El costo del crimen y la violencia rebasa el presupuesto anual de educaci¨®n o salud en Colombia

El peso econ¨®mico del crimen y la violencia, en la Colombia de hoy, rebasa el presupuesto anual para educaci¨®n o salud. No es una simple cuesti¨®n matem¨¢tica. Los costos directos de estos delitos fueron equivalentes al 3,64% del PIB total en 2022. Es decir, unos 68 billones de pesos, o m¨¢s de 17.000 millones de d¨®lares. La cifra se recoge de un estudio publicado este a?o y confeccionado a cuatro manos por el centro de pensamiento colombiano Fedesarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de un lastre para un pa¨ªs que busca pasar la p¨¢gina de un largo historial de conflictos internos, violaciones a los derechos humanos e inseguridad en el campo y las ciudades. D¨ªa tras d¨ªa, sin embargo, los peri¨®dicos registran a¨²n historias escalofriantes de violencia y miedo en algunas zonas del mapa.

A lo largo de tres a?os, un equipo formado por siete economistas latinoamericanos trat¨® de unir lazos metodol¨®gicos. El objetivo: examinar el costo del crimen y la violencia en 22 pa¨ªses de la regi¨®n. ¡°El resultado m¨¢s importante¡±, explica Luis Fernando Mej¨ªa, director de Fedesarrollo y coautor del trabajo, ¡°tiene que ver con la estimaci¨®n de los costos directos¡±. El promedio de Am¨¦rica Latina fue de 3,44% del PIB, dos d¨¦cimas por debajo de Colombia. Los investigadores segmentaron las afectaciones en tres grandes bloques: el capital humano, el presupuesto p¨²blico y, por ¨²ltimo, en el sector privado.

El descenso en la productividad asociada a la p¨¦rdida de vidas por la violencia, los secuestros o las lesiones personales, por ejemplo, tuvo un costo calculado del 0,88% del PIB en Colombia. Conviene recordar que, si bien es cierto que los peores d¨ªas de la violencia guerrillera y paramilitar han pasado, los homicidios y las extorsiones no han cesado y poblaciones enteras, sobre todo en zonas fronterizas, no dejan de hundir el bot¨®n de p¨¢nico para llamar la atenci¨®n sobre la presencia de nuevos grupos armados. En cuanto al peso del presupuesto estatal destinado a la Polic¨ªa, el sistema judicial o penitenciario, que el estudio subraya podr¨ªa destinarse a otras urgencias sociales, acapara un 1% del PIB.

¡°El tercero, que es el costo privado¡±, resume Mej¨ªa, ¡°tiene que ver con las inversiones que hacen las empresas para evitar ser v¨ªctimas de la criminalidad¡±. Las p¨®lizas contra atraco o los sistemas de seguridad forman parte de este rubro que se lleva la mayor tajada del pastel: 1,76% del PIB.

Con todo, Colombia ocupa el octavo lugar del escalaf¨®n, en una franja similar a la de Brasil y M¨¦xico. ¡°Si bien solo calculamos los costos directos en estos tres componentes, tambi¨¦n analizamos, a trav¨¦s de algunos estudios de caso, el peso indirecto del crimen y la violencia¡±. El economista se refiere, por ejemplo, al impacto negativo sobre el turismo, un rengl¨®n econ¨®mico fundamental. M¨¢s a¨²n en tiempos donde los Gobiernos conocen la importancia de posicionar la denominada ¡°marca pa¨ªs¡± como retrato articulado de destinos seguros para las inversiones extranjeras y los visitantes.

Es claro que el tsunami de turistas que aqueja a las ciudades europeas en los veranos, con su impacto sobre el valor de los alquileres y los barrios, solo se encuentra a cuentagotas en un pu?ado de ciudades latinoamericanas. Entre las murallas para que los flujos de viajeros sean mayores, se lee en el documento, se halla la idea de que ¡°la informaci¨®n disponible sobre su seguridad¡± constituye un factor seminal a la hora de escoger destino. Y la reputaci¨®n conflictiva de buena parte de las ciudades de la regi¨®n, sopla como viento en contra para que se conviertan en im¨¢n del turismo en masa.

Para formarse una idea del dinero que se esfuma, seg¨²n el estudio, vale la pena recordar que el Gobierno colombiano destin¨® 58,5 billones de pesos a la salud en 2023. El sector educativo, por su parte, encaj¨® unos 52 billones el mismo a?o. ¡°Es una barrera para el crecimiento econ¨®mico. Hay p¨¦rdidas de productividad y gastos que se dedican a luchar contra la criminalidad que podr¨ªan destinarse a la inversi¨®n, la innovaci¨®n o la atenci¨®n de la pobreza¡±. Se trata de una p¨¦rdida gigante de recursos en una regi¨®n marcada por el miedo y la desigualdad: ¡°Creemos que este estudio pone de presente la importancia de pol¨ªticas p¨²blicas que pueden priorizar la prevenci¨®n y, por supuesto, mejorar la eficiencia de la administraci¨®n de justicia¡±.

Nathalie Alvarado, coordinadora de la divisi¨®n de seguridad y justicia del BID, precisa por correo que para atajar las causas estructurales del crimen en la regi¨®n urge adoptar un enfoque multidisciplinario. Menciona el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia con inversiones en educaci¨®n y servicios sociales. Para paliar una realidad que se traslapa entre pa¨ªses vecinos, agrega, hace falta un ¡°marco de estrecha colaboraci¨®n¡±. Con mayor raz¨®n en una ¨¦poca en que el crimen organizado crece y se sofistica. ¡°Es transnacional e interconectado, mientras que las respuestas regionales permanecen fragmentadas¡±, subraya Alvarado.

El BID, de hecho, ha promovido la creaci¨®n de una Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. ¡°Una plataforma que permitir¨¢ coordinar esfuerzos y apoyar gobiernos en el desarrollo de pol¨ªticas y acciones basadas en evidencia, as¨ª como el fortalecimiento institucional para prevenir y contrarrestar el impacto del crimen organizado¡±, precisa la funcionaria del organismo multilateral, quien, adem¨¢s, forma parte del grupo responsable del informe. Desde Washington recuerda, por ¨²ltimo, que las afectaciones asolan a toda la sociedad: ¡°La educaci¨®n de los j¨®venes, promoviendo la deserci¨®n escolar; impactan la salud de las personas al margen de las v¨ªctimas directas; y se vincula con la explotaci¨®n desmedida de los recursos naturales y la degradaci¨®n del ecosistema¡±.