La JEP asciende en la cadena de mando y va por los m¨¢ximos responsables del Ej¨¦rcito en el caso de los ¡®falsos positivos¡¯

Despu¨¦s de cinco a?os de investigaci¨®n sobre los llamados falsos positivos, muertes de civiles presentadas falsamente como bajas en combate, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) se concentrar¨¢ en ascender en la cadena de mando militar. Esta nueva fase se dirigir¨¢ a determinar las m¨¢ximas responsabilidades de altos mandos del Ej¨¦rcito Nacional, algo que las v¨ªctimas exigen y han resumido en la famosa frase ¡°?Qui¨¦n dio la orden?¡±.

El magistrado de la JEP, ?scar Parra ha explicado que con esa metodolog¨ªa, ¡°no se atribuir¨¢ responsabilidades a altos mandos militares, bas¨¢ndose ¨²nica y exclusivamente en su jerarqu¨ªa o posici¨®n de mando¡±, sino que determinar¨¢n si esos altos mandos ¡°tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los cr¨ªmenes¡±, o ¡°si participaron de manera directa o indirecta, por acci¨®n u omisi¨®n en las pol¨ªticas o patrones de macro criminalidad y si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los cr¨ªmenes, teniendo los medios para hacerlo¡±.

La nueva fase trae, adem¨¢s, la posibilidad de que los expresidentes ?lvaro Uribe y Juan Manuel Santos sean llamados como testigos en la investigaci¨®n de los falsos positivos. ¡°La JEP llamar¨¢ como testigos a aquellos agentes no integrantes de la fuerza p¨²blica que hicieron parte del Gobierno nacional y que hubieran podido tener acceso a informaci¨®n sobre la comisi¨®n de los cr¨ªmenes y sobre las medidas institucionales tomadas para prevenirlos¡±, agreg¨® Parra. Para la ¨¦poca en la que se presentaron la mayor¨ªa de las ejecuciones de civiles, Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa y ?lvaro Uribe, el presidente.

La investigaci¨®n nacional de los falsos positivos, sin embargo, se circunscribir¨¢ solamente a los a?os 2005 y 2008. Esto ha generado cr¨ªticas de representantes de v¨ªctimas. Entre esos a?os, explica la JEP, se present¨® el pico m¨¢s alto de cr¨ªmenes registrados; se tomaron decisiones de estrategia militar que habr¨ªan incidido en la din¨¢mica de victimizaci¨®n y, con posterioridad al 2005, se habr¨ªa consolidado el patr¨®n criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presi¨®n de resultados.

Uno de los militares de mayor rango investigados es el general Mario Montoya que fue comandante de la S¨¦ptima Divisi¨®n entre 2004 y 2005 y en 2006 lleg¨® a ser comandante del Ej¨¦rcito Nacional. Su nombre ha sido mencionado en 24 versiones rendidas por comparecientes que est¨¢n vinculados al caso 03. Uno de ellas se conoci¨® p¨²blicamente en Dabeiba (Antioquia). ¡°No ¨¦ramos casos aislados. Esta pr¨¢ctica se vuelve sistem¨¢tica con la llegada del general (Mario) Montoya a la S¨¦ptima Divisi¨®n. Este general efectuaba programas radiales donde nos dec¨ªa: Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotancados de sangre¡±, relat¨® el sargento Fidel Ochoa.

Montoya ya estaba siendo investigado como comandante de la Cuarta Brigada (entre 2000 y 2003) en el subcaso de Antioquia y ser¨¢ llamado nuevamente en la fase de investigaci¨®n nacional. ¡°Esta regi¨®n acumula una cuarta parte de los falsos positivos de todo el pa¨ªs. Entre 2002 y 2008 en Antioquia son m¨¢s de 1.500 hechos¡±, agreg¨® la magistrada Catalina D¨ªaz.

Hasta el momento el n¨²mero de v¨ªctimas se cifra en 6.402 civiles asesinados. El pa¨ªs ha observado audiencias de reconocimiento en las que comandantes de batallones y unidades, as¨ª como suboficiales han admitido que asesinaron a civiles que estigmatizaron como guerrilleros, a habitantes de calle y personas desempleadas que reclutaban con falsas promesas de trabajo y que lo hac¨ªan a cambio de viajes y descansos.

En total, la JEP ha imputado a 59 m¨¢ximos responsables y tres part¨ªcipes no determinantes. El 90 por ciento de estos han reconocido haber cometido o participado en la comisi¨®n de esos cr¨ªmenes. Desde la creaci¨®n de la Jurisdicci¨®n, tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, hasta el momento, 3.582 militares se han sometido a la JEP. A cambio de entregar informaci¨®n y verdad, estos militares pueden someterse a sanciones que no necesariamente los env¨ªan a prisi¨®n.

La prioridad en la investigaci¨®n sobre los falsos positivos ha estado concentrada en las regiones de Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Meta, Huila y el cementerio de Las Mercedes en Dabeiba. Por eso, la decisi¨®n de la JEP de no abrir nuevos subcasos territoriales, anunciada este lunes, ha sido criticada por algunos abogados de las v¨ªctimas como una ventana a la impunidad.

¡°Esta es una decisi¨®n preocupante porque desde el 2018 que se someti¨® Montoya Uribe siempre nos dijeron que se iban a abrir m¨¢s investigaciones territoriales. Ahora nos dicen que no. Entonces uno se pregunta qu¨¦ pasar¨¢ con Cauca, Eje Cafetero, Choc¨®¡±, dijo el abogado Germ¨¢n Romero a La W Radio. El representante de v¨ªctimas dijo que el reconocimiento de los casos priorizados no llega ni al 25 por ciento del universo de los casos. ¡°Lo que nos dicen de investigar a los m¨¢ximos responsables que suena muy bien pero nos deja por debajo una serie de impunidades y el cierre final de un mont¨®n de casos de ejecuciones que fueron detenidos en la justicia ordinaria y que en la JEP ahora tampoco van a tener trascendencia¡±.

Parra explic¨® que la decisi¨®n se adopta despu¨¦s de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes y que en las regiones no priorizadas usar¨¢n casos ilustrativos. El argumento de la jurisdicci¨®n es que trabajan contra el tiempo: el acuerdo de paz y la Constituci¨®n pol¨ªtica les dio un mandato de 10 a?os y ya llevan la mitad.

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