Celia Ramos y la esperanza de reparaci¨®n para las v¨ªctimas de las esterilizaciones forzadas en Per¨²

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Han pasado 26 a?os desde que Celia Ramos falleciera a causa de una operaci¨®n innecesaria e indeseada. En 1997, esta joven peruana acudi¨® a un centro de salud en La Legua, Piura, en el norte del pa¨ªs, en busca de atenci¨®n odontol¨®gica y sali¨® de la consulta con un pu?ado de insistentes recomendaciones para ligarse las trompas. Los m¨¦dicos que la atendieron repararon en que la campesina de 34 a?os cumpl¨ªa el perfil que buscaba el r¨¦gimen de Alberto Fujimori, en un plan de esterilizaci¨®n masivo que ¡°frenara la pobreza¡±: mujer rural y sin recursos. Ramos accedi¨® a operarse tras el asedio de los sanitarios -que llegaron a personarse en su propia casa- y falleci¨® 19 d¨ªas despu¨¦s de la intervenci¨®n. Este es el primer caso de esterilizaciones forzadas en Per¨² que acepta juzgar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pero, un mes despu¨¦s de la decisi¨®n, voces conservadoras tratan de opacar la historia de cientos de miles de afectadas y ponen en entredicho la credibilidad del tribunal.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificaci¨®n familiar, impulsado por Fujimori entre 1996 y 2001, esteriliz¨® a 272.028 mujeres y 22.004 varones. Aunque es dif¨ªcil conocer qu¨¦ porcentaje exacto de las intervenciones no fueron informadas correctamente o fueron simplemente impuestas, la estimaci¨®n de los acad¨¦micos ronda el 90%. Este porcentaje de mujeres accedi¨® al quir¨®fano, seg¨²n la Fiscal¨ªa, ¡°bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas¡±. Fruto de la pol¨ªtica de control de natalidad, Celia y otras 17 mujeres fallecieron d¨ªas despu¨¦s de la operaci¨®n. Si bien la ligadura de trompas es un m¨¦todo de anticoncepci¨®n permanente seguro y fiable, este programa estatal no garantizaba las condiciones m¨ªnimas de salubridad ni los monitoreos previos o postoperatorios.

Mar¨ªa Ysabel Cedano, abogada de la organizaci¨®n Demus, grupo colitigante ante la Corte IDH, se?ala que las v¨ªctimas, que en la denuncia suman 1.264 (aunque la Fiscal¨ªa ha pedido a?adir otras 2.264 denunciantes adicionales), esperan que se trate el caso por primera vez como un crimen de lesa humanidad: ¡°Es importante recordar que est¨¢bamos en un conflicto armado interno en los 90 y que el programa no fue ejecutado en todo el territorio nacional. Fue un ataque a una poblaci¨®n civil espec¨ªfica. Cuando sabemos que el Ministerio de Salud involucr¨® tambi¨¦n a militares, ?c¨®mo vamos a esperar que una mujer campesina, ind¨ªgena o amaz¨®nica, quechua hablante denuncie o se oponga?¡±. Y a?adi¨®: ¡°Lo masivo de estas operaciones pone en cuesti¨®n el consentimiento. Estamos hablando de hasta 90.000 ligaduras anuales. No puede ser que los testimonios de tantas y tantas mujeres de lugares remotos cuenten lo mismo. Que firmaron un formulario que no habla de que es un proceso irreversible, que no sab¨ªan bien por qu¨¦ era importante hacerlo o que ni siquiera lo entendieron porque no les hablaron en quechua. El consentimiento no es una ficha y una firma¡±.

Para ello, la abogada exige que Alberto Fujimori -actualmente preso por su vinculaci¨®n en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- y los tres exministros de la cartera de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, sean tambi¨¦n procesados por estos ¡°atentados contra los derechos de las mujeres ind¨ªgenas y campesinas¡±. Para sentar a Fujimori en el banquillo, Chile juega un papel muy importante.

Aunque Fujimori est¨¢ preso en Per¨², Chile fue el pa¨ªs que autoriz¨® la extradici¨®n del expresidente en 2007 por los delitos de corrupci¨®n y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, homicidio calificado, desaparici¨®n forzada y tortura. Ahora, es el Estado peruano quien puede pedirle a Chile que incluya entre estos delitos los casos de esterilizaciones forzadas. A¨²n, seg¨²n Cedano, no se ha asignado un abogado estatal para ello. ¡°Es una forma de dilatar m¨¢s a¨²n el proceso judicial¡±, aclara Florencia Reggiardo, directora adjunta del Programa para la Regi¨®n Andina, Norteam¨¦rica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

¡°Es nuestro proceso de sanar con justicia¡±

¡°Esta lucha empez¨® con mi pap¨¢, quien hizo una denuncia en su momento, pero no lo escucharon¡±, explic¨® a EFE Marisela Monz¨®n Ramos, una de las tres hijas de Celia Ramos. ¡°Despu¨¦s la continu¨® mi t¨ªo, quien no se qued¨® tranquilo con que no hubo justicia. Ahora nosotras estamos a cargo. Consideramos esto como parte de nuestro proceso de sanar tambi¨¦n, de ir cerrando ciclos, pero cerrando con justicia, no con olvido y resignaci¨®n, sino con hechos, que se reconozca la verdad y que por fin obtengamos esa reparaci¨®n que buscamos y que merecemos por derecho¡±.

A pesar del testimonio de cientos de mujeres campesinas, el trabajo de las organizaciones feministas, los cuatro informes de la Defensor¨ªa del Pueblo y los sendos estudios acad¨¦micos, los casos de esterilizaciones forzadas siguen siendo negados por el ala m¨¢s conservadora de Per¨², con gran presencia en los poderes del Estado. Alejandro Aguinaga, uno de los acusados durante el r¨¦gimen de Fujimori y actual presidente de la Comisi¨®n Ordinaria Relaciones Exteriores, anunci¨® en redes sociales varias veces que convocar¨ªa ¡°a expertos juristas para evaluar la permanencia del Per¨² en la Corte IDH¡±. Las insistencias se repitieron d¨ªas despu¨¦s de que el tribunal aceptara juzgar el caso de Ramos. Seg¨²n dijo, comenzar¨ªa los tr¨¢mites para ¡°desafiliar¡±. al pa¨ªs del organismo. ¡°Que los pa¨ªses de izquierda lo mantengan¡±, a?adi¨®. ¡°Esto no es una lucha ideol¨®gica¡±, lamenta por su parte Cedano. ¡°Se trata de reparar a las cientos de miles de v¨ªctimas¡±.

Asimismo, el recientemente nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, tambi¨¦n ha provocado rechazo entre el movimiento feminista y defensores de los derechos humanos. Este particip¨® como asesor de una tesis que habla del ¡°mito pol¨ªtico de las esterilizaciones¡± creado ¡°por sectores de izquierda unidos a la iglesia cat¨®lica, sectores conservadores que en una amalgama inusual coincidieron en formular la creencia err¨®nea de la existencia de esterilizaciones forzadas en mujeres de origen humilde¡±.

¡°Fue masivo, compulsivo y sistem¨¢tico¡±

A Florencia Reggiardo, de CEJIL colitigante del caso, sin embargo, no le cabe la menor duda: ¡°Fue un programa masivo, compulsivo y sistem¨¢tico dirigido ¨²nicamente a mujeres campesinas, para que no se reprodujeran. Esta fue una de tantas otras pol¨ªticas de Fujimori que atentaron contra los derechos humanos. Este programa est¨¢ escrito, estuvo vigente. Es irrefutable. Pero hay muchas voces en el Per¨² que a¨²n lo niegan o miran hacia otro lado¡±. Para Cedano, el componente racista es fundamental: ¡°En el imaginario colectivo de mi pa¨ªs se sigue hablando de esto como casos aislados. El racismo ha hecho que se justifique. Ahora que la Corte IDH lo tiene en sus manos, los ultraconservadores siguen aferr¨¢ndose a los mismos argumentos y ataques¡±.

Por eso, ambas litigantes reconocen que la sentencia de la Corte IDH ser¨¢ sumamente importante para el pa¨ªs y para la regi¨®n. Una decisi¨®n en favor de las denunciantes reafirmar¨ªa la tendencia progresista de los tribunales latinoamericanos que ya condenaron a Chile y Bolivia por casos similares en los que compararon las esterilizaciones forzadas con ¡°tortura¡±. ¡°La importancia de esta decisi¨®n es precisamente no retroceder en derechos¡±, a?ade Reggiardo. Actualmente, el proceso est¨¢ en la primera fase, en la demanda escrita. Las abogadas estiman que la audiencia tenga lugar en un a?o y que la sentencia demore otro a?o en llegar, aproximadamente.

La acusaci¨®n pide una disculpa p¨²blica por parte del Estado, una compensaci¨®n econ¨®mica y becas de estudio para las v¨ªctimas, la investigaci¨®n sobre la esterilizaci¨®n no consentida y pol¨ªticas p¨²blicas que formen a magistrados y sanitarios. ¡°Per¨² tiene que conocer su historia. Y Fujimori y los dem¨¢s implicados tienen que recibir una condena¡±, dice Cedano. ¡°La violencia contra las mujeres no puede quedar impune. No m¨¢s¡±.