Acuerdo nacional o radicalismo total

?D¨®nde ve usted al presidente Petro en su segundo a?o de gobierno? ?Del lado de la convocatoria del gran acuerdo, o, por el contrario, asumiendo el postulado del radicalismo program¨¢tico en el que, si el Congreso no aprueba las reformas sociales, el pueblo las impone? Por una parte, insiste en que este es el momento del Acuerdo Nacional. El momento de la Gran Colombia, el momento de ceder: ¡°A quienes han dirigido al pa¨ªs hasta hace poco los invito a aprovechar las posibilidades de la paz total¡±, una disminuci¨®n de la inequidad social, una sociedad donde la juventud pueda sentir que tiene futuro y muchos otros beneficios indiscutibles. Pero, en otro escenario, sostiene: ¡°Que se caen las reformas, pues yo prefiero cambiar la relaci¨®n pol¨ªtica en Colombia. Las reformas las va a exigir el pueblo tarde que temprano, all¨¢ el Congreso si decide tumbarlas. Yo lo que estoy pensando ¨Cagreg¨®¡ª es que no estamos obsesionados con su aprobaci¨®n. Las EPS se van a acabar, no se dieron cuenta de que la ley las salva y se fueron en contra, pues se acaban. El pa¨ªs quiere que esto salga bien y para que salga bien tiene que haber un acuerdo nacional, un avance en la paz, que est¨¢ ligado¡±.

Para el presidente Petro el ¡°acuerdo¡± solo se perfecciona si la oposici¨®n ¡°cede¡± aprobando las reformas sociales que ¨¦l propone para acabar con la desigualdad. Todos queremos acabar con la desigualdad, pero para lograrlo necesitamos ponernos de acuerdo en el c¨®mo; ese s¨ª ser¨ªa un Acuerdo Nacional para conseguir el verdadero Cambio, en may¨²sculas, que su Gobierno ha prometido.

El problema est¨¢ en que el camino del radicalismo total, por cuenta de la imposibilidad de asegurar el acuerdo basado en la solicitud presidencial de ¡°ceder¡± a los partidos de oposici¨®n, a los empresarios y a unas mayor¨ªas electorales que se dar¨ªan en las elecciones regionales de octubre, tiene sus efectos peligrosos: coaliciones enfrentadas de sectores urbanos con organizaciones rurales. Ya de por s¨ª tenemos los reclamos de los gobernadores al Gobierno central, en t¨¦rminos muy fuertes, porque no los est¨¢n escuchando. Buscan frenar el accionar violento de los grupos armados ilegales fortalecidos al amparo ¡°de las improvisaciones y vac¨ªos de la paz total y por violentos bloqueos y anarqu¨ªa. Los delincuentes intimidan, amenazan y atacan a la poblaci¨®n civil¡±. Nadie puede restarle gravedad al escandaloso asesinato de polic¨ªas. Colombia est¨¢ herida en materia grave por esos delitos. Como lo he venido sosteniendo en esta columna, estamos condenados al acuerdo de paz total.

Otra preocupaci¨®n en la mesa del pr¨®ximo evento electoral es la amenaza de alteraci¨®n del orden p¨²blico en 380 municipios, seg¨²n las alertas tempranas del Defensor del Pueblo. Por su parte, el registrador nacional del estado civil advirti¨® la injerencia de grupos ilegales en el proceso para afectar las votaciones de octubre y constre?ir al elector. Es necesario que se considere la posibilidad de aplazar las elecciones en aquellos lugares donde la gravedad de los hechos as¨ª lo amerite. Las Naciones Unidas dejaron constancia de que las masacres han crecido este a?o y que 52 hechos verificados dejaron 168 v¨ªctimas, lo que confirma la necesidad de atender los reclamos de los gobernadores. Muy delicada la situaci¨®n.

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