Un llamado a la acci¨®n contra la miner¨ªa ilegal que amenaza la Amazon¨ªa

Escribo esta breve columna desde la ciudad de Cali (Colombia), que alberga la Conferencia de las Partes de la Biodiversidad (COP16) un espacio mundial para establecer agendas, compromisos y marcos de acci¨®n para conservar la diversidad biol¨®gica y darle un uso sostenible. Biodiversidad que encuentra sus principales amenazas en las actividades extractivas ilegales, cuya proliferaci¨®n viene ocasionando p¨¦rdidas hist¨®ricas de los bosques de nuestra Amazon¨ªa, contaminando los r¨ªos y a las personas por el uso del mercurio en la miner¨ªa ilegal, desestabilizando ecosistemas por la tala raza ejecutada por colonias religiosas y acrecentando la inseguridad en zonas que protegen enorme riqueza ecosist¨¦mica y cultural. La criminalidad en la Amazon¨ªa ha elaborado una f¨®rmula que le ha permitido cooptar instituciones p¨²blicas, conformar entornos de delitos convergentes e imponer un modelo de gobernanza paralelo al propio Estado.

Una de las actividades ilegales m¨¢s lesivas actualmente es la miner¨ªa ilegal de oro. Su avance no tiene l¨ªmites, opera en todos los pa¨ªses de la regi¨®n andino amaz¨®nica con una fuerte presencia en zonas de frontera donde la situaci¨®n es incluso mucho m¨¢s grave por el abandono hist¨®rico de los gobiernos centrales y las gestiones subnacionales que han olvidado estos paisajes compartidos. La expansi¨®n de la miner¨ªa ilegal es la representaci¨®n perfecta de la inoperancia del Estado, en sus tres niveles de gobierno y de sus tres poderes p¨²blicos, sin duda uno m¨¢s protag¨®nico que otro.

En Per¨², el Congreso de la Rep¨²blica viene impulsando propuestas legislativas para ampliar el proceso de formalizaci¨®n minera hasta el a?o 2027 y en algunos casos indefinidamente, lo que supondr¨ªa llegar a cerca 25 a?os de ese proceso, si tomamos en cuenta la primera ley del a?o 2002. La formalizaci¨®n es una pol¨ªtica comprobadamente fracasada y que se ha convertido en un escudo de impunidad para que aquellos mineros que no cumplen con exigencias ambientales y sociales contin¨²en operando sin ning¨²n control.

Es el propio Congreso del Per¨² quien sistem¨¢ticamente contin¨²a debilitando la lucha contra la miner¨ªa ilegal. Entre el 2023 y 2024 se han impulsado diversos proyectos de ley que buscan ampliar la formalizaci¨®n minera, iniciativas legislativas sin sustento t¨¦cnico ni jur¨ªdico que las soporten, incluso con opiniones contrarias del Ministerio de Energ¨ªa y Minas, ente nacional responsable de la pol¨ªtica de formalizaci¨®n minera. Por un lado, los funcionarios de las agencias de aplicaci¨®n de la ley arriesgan sus vidas para combatir a los ilegales y recuperar territorios controlados por las organizaciones criminales; por otro, desde la capital el poder legislativo camina en una direcci¨®n contraria, dinamitando al propio Estado. Es una suerte de Estado contra Estado.

Entonces, ?est¨¢ todo perdido? No.

Nuestro continente se compone de pa¨ªses semejantes y unidos por un lazo que es la riqueza de la biodiversidad. Eso deber¨ªa ser suficiente para consolidar alianzas m¨¢s s¨®lidas, que se traduzcan en planes de trabajo transfronterizos que involucren mejoras en las capacidades institucionales y, m¨ªnimamente, construir sistemas regionales de interoperabilidad de informaci¨®n y protocolos de intervenci¨®n conjunta.

Es necesario aplicar estrategias integrales que ataquen las causas estructurales que habilitan las actividades ilegales, mitigar sus impactos ambientales a trav¨¦s de estrategias de remediaci¨®n y restauraci¨®n que involucren a las comunidades locales e integren saberes ancestrales, sancionar a quienes se vinculan directa e indirectamente con la actividad ilegal. Se requiere fortalecer la articulaci¨®n entre los diferentes operadores de justicia para atacar la convergencia de delitos e impulsar un cambio cultural en los sistemas judiciales para relevar la importancia de las sanciones efectivas en materia ambiental.

Es urgente que los Estados se comprometan a cumplir con los compromisos internacionales sobre medio ambiente y derechos humanos y a impulsar iniciativas en ese mismo sentido. Un avance en esa l¨ªnea ha sido la declaraci¨®n para un acuerdo internacional que atienda la cadena de trazabilidad de minerales cr¨ªticos presentada en el marco de esta COP16. Es importante para Sudam¨¦rica que haya sido Colombia quien lidere esta iniciativa, que deber¨ªa ser respaldada por los dem¨¢s pa¨ªses de esa regi¨®n, entre ellos el Per¨², que es el segundo productor de cobre en el mundo despu¨¦s de Chile.

El rol de la sociedad civil es cada m¨¢s vez m¨¢s relevante, en varios pa¨ªses sus miembros son quienes comprenden de mejor manera los problemas asociados a la criminalidad ambiental debido a su trabajo en territorios muchas veces desatendidos por los Estados. Continuar con la generaci¨®n de informaci¨®n para ponerla a disposici¨®n de quienes toman decisiones sigue siendo un ejercicio central y debe continuar. Esta coyuntura exige generar coaliciones para incidir en diferentes niveles y agendas m¨¢s all¨¢ de lo ambiental, y elaborar recomendaciones respaldadas desde la experiencia y trabajo de las organizaciones.

Una acci¨®n colectiva relevante y que muestra un ejemplo de articulaci¨®n efectiva es el documento de pol¨ªtica con siete recomendaciones para combatir la miner¨ªa ilegal en la Amazon¨ªa elaborado por organizaciones de Per¨², Colombia, Brasil y Estados Unidos.

En los ¨²ltimos a?os hemos conocido de homicidios a dirigentes de organizaciones locales, ind¨ªgenas y campesinas. Son ellos quienes ponen en riesgo su integridad para hacerle frente a la criminalidad; son la primera l¨ªnea de defensa de nuestra biodiversidad y tambi¨¦n son los primeros afectados. En Sudam¨¦rica se han creado mecanismos para su protecci¨®n, pero no son suficientes, cada d¨ªa que pasa son m¨¢s los amenazados y asesinados. Es necesario repensar la manera de brindarles una respuesta m¨¢s r¨¢pida y efectiva, construida desde sus propias necesidades.

Los defensores y defensoras ambientales realizan una labor fundamental para cuidar la casa com¨²n, porque si bien la cercan¨ªa a los recursos naturales forma parte directa de su entorno, dichos recursos son patrimonio de las naciones. Es decir, al cuidar ellos la naturaleza, nos cuidan a todos y aseguran que las generaciones futuras puedan continuar disfrutando de los beneficios que implica contar con un entorno ambientalmente saludable.