El ¡®plan pistola¡¯ que desat¨® una nueva crisis en las c¨¢rceles de Colombia
Un grupo de delincuentes busca asesinar a los guardias de las prisiones como forma de protesta frente a un Gobierno que quiere reducir la corrupci¨®n y la extorsi¨®n desde las c¨¢rceles
Hay una violenta din¨¢mica en Colombia y Am¨¦rica Latina que parece intensificarse cada cierto tiempo. En los a?os ochenta, cuando el capo Pablo Escobar le declar¨® la guerra al Gobierno colombiano para oponerse a la extradici¨®n ¡ªle tem¨ªa m¨¢s a la c¨¢rcel de Estados Unidos que a su muerte¡ª decidi¨® ensa?arse contra la fuerza p¨²blica con un ¡®plan pistola¡¯: pagaba millones de pesos, miles de d¨®lares, por matar polic¨ªas. El capo est¨¢ muerto hace 30 a?os, la din¨¢mica sigue viva. En la ¨²ltima semana, las autoridades encontraron panfletos amenazantes en la c¨¢rcel de la ciudad de Armenia, firmados ¡®Muerte a Guardianes Opresores¡¯ (MAGO) y que anuncian un ¡®plan pistola¡¯ para asesinar a los guardias de las prisiones. Su petici¨®n es no ser extraditados, pero no a otro pa¨ªs, sino a otro municipio. ¡°Pedimos que todos los que estamos lejos ya nos dejen estar en nuestros departamentos, no es justo que nos pongan a sufrir(a) nuestras familias para podernos ver¡±, dice el panfleto. Aunque no es una banda con poder nacional, en las ¨²ltimas dos semanas distintos sicarios asesinaron a un guardia en Cartagena y otro en C¨²cuta, y otros han sido v¨ªctimas de atentados en Medell¨ªn, La Plata (Huila) y Jamund¨ª (Valle del Cauca). Los guardias del Inpec, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, est¨¢n en la mira. Incluso su director recibi¨® en enero un desayuno en su despacho, y encontr¨® una granada escondida. El Gobierno, incapaz de garantizar la seguridad de sus guardias, declar¨® una emergencia carcelaria.
¡°En la lucha contra la criminalidad que desde el Gobierno hemos emprendido ha habido unos golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales de alto impacto. Lamentablemente, eso ha tra¨ªdo como represalia por parte de algunas estructuras varios atentados contra funcionarios del Inpec¡±, explic¨® el ministro de Justicia, N¨¦stor Osuna. Es decir, una vez m¨¢s, la venganza de los capos que no quieren mudarse de casa porque pierden su poder.
Camilo Uma?a, viceministro de pol¨ªtica criminal, explica a El PA?S que declarar la emergencia le permite al Gobierno movilizar m¨¢s personal para proteger la vida de los guardias, pero tambi¨¦n m¨¢s recursos para aumentar el apoyo tecnol¨®gico y electr¨®nico que se necesita para contener a aquellos que mueven el crimen en las c¨¢rceles. ¡°Nos hemos reunido con l¨ªderes de la guardia esta semana para evitar pronto que esta crisis abra otras m¨¢s en las c¨¢rceles¡±, dice el viceministro. Por ejemplo, con la inversi¨®n tecnol¨®gica pueden conseguir inhibidores de se?al de celular en algunas prisiones. ¡°El a?o pasado fueron confiscados 33.000 celulares en las c¨¢rceles, que ingresaron con complicidad de un grupo de la guardia. La telefon¨ªa celular permite a muchos criminales cometer extorsi¨®n y amenazas a los ciudadanos¡±, dice Uma?a.
Esta es la cuarta vez que los Gobiernos declaran la emergencia carcelaria en dos d¨¦cadas, pero la primera vez que lo hace para proteger la vida de los guardias. ¡°Lo que est¨¢ pasando ahora en las c¨¢rceles es un fen¨®meno que no es ¨²nicamente colombiano, est¨¢ ocurriendo en Am¨¦rica Latina¡±, dice a EL PA?S Libardo Ariza, profesor de Derecho en la Universidad de los Andes y experto en el sistema carcelario. En Ecuador, por ejemplo, una ola de violencia se desat¨® desde las c¨¢rceles despu¨¦s de que se fugara de la c¨¢rcel alias Fito, l¨ªder de la banda Los Choneros. ¡°Las pandillas, bandas o estructuras armadas tienen un poder creciente, dentro y fuera de las c¨¢rceles, y eso en Colombia no se ve¨ªa de forma tan dura desde los c¨¢rteles de Medell¨ªn y Cali. Las estructuras armadas volvieron a meter en su agenda de actuaci¨®n pol¨ªtica el mundo penitenciario¡± a?ade Ariza. Menciona estructuras como La Inmaculada, que recientemente ha generado terror en el municipio de Tulu¨¢; el llamado Clan del Golfo, gran organizaci¨®n heredera de grupos paramilitares y narcotraficantes que hace presencia en buena parte del territorio colombiano; o el Tren de Aragua, que tiene poder transnacional desde Venezuela.
Ariza explica que durante a?os hubo cierta ¡®paz penitenciaria¡¯ por un acuerdo impl¨ªcito: la guardia dejaba pasar cosas prohibidas, como celulares, cigarrillos o drogas, a cambio de mantener un orden interno. Los guardias, que cada d¨ªa pierden poder frente a los prisioneros que custodian, encuentran en esa transacci¨®n una forma de proteger su vida dentro y tambi¨¦n fuera de la c¨¢rcel, cuando ya no tienen puesto el uniforme y son blanco f¨¢cil.
Pero esa paz penitenciaria empez¨® a debilitarse el a?o pasado, cuando el Gobierno anunci¨® un Plan Domin¨® para combatir la extorsi¨®n en las c¨¢rceles, que consist¨ªa en controlar m¨¢s las comunicaciones, las visitas y sobre todo trasladar a c¨¢rceles de m¨¢xima seguridad a los cabecillas detr¨¢s de las extorsiones. En enero, por ejemplo, fue trasladado alias Satan¨¢s, capo del Tren de Aragua, a la c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad La Tramac¨²a, en Valledupar. Lo mismo hizo el Gobierno con alias Pipe, l¨ªder de La Inmaculada, como respuesta a la violencia que desat¨® en Tulu¨¢. El costo de esos movimientos, y otros m¨¢s, ha sido la retaliaci¨®n contra los guardianes.
¡°Entiendo que este es un incendio para el Gobierno y por eso est¨¢ llamando a los bomberos, pero el problema es m¨¢s estructural y requiere una reforma al Inpec. Esta emergencia carcelaria es el brote de una enfermedad cr¨®nica: ante un hacinamiento tan alto, no hay custodia que aguante¡±, explica Ariza.
Desde 1998, la Corte Constitucional ha declarado varias veces un estado de cosas inconstitucional en las c¨¢rceles para los reclusos, en parte por el hacinamiento que, a su vez, es alimentado por una pol¨ªtica criminal mal enfocada durante d¨¦cadas. ¡°Pero nunca antes se hab¨ªa puesto el foco en las malas condiciones laborales de la guardia como en esta emergencia: tienen turnos duros, mal pagados, la moral abajo, y as¨ª ?qui¨¦n puede controlar un cartel?¡±, dice Ariza.
Un funcionario del Gobierno que trabaj¨® dos d¨¦cadas en el Inpec y que pide reserva de su identidad, aclara que la mayor¨ªa de la poblaci¨®n reclusa protesta las medidas de seguridad por mecanismos legales (tutelas o huelgas) y que solo el 1% acude a la violencia contra la guardia. Pero, aun as¨ª, considera que proteger al Inpec implica insistirle al Gobierno que mire con cuidado el hacinamiento y lo insostenible que es: unos 15.000 guardias custodian a unas 170.000 personas privadas de la libertad (no solo en prisiones sino tambi¨¦n aquellos detenidos en casa por c¨¢rcel o en otro tipo de vigilancia especial). ¡°Son demasiadas personas y los guardianes no pueden trabajar cohibidos¡±, dice este funcionario.
Aunque cambiar la pol¨ªtica criminal requiere de una reforma legal de fondo, mientras el gobierno saca adelante las que ya ha propuesto, el Ministerio de Justicia est¨¢ en conversaciones con los sindicatos de guardianes para mejorar sus condiciones laborales: ofrecerles un seguro de vida y una prima de riesgo, o una pensi¨®n en r¨¦gimen especial si llegan a la vejez.
Diana Velasco es dragoneante del Inpec y trabaja en la c¨¢rcel Modelo, de Bogot¨¢, una de las m¨¢s grandes del pa¨ªs donde se declar¨® la ¨²ltima crisis carcelaria, tras un mot¨ªn que dej¨® decenas de reclusos muertos en 2020. ¡°Es una c¨¢rcel muy vieja y en ese entonces los reclusos pudieron incluso romper las rejas, tumbarlas, atravesar muros¡±, cuenta. ¡°El Gobierno nos pregunt¨® entonces qu¨¦ necesit¨¢bamos, y casi nada de eso lleg¨®: pedimos extintores, candados, arreglar unas rejas, y medios de coerci¨®n disuasivos como el gas¡±, cuenta. ¡°No nos dieron nada¡±, a?ade.
Ahora espera que el Gobierno s¨ª cumpla. No es la primera vez que sabe de compa?eros guardias atacados por cabecillas, pero cuenta que el asesinato del dragoneante en Cartagena impact¨® considerablemente a muchos compa?eros, que compartieron videos del cad¨¢ver. ¡°El miedo es total¡±, dice por tel¨¦fono desde la c¨¢rcel donde trabaja. Admite que hay funcionarios corruptos en el Instituto, y dice que espera que sean depurados, pero tambi¨¦n espera que las condiciones mejoren para los dem¨¢s. Cuenta que tienen miedo y cansancio por la falta de derechos laborales. ¡°Esperemos ser incluidos en el Gobierno del cambio para que por fin para nosotros haya as¨ª sea un peque?o cambio¡±, a?ade luego por mensaje de texto.
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