Perdonar para sanar la democracia

El pasado 3 de octubre, en la Plaza de Bol¨ªvar, a escasos metros del centro de poder nacional, Colombia vivi¨® uno de los momentos m¨¢s impactantes en el proceso de reconciliaci¨®n nacional: la solicitud de perd¨®n, en nombre del Estado, del presidente Petro a 19 madres de Soacha por el asesinato de sus hijos a manos de agentes descompuestos de la fuerza p¨²blica, en el fen¨®meno sistem¨¢tico de violaci¨®n de derechos humanos conocido como los falsos positivos, que dej¨® una cifra de v¨ªctimas, seg¨²n la Jurisdicci¨®n Espacial para la Paz (JEP), que hoy est¨¢ marcada con sangre en la historia del conflicto armado interno: 6402.

Los llamados falsos positivos son un concepto que encubre la barbarie de la pol¨ªtica contrainsurgente aplicada durante los ocho a?os del Gobierno del presidente ?lvaro Uribe, que inclu¨ªa contar cuerpos, llamados positivos, para incrementar la popularidad del Gobierno, ganar elecciones, y demostrar el supuesto ¨¦xito de la seguridad democr¨¢tica, el aumento del poder estatal y control territorial, y el avance en la derrota militar de las FARC y el ELN.

Todo comenz¨® cuando el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, firm¨® la directiva 029 de 2005, que garantiz¨® recompensas y est¨ªmulos a los militares por captura o eliminaci¨®n f¨ªsica de guerrilleros y lideres de organizaciones criminales, y que la fuerza p¨²blica aplic¨® a rajatabla en los territorios, muchas veces en alianza con organizaciones paramilitares, usando t¨¢cticas de enga?o, sin detenerse a cuestionar el enorme da?o a la democracia y la institucionalidad.

La tragedia de los falsos positivos ha permitido ratificar el valor de las v¨ªctimas, la fortaleza de las instituciones y la trascendencia de la JEP, donde oficiales del Ej¨¦rcito, incluidos generales en retiro y suboficiales, han comparecido para atestiguar sus graves faltas a la Constituci¨®n y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), amparados en una normatividad que no sirvi¨® para ganar la guerra, sino para degradarla, ahondar el dolor y el terror de las comunidades, y manchar el honor de las Fuerzas Militares, que casi 20 a?os despu¨¦s han tenido que pedir perd¨®n a las v¨ªctimas, la sociedad y la comunidad internacional por sus delitos atroces.

Uno de los casos m¨¢s estremecedores ha sido la audiencia de la JEP en Yopal, del pasado 18 de septiembre, en la que 21 oficiales, incluido el general en retiro Henry William Torres Escalante, perteneciente a la Brigada XVI, reconocieron su participaci¨®n en el asesinato de 303 civiles, que presentaron como bajas en combate y celebraron como el triunfo del Estado sobre la subversi¨®n. Su declaraci¨®n hoy es, parad¨®jicamente, el triunfo del Estado sobre la atrocidad y el enga?o; la victoria de los Acuerdos de Paz sobre los guerreristas.

A hoy han comparecido ante la JEP 41 oficiales a reconocer sus delitos y decir la verdad, dejando sin piso la narrativa de que fueron hechos aislados, o discursos de la guerrilla para deslegitimar a la fuerza p¨²blica.

Lo que ha ocurrido en la JEP ha obligado al pa¨ªs a valorar la justicia transicional y a dimensionar el significado del perd¨®n como esencia de la reconciliaci¨®n. La derecha, que dispara a diario bulos contra la Justicia Transicional, ha perdido audiencia. La verdad sale a flote a borbotones, en medio del llanto de las v¨ªctimas y el arrepentimiento de los victimarios, venciendo los argumentos de los negacionistas, arrinconando a los revisionistas, obligando a los responsables a dar la cara, pero tambi¨¦n generando nuevos episodios de polarizaci¨®n entre viejos enemigos de la reconciliaci¨®n que arremeten, arrinconados por la verdad, en su lucha por deslegitimar la institucionalidad para la paz. La desmesurada reacci¨®n del expresidente Uribe a una columna en El Espectador, del jurista Rodrigo Uprimny, es ejemplo de ello.

Todo ser¨ªa diferente si el presidente no fuera Petro. Con su llegada, crece con el paso de los d¨ªas el impacto de la JEP en la construcci¨®n de la verdad y el tema de los falsos positivos dej¨® de ser un tab¨² para la opini¨®n p¨²blica. Adem¨¢s, el Estado y la fuerza p¨²blica lo asumen en la actualidad con responsabilidad democr¨¢tica y no se atrincheran en razones de Estado para evadir el clamor de las v¨ªctimas porque haya verdad, justicia, reparaci¨®n y garant¨ªas de no repetici¨®n.

Con el nuevo Gobierno, igualmente, los actos de excusas p¨²blicas a las v¨ªctimas dejaron de ser un asunto espor¨¢dico de un Estado vergonzante y a la defensiva. En tan solo 33 d¨ªas, el primer mandatario, personalmente, pidi¨® perd¨®n en nombre del Estado en dos casos emblem¨¢ticos de violaci¨®n de derechos humanos: el 31 de agosto por el asesinato, el 19 de agosto de 2011, a manos de un agente de polic¨ªa del ni?o grafitero Diego Felipe Becerra; y el pasado 3 de octubre a las 19 madres de los falsos positivos de Soacha, en donde pronunci¨® un discurso en el que dijo: ¡°la verdad no es para vengarnos¡±.

Gracias a la JEP, Colombia vive tiempos en los que la reconciliaci¨®n echa ra¨ªces y las v¨ªctimas son protagonistas del cambio de paradigmas. Ah¨ª est¨¢ la clave para sanar la democracia y avanzar hacia un acuerdo nacional en el que proteger la vida sea la gu¨ªa de un nuevo futuro. Despu¨¦s de 60 a?os de guerra interna y tantos hechos de barbarie protagonizados por uno u otro bando, faltan muchos actos de perd¨®n del Estado, por su acci¨®n u omisi¨®n. La JEP abri¨® la puerta a la verdad. Hay que permitirle que entre a esta casa grande llamada Colombia y nos cambie la vida para siempre.

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