Campesinos y mineros paralizan seis departamentos de Colombia en rechazo de las nuevas normas de protecci¨®n de los p¨¢ramos

Grupos de campesinos y mineros han unido fuerzas esta semana para protestar en varias zonas de Colombia. En lo que inici¨® como el bloqueo de v¨ªas nacionales en el nororiente del pa¨ªs, en las zonas monta?osas de Santander, Norte de Santander y Boyac¨¢, este se ha ido extendiendo al noroccidente, a zonas mineras de Antioquia, Caldas y Choc¨®. Las reivindicaciones giran alrededor de las normas recientes que establecen protecciones ambientales, que son criticados por agricultores y ganaderos, y de viejas promesas del Gobierno para acompa?ar a miles de peque?os y medianos mineros en la formalizaci¨®n de sus actividades

Las manifestaciones, convocadas inicialmente por asociaciones campesinas locales de Santander, comenzaron el lunes. Apenas tres d¨ªas antes, movimientos ambientalistas de la capital regional, Bucaramanga, se hab¨ªan manifestado en defensa del p¨¢ramo de Santurb¨¢n, que provee de agua a la urbe. Ahora, y de manera indefinida, cientos de personas bloquean la v¨ªa que comunica a la regi¨®n con Bogot¨¢ y el centro del pa¨ªs. Su mayor reclamo es el rechazo al decreto 0044 de 2024, que desarrolla una ley firmada en enero y faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a ¡°delimitar reservas de recursos naturales de car¨¢cter temporal¡±. Entre estas reservas est¨¢n los p¨¢ramos, ecosistemas que tienen una protecci¨®n legal especial desde 2018 y en los que no se pueden realizar actividades como la miner¨ªa, y solo bajo ciertas condiciones otras como la agricultura.

La definici¨®n de exactamente d¨®nde inician los p¨¢ramos de Santurb¨¢n y El Almorzadero ha sido materia de debates desde hace m¨¢s de una d¨¦cada, entre colectivos ambientales y buena parte de la poblaci¨®n de Bucaramanga, de un lado, y grandes empresas y peque?os mineros de municipios como Vetas o California, del otro. ¡°Para una parte del pa¨ªs, los p¨¢ramos son frailejones, ecosistema, y se les ha olvidado que ah¨ª hay familias que sobrevivimos gracias a esta tierra y es nuestra fuente de econom¨ªa¡±, se?al¨® a EFE una habitante de El Almorzadero, ubicado entre Santander y el vecino Norte de Santander. Otra de las zonas afectadas por las restricciones es la Sierra Nevada del Cocuy, en el extremo oriente de Boyac¨¢. ¡°Nos imponen sus normas, sus leyes, sin consultar con los habitantes, donde nos excluyen de nuestros trabajos y nos sacan de nuestros territorios¡±, explic¨® otro manifestante a la agencia.

Del otro lado, el abogado especialista en derecho ambiental Hern¨¢n Morantes ha se?alado a las manifestaciones es estar infiltradas por intereses creados de quienes pretenden explotar Santurb¨¢n. ¡°Est¨¢n enga?ando a los campesinos, al decirles que este decreto afecta sus actividades agropecuarias (...). Estos irresponsables est¨¢n pidiendo exploraci¨®n minera en los p¨¢ramos de Colombia. ?Que no se aprovechen de los campesinos!¡±, se?al¨® en un video compartido en sus redes sociales y que han retomado varias asociaciones ambientales.

Otro punto de discusi¨®n es el que refiere a la frontera agr¨ªcola. En agosto, la Unidad de Planificaci¨®n Rural Agropecuaria (UPRA) estableci¨® que en Colombia hay 43 millones de hect¨¢reas, el 37,8% del territorio nacional, para desarrollar actividades agropecuarias, aunque casi la mitad de esas ¨¢reas no tienen las condiciones para cultivar. Uno de los reclamos de las protestas es que esta actualizaci¨®n de la UPRA limita en un alto porcentaje la zona rural. Seg¨²n Morantes, las limitaciones se reducen solo a las zonas fr¨¢giles de los p¨¢ramos.

Varias agrupaciones mineras han reiterado su queja. ¡°Nos preocupa profundamente la aplicaci¨®n arbitraria el decreto 0044 de 2024, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pretende imponer una amplia Zona de Protecci¨®n de los Recursos Naturales (78.000 hect¨¢reas) en nuestra regi¨®n, por fuera del p¨¢ramo de Santurb¨¢n, afectando directamente a m¨¢s de 35.000 habitantes¡±, se lee en un comunicado firmado por organizaciones que dicen agrupar a m¨¢s de 2.000 peque?os mineros de Santander.

En Antioquia, Caldas y Choc¨®, donde est¨¢n especialmente afectadas las v¨ªas entre Medell¨ªn y Manizales, y la capital antioque?a y la costa Caribe, los manifestantes tienen una queja diferente. Han argumentado que el Gobierno sigue sin formalizar a los peque?os y medianos extractores, y que, por lo tanto, la Fuerza P¨²blica sigue ejerciendo violencia en su contra, al realizar detenciones y capturas de personas, y destruir o decomisar la maquinaria que utilizan. De nuevo, se trata de una vieja puja, atravesada por la presencia de grupos ilegales en zonas mineras.

Entre los antecedentes m¨¢s recientes para esta movilizaci¨®n destaca la muerte de un minero a manos del ej¨¦rcito en marzo, durante un operativo contra la miner¨ªa ilegal en el municipio antioque?o de El Bagre. Es hecho desencaden¨® en una marcha el mes siguiente en la que participaron miles de personas del nordeste y el Bajo Cauca antioque?o, regiones de vieja tradici¨®n aur¨ªfera y donde tiene particular fuerza el Clan del Golfo, el mayor grupo armado del pa¨ªs, y hacen presencia otras organizaciones rivales.

Tanto las organizaciones mineras como las campesinas que se han sumado a los bloqueos han querido aprovechar el inicio de la cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas en Cali, la COP16, para criticar las medidas ambientales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, que tiene un fuerte discurso de protecci¨®n de la naturaleza y reducci¨®n de las actividades extractivas. Seg¨²n los manifestantes, el Ejecutivo no ha ofrecido soluciones que protejan a la vez los ecosistemas y que ayuden a las comunidades que han vivido durante d¨¦cadas en estas zonas.

Colombia tiene 37 p¨¢ramos en su territorio, m¨¢s que cualquier otro pa¨ªs del mundo. El inter¨¦s por su protecci¨®n no se limita a la Administraci¨®n Petro. Desde 2010, las leyes instan al Ministerio de Ambiente a delimitarlos, buscando su salvaguarda. En 2018 se aprob¨® la conocida como ley de p¨¢ramos, que establece que estos ecosistemas son ¡°territorios de protecci¨®n especial que integran componentes biol¨®gicos, geogr¨¢ficos, geol¨®gicos e hidrogr¨¢ficos, as¨ª como aspectos sociales y culturales¡±. Entre 2010 y 2016, el Gobierno delimit¨® 36 de ellos, en un proceso que sum¨® estudios biol¨®gicos y ambientales con consideraciones sociales y econ¨®micas, y que tuvo entre sus l¨ªderes al entonces ministro de Ambiente y actual canciller de Petro, Luis Gilberto Murillo.

Inicio de las conversaciones

Ante las manifestaciones y los bloqueos viales, el Gobierno Petro ha buscado acudir al di¨¢logo. Est¨¢ previsto que este mi¨¦rcoles se establezca una mesa de trabajo. ¡°Hoy 23 de octubre, una comisi¨®n [liderada por el ministro de Minas, Andr¨¦s Camacho] se reunir¨¢ en Caucasia con delegados y delegadas del movimiento minero en la sede de la Defensor¨ªa del Pueblo Regional Bajo Cauca Antioque?o para buscar soluciones conjuntas¡±, se?al¨® en un comunicado la defensora del Pueblo, Iris Mar¨ªn. El martes, el gobernador de Santander, Juvenal D¨ªaz, hab¨ªa criticado que no asistiera ¡°personal con capacidad de decisi¨®n¡± del Ejecutivo en el primer intento para desmontar el paro. ¡°Es importante para que se desbloquee la v¨ªa. Los campesinos se acaban de levantar de la mesa¡±, dijo el martes el pol¨ªtico opositor de derecha y militar en retiro.

Los primeros efectos de las movilizaciones ya se han hecho sentir. Mientras que este mi¨¦rcoles siguen los bloqueos en varios puntos del pa¨ªs ¡ªintermitente, pues se permite el paso de ambulancias o coches f¨²nebres¡ª, algunos municipios de los departamentos afectados han decretado toques de queda y la ley seca. En Boyac¨¢, seg¨²n inform¨® la Gobernaci¨®n, 10 municipios presentan desabastecimiento de combustible. Tambi¨¦n se han dejado de movilizar 33.753 pasajeros en los primeros dos d¨ªas del paro en este departamento. En Antioquia, unas 40.000 toneladas de productos no han podido entrar ni salir, afectando con p¨¦rdidas millonarias a la cadena productiva, seg¨²n contabiliza el gremio antioque?o Defencarga.

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