Los Gobiernos latinoamericanos subsidian la contaminaci¨®n

Cualquier persona que haya atravesado la Ciudad de M¨¦xico, Bogot¨¢, Santiago, Lima, o para el caso, casi cualquier ciudad de Am¨¦rica Latina, habr¨¢ visto las enormes desigualdades que existen entre los barrios ricos y los barrios pobres. Estas diferencias van desde el tama?o y el lujo de las casas, el acceso a servicios b¨¢sicos, la existencia de espacios verdes y de esparcimiento y la manera de transportarse hasta la seguridad en los alrededores.

Hoy queremos hablarles de una forma de desigualdad mucho menos evidente y un tanto oscura: los Gobiernos subsidian la inequidad y la contaminaci¨®n del planeta. En Am¨¦rica Latina, entre 2020 y 2022, los subsidios a los combustibles f¨®siles ¡ªbien sabidos principales causantes del cambio¡ª aumentaron de 35.000 a 57.000 millones de d¨®lares. Es decir, nuestros Gobiernos est¨¢n gastando grandes montos de fondos p¨²blicos para financiar el consumo o la producci¨®n de combustibles f¨®siles como la gasolina o el di¨¦sel.

Estos beneficios no est¨¢n distribuidos equitativamente en la poblaci¨®n. Los sectores con mayor poder adquisitivo son los que m¨¢s consumen energ¨ªa y, por ende, los que m¨¢s se benefician de las ayudas al consumo de estos. Son los hogares que tienen carro (?muchas veces m¨¢s de uno!) quienes m¨¢s gasolina necesitan y aquellos que m¨¢s consumen productos, quienes m¨¢s se benefician indirectamente de los subsidios al di¨¦sel para el transporte. Por lo tanto, estos son socialmente regresivos, con mayores beneficios para quienes tengan mayor poder adquisitivo.

Esto en n¨²meros se ve as¨ª: en M¨¦xico, el pa¨ªs que m¨¢s subsidia los combustibles f¨®siles en la regi¨®n latinoamericana, la mitad m¨¢s pobre de las familias recibe s¨®lo el 20% de los beneficios de los subsidios a la gasolina, mientras que la mitad m¨¢s rica recibe el restante 80%. En Sudame?rica y Centroame?rica, ma?s del 43% de los beneficios de los subsidios a los combustibles fo?siles fueron al 20% de la poblacio?n con ma?s ingresos, y s¨®lo el 6% fue a los sectores ma?s pobres de la regio?n.

En teor¨ªa, los subsidios se implementan con el objetivo de apoyar a poblaciones marginalizadas, por ejemplo, para reducir la pobreza o como un mecanismo para promover el desarrollo econ¨®mico, haciendo m¨¢s accesible la energ¨ªa para la movilizaci¨®n, el trabajo y los hogares. Sin embargo, cuando se subsidia el consumo de manera generalizada, el resultado es una distribuci¨®n desigual e ineficiente de los beneficios.

Seamos claros: los subsidios a los combustibles f¨®siles son una pol¨ªtica gubernamental que acelera el cambio clim¨¢tico, distribuye fondos p¨²blicos de manera desigual, desincentiva la b¨²squeda de alternativas econ¨®micas m¨¢s eficientes a los combustibles f¨®siles, y genera efectos nocivos para la salud.

?Qu¨¦ hacer entonces? Hemos visto varios intentos de eliminar o reducir los subsidios a los combustibles f¨®siles, la electricidad o el transporte p¨²blico que han causado un fuerte rechazo por la poblaci¨®n con consecuencias negativas para los procesos sociales y pol¨ªticos en nuestra regi¨®n. El caracazo en Venezuela de 1998, el estallido social chileno en 2019, los disturbios por el gasolinazo en M¨¦xico de 2017 o las protestas contra el tarifazo en Argentina de 2016, por mencionar algunos.

Es claro que la eliminaci¨®n de los subsidios no es una pol¨ªtica viable por s¨ª sola. A¨²n si los sectores m¨¢s ricos de la poblaci¨®n son quienes m¨¢s valor monetario adquieren de los subsidios generalizados a los combustibles f¨®siles, estos tienden a representar un apoyo significativo para los hogares con menores ingresos y las clases medias latinoamericanas.

El punto al que queremos llegar es que los Gobiernos busquen maneras m¨¢s eficientes de lograr sus objetivos de desarrollo social y econ¨®mico, tomando en cuenta tambi¨¦n las externalidades de los problemas ambientales derivados del uso de estos combustibles. Esto puede promoverse con reformas a los esquemas de subsidios que tomen en consideraci¨®n los acuerdos sociales y pol¨ªticos de protecci¨®n social e institucionalidad econ¨®mica que la poblaci¨®n siente que est¨¢ atada a un sentido de justicia.

Es decir, los Gobiernos latinoamericanos (y del mundo), tienen hoy una inmensa oportunidad de reinvertir cantidades significativas de fondos p¨²blicos creando o fortaleciendo en paralelo programas de protecci¨®n social y compensaci¨®n para los hogares m¨¢s vulnerables y los trabajadores y las empresas que se podr¨ªan ver afectadas negativamente por los cambios.

En Venezuela, se estima que en 2022, el Gobierno gast¨® cerca de 8.000 millones de d¨®lares en subsidios para el consumo de productos derivados del petr¨®leo. Esto podr¨ªa equivaler a 34 d¨®lares mensuales por persona si se distribuyen directamente a los 19,6 millones de personas en pobreza extrema en el pa¨ªs, cubriendo el 30% de la canasta b¨¢sica de un hogar de cinco personas.

En un contexto de emergencia clim¨¢tica e inequidad social, resulta ¨¦ticamente inaceptable subsidiar la contaminaci¨®n y subsidiar innecesariamente a los sectores m¨¢s ricos. Es m¨¢s bien momento de repensar nuestro contrato social hacia una distribuci¨®n justa de los recursos p¨²blicos. Una reforma bien ejecutada puede ser una oportunidad para afianzar la confianza entre el Estado y la poblaci¨®n, si los gobiernos de la regi¨®n pueden demostrar que la transici¨®n energ¨¦tica no s¨®lo puede ser justa, sino que adem¨¢s ofrece muchos beneficios.