Fortalezas y debilidades del PEP-Tutor, la nueva pol¨ªtica de regularizaci¨®n migratoria en Colombia

Tras varios anuncios del lanzamiento de un nuevo instrumento para regularizar a la poblaci¨®n migrante, esta semana la Canciller¨ªa colombiana present¨® un borrador de decreto por el cual se crear¨ªa el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de ni?os, ni?as y adolescentes venezolanos (PEP-Tutor).

La medida busca beneficiar a los migrantes que se encuentran en condici¨®n de irregularidad, sin documentos, y que son padres o tutores de menores que ya cuentan con el Permiso por Protecci¨®n Temporal (PPT), un mecanismo que hace parte del Estatuto Temporal de Protecci¨®n a Migrantes Venezolanos (ETPV) y que viene implement¨¢ndose desde 2021.

Con 2,5 millones de venezolanos registrados en el ETPV en los ¨²ltimos tres a?os, entre ellos m¨¢s de 850.000 menores de edad, una pol¨ªtica de regularizaci¨®n basada en el inter¨¦s superior de proteger a la infancia y adolescencia migrante y en el principio de unidad familiar, es un paso necesario y coherente con el proceso que ha venido adelantando Colombia.

La Corte Constitucional, consciente de esa realidad de los menores y de que muchas personas no pudieron acogerse a los tiempos del ETPV por motivos de fuerza mayor, ha proferido sentencias que salvaguardan los derechos fundamentales de los migrantes y ha ordenado a la autoridad migratoria revisar su normatividad para ello. Un precedente jur¨ªdico que sin duda impulsa el primer mecanismo regulatorio del Gobierno de Gustavo Petro y que busca beneficiar a cerca de 270.000 ni?os y adolescentes.

El PEP-Tutor comparte las cualidades del reconocido y a¨²n vigente PPT: es una pol¨ªtica de regularizaci¨®n migratoria de largo alcance que cubre a sus beneficiarios hasta el 30 de mayo de 2031; otorga un documento de identidad que permite trabajar formalmente, afiliarse en el sistema de salud y seguridad social y acceder a servicios; habilita el ingreso y salida del territorio colombiano por hasta 180 d¨ªas; acredita tiempo de permanencia para la solitud de visados, e incluso va m¨¢s all¨¢: por primera vez admite a los solicitantes de reconocimiento de refugio con salvoconducto.

Ese nuevo proyecto regulatorio podr¨ªa ser otro de los grandes aciertos de la pol¨ªtica migratoria colombiana. Sin embargo, genera cuestionamientos y presenta limitaciones que ponen en riesgo su eficacia.

La primera inquietud gira en torno al nombre de este documento de identidad y regularizaci¨®n, un asunto que parecer¨ªa insignificante pero no lo es. Si tiene las mismas cualidades del PPT, que ya se incorpor¨® en la mayor¨ªa de las plataformas para la oferta de derechos y servicios, ?por qu¨¦ crear un nuevo documento, que requiera otra adecuaci¨®n de los sistemas de atenci¨®n de las entidades nacionales y territoriales p¨²blicas y privadas?

Cuando los recursos para la gesti¨®n de la migraci¨®n han disminuido sustancialmente, este proceso generar¨¢ altos costos y esfuerzos al Estado y a toda la sociedad. Un desgaste institucional innecesario que adem¨¢s causar¨¢ confusi¨®n en la poblaci¨®n. En lugar de crear una nueva medida, ?por qu¨¦ no incluir a estos beneficiarios en el PPT? [MR1]

Pareciera que la raz¨®n obedece a que el PEP-Tutor toma cierta distancia de la idea de ¡°protecci¨®n¡± a poblaci¨®n vulnerable que, como su nombre lo indica, ha caracterizado al PPT. El nuevo mecanismo ya no ser¨¢ gratuito, lo que significa una barrera de acceso. Tambi¨¦n exige requisitos como actas de nacimiento apostilladas, certificados de representaci¨®n legal o escrituras p¨²blicas en el caso de los custodios y cuidadores. Son requerimientos que chocan con la realidad de muchas familias migrantes, que no cuentan con documentos o con los recursos suficientes para pagar apostillas de 60 d¨®lares, largos trayectos y estad¨ªa en las ciudades en las que funcionan los consulados venezolanos, o los costos de env¨ªo cuando los documentos se encuentren en Venezuela.

?Qu¨¦ acompa?amiento tendr¨¢n las familias para cumplir estos requisitos? ?Qu¨¦ pasar¨¢ con los menores que no logren acreditar a un custodio o cuidador? Inquietudes importantes que quedan en el aire y que se espera tengan una soluci¨®n sustentada en principios de protecci¨®n a la ni?ez y los n¨²cleos familiares.

El decreto final y la resoluci¨®n que lo desarrolle tambi¨¦n deber¨ªan contemplar a los migrantes irregulares que son padres o custodios de los ni?os y ni?as que adquirieron la nacionalidad colombiana a trav¨¦s del programa ¡°Primero la Ni?ez¡±, que al 7 de abril de 2024 ha naturalizado a 109.116 menores.

Tambi¨¦n preocupa que al PEP-Tutor s¨®lo podr¨¢n aplicar quienes se encontraban en Colombia antes del 12 de agosto de 2022, aduciendo que en esa fecha se restablecieron las relaciones diplom¨¢ticas con Venezuela, pese a que la fecha ni siquiera corresponde con la oficializaci¨®n de la reapertura de la frontera, que se dio un mes despu¨¦s.

Es notorio el progreso que se ha dado en el restablecimiento de las relaciones binacionales, tema prioritario en la agenda gubernamental, aunque los resultados concretos en la institucionalidad y en la gesti¨®n de la relaci¨®n bilateral avanzan lentamente. Tampoco se puede soslayar la crisis humanitaria multidimensional en Venezuela y el aumento de la migraci¨®n.

En los dos ¨²ltimos a?os 1,6 millones de personas salieron de Venezuela, parte significativa de una di¨¢spora de 7,8 millones. Muchos de ellos migran sin documentos de viaje ni recursos y en condiciones humanitarias dif¨ªciles. Esta es una realidad innegable, sobre todo para Colombia, el pa¨ªs m¨¢s afectado por la situaci¨®n venezolana y que enfrenta un escenario complejo y retador. Si bien es positivo que mantenga relaciones y di¨¢logo abierto con su principal vecino, debe asumir que Venezuela no es una democracia y que son d¨¦biles las garant¨ªas institucionales para articular pol¨ªticas que buscan atender a poblaciones vulnerables.

La apuesta del PEP-Tutor es acertada y necesaria como pol¨ªtica migratoria en Colombia y ojal¨¢ se replique en la regi¨®n. Es otra muestra de la voluntad del pa¨ªs de ser garante de derechos a los migrantes. Pero, antes de implementarla, debe revisarse la optimizaci¨®n de los recursos, impacto y sus implicaciones en materia de protecci¨®n de derechos humanos.

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