Una batalla de coordenadas: Colombia ultima su defensa en el arbitraje por el gale¨®n ¡®San Jos¨¦¡¯

Antes de que finalice el a?o, Colombia deber¨¢ presentar ante el Tribunal Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, su respuesta ¨Dla ¨²ltima antes del inicio de las audiencias¨D a una demanda presentada por la empresa estadounidense Sea Search Armada, que reclama una parte del tesoro del naufragado gale¨®n San Jos¨¦. La compa?¨ªa pretende quedarse unos 10.000 millones de d¨®lares o alrededor de cuatro billones de pesos, la mitad del valor estimado del bot¨ªn. Ante tal exigencia, la Agencia Nacional de Defensa Jur¨ªdica del Estado (Andje) ha elegido este mes a dos firmas internacionales para la nueva fase del litigio con las que busca defender el patrimonio de los colombianos.

La estrategia para la defensa estatal se basa, sobre todo, en una premisa: que la localizaci¨®n que abandera la compa?¨ªa norteamericana como lugar del pecio del gale¨®n es err¨®nea. ¡°El procedimiento [del arbitraje actual] no tiene nada que ver con el gale¨®n¡±, se?ala C¨¦sar Palomino, director de la Andje, en una entrevista con este diario en su despacho en Bogot¨¢. Para la Agencia, por lo tanto, el reclamo de Sea Search Armada ¡ªuna empresa de ¡°cazatesoros¡±, en palabras de Palomino¡ª no tiene fundamento alguno.

Esta perspectiva que defender¨¢ el Estado ante el Tribunal en La Haya invoca el anuncio que realiz¨® el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2015, cuando declar¨® el hallazgo del buque ¡ªhundido por los ingleses a ca?onazos en la Batalla de Bar¨² en 1708¡ª, cerca de la costa de Cartagena de Indias, en una ubicaci¨®n distinta a la que reivindica Sea Search. ¡°Este es el tesoro m¨¢s valioso que se ha encontrado en la historia de la humanidad¡±, dijo el entonces mandatario. Sus coordenadas se mantienen como un secreto de Estado, para evitar que piratas submarinos se roben el tesoro, o parte de ¨¦l. Palomino sostiene que el principal deber de la defensa ser¨¢ probar ¡°que es f¨ªsicamente imposible¡± que el pecio que descubri¨® la compa?¨ªa demandante tenga relaci¨®n con la embarcaci¨®n en disputa.

En las presentaciones escritas ante el Tribunal, Sea Search alega que el descubrimiento de 2015, comandado por el Instituto Colombiano de Antropolog¨ªa e Historia con la colaboraci¨®n de la Armada colombiana y un grupo de cient¨ªficos internacionales, es parte del mismo campo de escombros que la empresa identific¨® en la d¨¦cada de los ochenta. Para Palomino, las coordenadas que present¨® Sea Search son ¡°muy gen¨¦ricas¡± y no corresponden con las que present¨® el Gobierno de Santos.

El arbitraje es ¡°el m¨¢s valioso que tiene Colombia en estos momentos¡±, reconoce Palomino, por lo que subraya la importancia de contar con un equipo de abogados con un ¡°conocimiento amplio¡± en la controversia. Para ello se escogieron a las firmas Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes) en asociaci¨®n con la firma Xtrategy, luego de un riguroso proceso de selecci¨®n de entre una veintena de bufetes que presentaron sus propuestas a la Andje. La contrataci¨®n tuvo un valor cercano a los 4.000 millones de pesos, de acuerdo con el contrato al que se puede acceder en la plataforma de la Agencia de Contrataci¨®n P¨²blica.

Coordenadas en disputa

El pleito por las coordenadas es uno de los escollos m¨¢s relevantes del caso. La controversia se remonta a hace m¨¢s de 40 a?os. En 1982 la compa?¨ªa Glocca Morra, ahora Sea Search Armada, anunci¨® el hallazgo de ¡°un gran naufragio¡± dentro de un ¨¢rea de exploraci¨®n que hab¨ªa acordado con la Autoridad Mar¨ªtima Colombiana (Dimar) unos a?os antes. Aquel trato se?alaba que la empresa ten¨ªa derecho al 50% del tesoro que encontrase en la zona delimitada. En ese informe no se refiri¨® al gale¨®n.

M¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s, en 1994, Colombia contrat¨® un estudio independiente que concluy¨® que no exist¨ªa ning¨²n naufragio en esas coordenadas, sino ¡°trozos de madera correspondientes a la era moderna¡±. Pese a ello, Sea Search sigui¨® defendiendo que ten¨ªa derechos sobre lo encontrado en aquella zona. Una decisi¨®n de la Corte Suprema de Justicia de 2007 le dio la raz¨®n a la empresa: merec¨ªa la propiedad de la mitad de los bienes encontrados, en calidad de tesoro. Pero Colombia reitera que entre ellos no est¨¢ el nav¨ªo espa?ol. Por eso, ha reiterado que las pugnas judiciales que ha emprendido la empresa tanto a nivel nacional como internacional (en Estados Unidos y ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos) carecen de fundamento.

La contienda cogi¨® otro impulso en 2010, cuando Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado de libre comercio (TLC). El acuerdo incluye un cap¨ªtulo que protege los recursos de los inversionistas estadounidenses en el pa¨ªs y faculta a las empresas de esa nacionalidad a iniciar un proceso arbitral en caso de disenso. Sea Search Armada busca protecci¨®n como inversor estadounidense en virtud del TLC y por eso ha emprendido el litigio en el tribunal. Para Colombia, la compa?¨ªa no puede considerarse como tal: ¡°La empresa no tiene una inversi¨®n protegida ni puede reclamar ser un inversor (...). Que comparezca ahora ante este Tribunal es un intento desesperado de reclamar derechos de propiedad que nunca tuvo¡±, argumenta el Estado en una respuesta a la notificaci¨®n de arbitraje.

Otro punto clave en la estrategia colombiana se apoya en la decisi¨®n en 2020 del Ministerio de Cultura de declarar al gale¨®n San Jos¨¦ como un bien de inter¨¦s cultural, blind¨¢ndolo as¨ª de cualquier explotaci¨®n comercial y convirti¨¦ndolo en un patrimonio ¡°inembargable¡± de los colombianos. Dicha clasificaci¨®n ¡ªreforzada con la declaraci¨®n de la zona del naufragio como un ¨¢rea arqueol¨®gica protegida¡ª ampara su preservaci¨®n, para que tanto el barco como su contenido sean indivisibles. Es una postura que respalda Espa?a, propietaria inicial de este nav¨ªo que zarp¨® con 600 tripulantes.

El equipo que defender¨¢ a Colombia en La Haya contar¨¢ con reconocidos juristas internacionales como la abogada francoiran¨ª Yas Banifatemi, una de las figuras m¨¢s reconocidas en el campo del arbitraje. Tambi¨¦n hay representaci¨®n colombiana: la abogada Ximena Herrera, que ya hab¨ªa trabajado en el caso Meritage ¡ªque gan¨® el Estado y se ahorr¨® m¨¢s de 300 millones de d¨®lares¡ª, y el abogado Jos¨¦ Antonio Rivas, que particip¨® en victorias del Estado contra Sea Search ante tribunales estadounidenses en 2010 y 2011.

Tanto Herrera como Rivas, sostienen que no pueden revelar los detalles de la defensa. ¡°Colombia es respetuosa del proceso arbitral y, por tanto, busca litigar esta controversia directamente ante el Tribunal¡±, responden a las preguntas de este diario. Sin embargo, confirman que presentar¨¢n su respuesta en diciembre y que las audiencias tendr¨¢n lugar el pr¨®ximo a?o en las que se espera resolver, cuatro d¨¦cadas despu¨¦s de la primera exploraci¨®n, la propiedad del San Jos¨¦.

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