Mar¨ªa McFarland: ¡°Dina Boluarte y el Congreso de Per¨² tienden a la autocracia¡±

Cubri¨® la extradici¨®n y el juicio a Alberto Fujimori, el conflicto interno armado en Colombia y fue directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, una organizaci¨®n que promueve pol¨ªticas p¨²blicas para encauzar la lucha contra las drogas desde un enfoque regulado. Pero desde su oficina en Washington, donde se desempe?a como asesora legal de Human Rights Watch ¡ªorganizaci¨®n dedicada a la defensa de los derechos humanos donde suma veinte a?os de labor¡ª, Mar¨ªa McFarland S¨¢nchez-Moreno (Ankara, 1976) sigue con atenci¨®n y angustia lo que sucede en el Per¨², su patria junto a Estado Unidos, el pa¨ªs donde se hizo adulta y fue testigo de c¨®mo se capturaron las instituciones p¨²blicas en los a?os noventa.

Esta conversaci¨®n transcurrir¨¢ en su segunda visita a Lima en este 2024, en el recibidor de un hotel, en medio de una investigaci¨®n sobre el crimen organizado que la llevar¨¢ a la costa norte y de un seminario donde alz¨® la voz acerca de un proyecto de ley que amenaza a las organizaciones no gubernamentales bajo una supuesta fiscalizaci¨®n en aras de la transparencia. ¡°Ya existe un sistema para fiscalizar a las organizaciones en el Per¨². El truco de estas leyes es que las aprueban con lenguaje s¨²per amplio y ambiguo que va m¨¢s all¨¢ de lo proporcional y se presta a todo tipo de arbitrariedades. Es un modelo que se est¨¢ copiando de Rusia, India y Nicaragua, gobiernos autocr¨¢ticos y abusivos¡±, explica.

Son semanas m¨¢s ¨¢speras de lo normal. Se han producido tres paros de transportistas y comerciantes en un mes, los asesinatos por sicariato se han multiplicado y han inundado las redes sociales, el Ejecutivo ha echado los tanques de guerra a las calles para intimidar a los manifestantes y, adem¨¢s, se pretende incorporar el delito de terrorismo urbano. Para MacFarland solo se trata de una forma eficaz para estigmatizar, confundir y justificar abusos. ¡°Hay un trauma en la poblaci¨®n por la guerra interna. Y eso lo aprovechan ciertos pol¨ªticos para generar zozobra, temor y ansiedad, pintando todo como terrorismo¡±, dice la abogada.

Pregunta. ?Hemos vuelto a los a?os noventa?

Respuesta. Hay elementos de los noventa de Fujimori que est¨¢n regresando. Estos esfuerzos por controlar los distintos estamentos del Estado como el sector justicia y el sistema electoral e incluso fuera del Estado como la sociedad y el periodismo. Esfuerzos por desmantelar leyes y sistemas para investigar la corrupci¨®n, as¨ª como eliminar las posibilidades de rendici¨®n de cuentas.

P. ?Qu¨¦ tan distinto ve a este Per¨² al de inicios de los 2000?

R. Yo estuve muy orgullosa de este pa¨ªs, cuando durante la primera d¨¦cada del 2000 hubo un gran movimiento por recobrar la democracia y hacer frente a los abusos de derechos humanos y corrupci¨®n que se cometieron durante el Gobierno de Fujimori. Por eso mismo ha sido sumamente preocupante ver c¨®mo en los ¨²ltimos a?os el Per¨² ha retrocedido y c¨®mo el Congreso pareciera estar muy interesado en desarticular la democracia.

P. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo cuentan con un m¨ªnimo respaldo popular. La presidenta Boluarte, de hecho, ha alcanzado el 92% de desaprobaci¨®n. Me imagino que le deben preguntar a menudo c¨®mo se sostiene este Gobierno con esos porcentajes.

R. Es impresionante. La impopularidad es la gran debilidad de este mandato. Aunque ciertamente no los noto muy preocupados. Claro, en tanto no afecte su supervivencia. Se percibe en ellos un af¨¢n desmedido por acaparar poder y controlar a la sociedad civil. Despu¨¦s de las protestas masivas a fines de 2022 e inicios de 2023 se instal¨® un periodo de miedo y frustraci¨®n debido a la violencia en contra de los manifestantes. Pero ahora estamos volviendo a ver pronunciamientos de otros sectores que se est¨¢n haciendo sentir en las calles.

P. Human Rights Watch public¨® un informe sobre las muertes en aquellas movilizaciones donde sostiene que se cometieron ejecuciones extrajudiciales y el Ejecutivo fue negligente. A poco de cumplirse dos a?os, ?percibe en el Gobierno una intenci¨®n en la b¨²squeda de justicia?

R. Dentro de la Fiscal¨ªa pueden haber elementos que s¨ª quieren hacer su trabajo. Pero dentro del Gobierno de Dina Boluarte ha habido un claro rechazo a la rendici¨®n de cuentas. Han tomado medidas para impedir investigaciones que podr¨ªan afectar a la presidenta como desarticular a la Diviac (Divisi¨®n de Investigaci¨®n de Delitos de Alta Complejidad). Adem¨¢s, en el Per¨² no se ha invertido como se debe para fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscal¨ªa que, por cierto, vive una crisis y ha tenido varias cabezas en el ¨²ltimo tiempo, como Patricia Benavides que fue removida por acciones graves.

P. Hace poco particip¨® en un evento donde se abord¨® un proyecto de ley que amenaza a las ONGs. ?Por qu¨¦ las ONGs son imprescindibles en una democracia?

R. En cualquier democracia se necesita tener una sociedad civil din¨¢mica que canalice los distintos intereses de las personas, la protecci¨®n de los derechos e incluso la asistencia. La democracia es en el fondo una forma de gobierno de la gente y la sociedad civil es la gente. Este proyecto de ley que se impuls¨® hace unos meses para supuestamente fiscalizar a las ONG que reciben plata del exterior encaja dentro de una tendencia global de gobiernos autocr¨¢ticos que no quieren ser vigilados. Bajo el discurso de que son agentes extranjeros, estigmatizan y les crean una burocracia imposible de navegar.

P. Que a la larga podr¨ªa hacerlas colapsar.

R. As¨ª es. Ha pasado en Rusia, India y Nicaragua. En Georgia ya la han aprobado, aunque todav¨ªa no terminan de implementarla. Gobiernos autocr¨¢ticos y corruptos han usado este tipo de ley para hacer una campa?a masiva para clausurar y hasta capturar, detener y procesar a miembros de ONG. En Nicaragua han cerrado 5.800 organizaciones de la sociedad civil. Cualquier organizaci¨®n que junte a personas para representar una causa ya es una amenaza para el Gobierno de Ortega.

P. Uno de los p¨¢rrafos del proyecto de ley dice que deben ser sancionadas las ONG que participen o instiguen a actos que vayan en contra de la paz social. ?Qu¨¦ le parece?

R. El truco de estas leyes es que las aprueban con lenguaje s¨²per amplio y ambiguo que va m¨¢s all¨¢ de lo proporcional y se presta a todo tipo de arbitrariedades. ?Qu¨¦ es un uso indebido? Esto le da un poder enorme a las autoridades para tomar medidas abusivas. Ninguna ONG podr¨ªa apoyar una protesta leg¨ªtima porque estar¨ªa alterando el orden p¨²blico. En Rusia aprobaron una ley de agentes extranjeros en 2012 y con los a?os la han ido endureciendo cada vez m¨¢s. Han clausurado no solo muchas ONG sino que ahora incluso van tras individuos.

P. Precisamente quienes defienden estas modificatorias apelan a que no se debe admitir la injerencia extranjera.

R. Muchas veces hablan como si fuera el modelo FARA en Estados Unidos, que es una ley que existe desde 1930 y que le exige a los lobistas de gobiernos extranjeros que se registren. Pero es muy distinto decir que cualquier persona que recibe dinero de una fundaci¨®n en el exterior es un representante de intereses extranjeros. Eso no tiene sentido. En el sistema internacional de derechos humanos ha quedado muy claro que parte del derecho a la libertad de asociaci¨®n es buscar recursos.

P. ?Qu¨¦ opina de la propuesta del Gobierno de incorporar el delito de terrorismo urbano?

R. Hay un trauma en la poblaci¨®n por la guerra interna. Y eso lo aprovechan ciertos pol¨ªticos para generar zozobra, temor y ansiedad, pintando todo como terrorismo. Es una forma muy eficaz de estigmatizar y confundir y justificar abusos terribles. En las manifestaciones de 2022 y 2023 diversos actores del Gobierno participaron en el terruqueo. Dec¨ªan que los manifestantes pac¨ªficos eran terroristas en lugar de hablar sobre los temas de fondo. El objetivo era simplemente tacharlos.

P. ?Y qu¨¦ me dice del Congreso?

R. Desde hace un buen tiempo han ido aprobando leyes para quitarle herramientas de investigaci¨®n al Ministerio P¨²blico y a la misma Polic¨ªa que eran esenciales para hacerle frente al crimen organizado. Redujeron los plazos para verificar los testimonios que se consegu¨ªan con la colaboraci¨®n eficaz. Este a?o, adem¨¢s, se aprob¨® esta ley que cambia la definici¨®n de crimen organizado para dejar por fuera una serie de delitos, incluyendo la extorsi¨®n y corrupci¨®n. Y muchos congresistas est¨¢n investigados por corrupci¨®n. Es otro claro esfuerzo por cambiar las leyes de rendici¨®n de cuentas de una forma que afecta la capacidad del Estado de proteger a la poblaci¨®n en general.

P. En una columna en The Hill se preguntaba: ?se convertir¨¢ el Per¨² en el pr¨®ximo refugio del crimen organizado en Am¨¦rica Latina? Eso lo public¨® en junio y ahora a octubre, seg¨²n las estad¨ªsticas cinco peruanos mueren asesinados cada d¨ªa. ?Ya no cabe hacer la pregunta sino la afirmaci¨®n?

R. Insisto: al debilitar la capacidad investigativa con los cambios de leyes se le ha hecho el juego al crimen organizado. A mi parecer todav¨ªa el sicariato no est¨¢ en etapas tan graves como en otros pa¨ªses de la regi¨®n. Estamos en una fase inicial. Pero no solo son las extorsiones sino las organizaciones que se generan en torno a econom¨ªas como la miner¨ªa ilegal.

P. ?C¨®mo percibe nuestra relaci¨®n con el sistema interamericano?

R. Los gobiernos autocr¨¢ticos esconden lo que hacen y no quieren que les hagan muchas preguntas. Buscan eliminar todos los sistemas de rendici¨®n de cuentas. El Per¨² ha sido miembro del sistema interamericano durante d¨¦cadas y ratific¨® la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos. No fue una imposici¨®n. El Per¨² se comprometi¨® a cumplir las reglas y, claramente, hubo una falta de respeto en la excarcelaci¨®n de Alberto Fujimori. Adem¨¢s muchos pol¨ªticos han declarado abiertamente que debemos salirnos del sistema. Esa ret¨®rica es preocupante. Si finalmente nos desconectamos del sistema, el Per¨² estar¨ªa como los peores estados de la regi¨®n y el mundo. La pregunta es: ?el Per¨² se quiere alienar a gobiernos como Cuba, Venezuela? ?Ese es el camino?

P. Usted escribi¨® que Fujimori amas¨® tanto poder porque muchos peruanos ve¨ªan en ¨¦l una mano dura necesaria en medio de una crisis econ¨®mica y de inseguridad. ?Es un contexto similar para que aparezca un nuevo Fujimori en las elecciones del 2026?

R. Yo lo veo de una forma muy distinta. All¨ª hubo una guerra interna y un grupo armado que comet¨ªa abusos espantosos. La gente vio en Fujimori a una mano dura que salvar¨ªa el pa¨ªs. Pero lo interesante de la captura de Abimael Guzm¨¢n (l¨ªder de Sendero Luminoso) es que fue gracias al trabajo de investigaci¨®n de equipos ¨¦lite de la Polic¨ªa. Incluso al margen el propio presidente. Ese discurso de mano dura puede ser atractivo, pero espero que la gente no caiga en la trampa. Si el Per¨² realmente quiere enfrentar el crimen organizado necesita fortalecer la capacidad investigativa y no deshacerla como han hecho.

P. ?C¨®mo definir¨ªa al Per¨² actual?

R. Considero que existe una serie de acciones en el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso que tienden a la autocracia en esta b¨²squeda por acaparar poder y eliminar la rendici¨®n de cuentas.

P. Usted propone que Estados Unidos deber¨ªa retirarle las visas a los funcionarios envueltos en actos de corrupci¨®n. ?Por qu¨¦ ser¨ªa una medida eficiente?

R. Estados Unidos tiene leyes que obligan el retiro de visas a funcionarios extranjeros involucrados en graves actos de corrupci¨®n. Eso es un requisito legal. Por otro lado tambi¨¦n tienen leyes que permiten imponer sanciones como el congelamiento de bienes. Han usado estas herramientas de una manera muy eficaz en otros pa¨ªses como Guatemala. Estados Unidos tiene que pensar que la relaci¨®n que debe mantener no es con las personas que est¨¢n en el gobierno actual, sino con el pueblo peruano. Y puede jugar un papel importante protegiendo a las instituciones democr¨¢ticas y luchando contra intereses corruptos que buscan acumular poder.