®n de los combos por disminuir la atenci¨®n que genera la violencia. Los combos tienen el sart¨¦n por el mango para definir cu¨¢ndo se dan los homicidios.

Si la mesa de di¨¢logo sociojur¨ªdico empieza en medio de la calma impuesta por los combos, es clave evidenciar los riesgos m¨¢s significativos que enfrenta este proceso para que sea exitoso.

El primero tiene que ver con c¨®mo se va a negociar. El alto comisionado Danilo Rueda se?ala que se est¨¢ iniciando la fase de di¨¢logos (segunda fase del proceso luego de los acercamientos reservados), pero a la vez habla de que se constituir¨¢ un espacio con la ciudadan¨ªa y los liderazgos sociales. Todo esto en una mezcla de t¨¦rminos que hacen dif¨ªcil entender si se est¨¢ hablando de una negociaci¨®n de paz o de un proceso de sometimiento a la justicia.

Pocas dudas puede haber de que los combos de Medell¨ªn son la expresi¨®n m¨¢s colombiana del crimen organizado, por lo que no cabr¨ªa una negociaci¨®n de paz como las anteriores. Pero si el camino del di¨¢logo es el sometimiento a la justicia falta algo crucial: el lanzamiento de las conversaciones se hizo sin que el legislativo aprobara la ley de sujeci¨®n que dar¨¢ el soporte jur¨ªdico al proceso. As¨ª las cosas, arranca una mesa de di¨¢logos que no tiene patas y sin el carpintero que la puede arreglar, la Fiscal¨ªa, que brill¨® por su ausencia en el evento y que es imprescindible para el sometimiento.

Esto lleva al segundo de los riesgos: ?qu¨¦ se va a negociar? Si se tratara de un proceso que busca ¨²nicamente someter a la justicia a los pelaos de los combos, estar¨ªamos ante un di¨¢logo jur¨ªdico encaminado a su desarme y reinserci¨®n. El problema es que, tanto en los comunicados como en las intervenciones del Gobierno y de los representantes de los combos, los mensajes son confusos: hablan de una agenda que incluye el modelo de reincorporaci¨®n, mecanismos de reconocimiento de responsabilidad y acercamiento a las v¨ªctimas. Hasta ah¨ª todo parece normal, pero tambi¨¦n se mencionan aportes para transformaciones sociales, ambientales, territoriales y urbanas, e intervenciones integrales del Estado, lo que pone en duda si esto es realmente lo que se debe dialogar con los combos.

El tercer riesgo es con qui¨¦n se va a dialogar. Lo que vimos en el acto p¨²blico muestra que el di¨¢logo se hace con los jefes que est¨¢n encarcelados, lo que implica considerar qu¨¦ tanto control tienen y si hay otros mandos que habr¨ªa que integrar a la conversaci¨®n. No es claro si mandan los que est¨¢n encerrados o los de afuera, aunque sea poco probable que desde la c¨¢rcel se puedan controlar 350 combos, seg¨²n investigaciones de Santiago Tob¨®n y sus colegas. De acuerdo con el Gobierno, estamos hablando de entre 12.000 y 14.000 integrantes.

Minimizar la pregunta de qui¨¦n manda, profundizar la distancia entre los jefes encarcelados y los que est¨¢n en las calles, y desestimar la importancia de generar incentivos correctos para que los mandos medios consideren dejar de lado el lucro que podr¨ªan tener si llegan a ocupar el puesto de los jefes que negocian, pueden ser los pasos iniciales para una nueva guerra y no la pretendida paz.

Pese a estas advertencias, hay espacio a cierto optimismo. Lo que ocurre en Medell¨ªn es una oportunidad para entender c¨®mo se logr¨® armar a miles de j¨®venes y establecer entramados de gobierno criminal, as¨ª como comprender la corrupci¨®n, funcional a la existencia de los combos, y la manera como se relacionan con la criminalidad transnacional, empezando por la mexicana.

No hay que minimizar lo relevante que es tener a Vallejo, Tom, Monta?ero, Saya, Alber, Carlos Pesebre, Compa, Juan 23, Iv¨¢n el Barbado, Gran Pa, Lindolfo, Perica, Clemente, Don Pepe, Chaparro y Mundo Malo, dispuestos a conversar con el Estado.

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