Petro se niega a ejecutar una sanci¨®n de la Procuradur¨ªa sobre un alcalde

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a enfrentarse con la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n. En una carta fechada el martes y divulgada este jueves por W Radio, el mandatario se ha negado a implementar la suspensi¨®n del alcalde de Riohacha (La Guajira), Jos¨¦ Ramiro Berm¨²dez Cotes, a quien no es pol¨ªticamente cercano. ¡°Se consumar¨ªa la violaci¨®n de los derechos humanos pol¨ªticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado¡±, se lee en la misiva, que cita la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos¨¦) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La procuradora, Margarita Cabello, ha respondido que el mandatario desconoce las atribuciones que le otorga la Constituci¨®n. ¡°Ojal¨¢ que no se rompa la democracia¡±, ha declarado este jueves en un foro en Bogot¨¢.

El motivo del nuevo enfrentamiento es la decisi¨®n del Ministerio P¨²blico de suspender durante tres meses a Berm¨²dez Cotes, justamente en el periodo de campa?a previo a las elecciones locales del 29 de octubre. La fundamentaci¨®n se refiere a presuntas irregularidades en la contrataci¨®n de la red de alcantarillado y acueducto de Riohacha: entre ellas, realizar el proceso sin tener informaci¨®n actualizada sobre los bienes implicados, carecer de un estudio sobre la provisi¨®n de los servicios p¨²blicos domiciliarios en el ¨¢rea rural y no incluir condiciones para garantizar el acceso al agua por parte de la comunidad Wayuu. ¡°Los elementos de juicio arrimados al proceso evidencian que la permanencia en el cargo del investigado posibilita la reiteraci¨®n de la falta¡±, justific¨® la entidad en abril.

El Gobierno nacional es el que debe ejecutar la suspensi¨®n y nombrar un reemplazo provisional de Berm¨²dez. Pero, argumenta el presidente, es tambi¨¦n una obligaci¨®n del Ejecutivo ¡°garantizar el cumplimiento del art¨ªculo 23 de la Convenci¨®n ADH y ratificar los est¨¢ndares convencionales de los fallos de la Corte IDH¡±. Seg¨²n ¨¦l, cumplir con el pedido de la Procuradur¨ªa pondr¨ªa al pa¨ªs en riesgo de ser demandado por un ¡°presunto acto il¨ªcito internacional¡±.

El argumento del mandatario se fundamenta en varias sentencias, entre ellas la que lo favoreci¨® a ¨¦l mismo cuando demand¨® a Colombia por su breve destituci¨®n como alcalde de Bogot¨¢ en 2013. Entonces, la Corte IDH declar¨® que solo los jueces penales pueden sancionar a funcionarios electos por voto popular, como es el caso de los alcaldes en Colombia. Las autoridades administrativas, como la Procuradur¨ªa, solo tienen potestad de ¡°vigilancia¡±. ¡°Una medida cautelar constituye una clara restricci¨®n de los derechos pol¨ªticos¡±, se lee en la justificaci¨®n del presidente. ¡°Los derechos y garant¨ªas fundamentales deben primar sobre cualquier otra norma¡±, a?ade.

La procuradora funda su interpretaci¨®n alternativa en la Constituci¨®n pol¨ªtica de 1991, norma que tiene la misma jerarqu¨ªa en Colombia que el Pacto de San Jos¨¦, y en una tesis que se ha aplicado en el pa¨ªs de forma sostenida. ¡°La Corte Constitucional avala a la Asamblea Constituyente, que determin¨® que la investigaci¨®n, el juzgamiento y la sanci¨®n contra servidores p¨²blicos, la debe realizar la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n¡±, asegur¨® Cabello despu¨¦s de que la carta del presidente se hiciera p¨²blica. Seg¨²n ella, el pa¨ªs sudamericano es un caso especial que necesita que estas funciones no se restrinjan a los jueces penales: ¡°La lucha contra la corrupci¨®n en Colombia sobrepasa los l¨ªmites, casi que del mundo entero¡±.

¡°Todas las autoridades, incluyendo el presidente de la Rep¨²blica, tienen que obedecer las decisiones del ¨®rgano m¨¢ximo que determina la legalidad del Estado de Derecho en nuestro pa¨ªs¡±, ha remarcado la procuradora. Para ella, Petro desconoce el Estado social de derecho e incumple ¡°una orden constitucional¡±.

Ante el debate jur¨ªdico que cre¨® la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro, la Corte Constitucional tom¨® una posici¨®n intermedia el pasado febrero. Estableci¨® que la Procuradur¨ªa no puede suspender o destituir a funcionarios electos por voto popular, pero puede investigar y determinar sanciones que ser¨¢n efectivas si despu¨¦s consiguen el aval del Consejo de Estado, el m¨¢ximo tribunal para asuntos administrativos de la justicia colombiana. La decisi¨®n tumb¨® una reforma al Ministerio P¨²blico en 2021, realizada con el objetivo de sortear las sentencias de la Corte IDH.

Petro considera que la Corte no ha sido lo suficientemente contundente en limitar a la Procuradur¨ªa. ¡°L¨¢stima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibici¨®n solo a funcionarios elegidos, a ninguna persona se le pueden quitar sus derechos pol¨ªticos, sino por sentencia de juez penal¡±, declar¨® en Twitter tras la decisi¨®n de febrero. Entonces, anunci¨® que su Gobierno presentar¨¢ un proyecto para legislar al respecto, aunque no dio m¨¢s detalles. Asimismo, durante la campa?a presidencial del a?o pasado, afirm¨® que su intenci¨®n es eliminar al Ministerio P¨²blico como autoridad administrativa y llevar sus funciones a la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n.

M¨¢s all¨¢ de las interpretaciones jur¨ªdicas, los enfrentamientos entre Petro y Cabello tienen un alto componente pol¨ªtico. La procuradora, exministra de Justicia del Gobierno de Iv¨¢n Duque, es una de las principales rivales del mandatario y de su movimiento pol¨ªtico. En mayo, la bancada del Pacto Hist¨®rico en el Legislativo denunci¨® un ¡°claro hostigamiento¡± del Ministerio P¨²blico por la posible suspensi¨®n de seis congresistas afines al presidente. ¡°Hay una politizaci¨®n contra el Gobierno de Gustavo Petro y la bancada del Pacto Hist¨®rico por parte de la Procuradur¨ªa y la Fiscal¨ªa¡±, declar¨® el grupo parlamentario en referencia a Cabello y al fiscal Francisco Barbosa, el otro rival del Ejecutivo.

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