La urgencia de proteger los derechos humanos durante la transici¨®n energ¨¦tica

EL PA?S ofrece en abierto la secci¨®n Am¨¦rica Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscr¨ªbete aqu¨ª.

En un contexto de crisis clim¨¢tica, la comunidad global ha unido esfuerzos para alcanzar la meta fijada: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, es indispensable reemplazar el uso de combustibles f¨®siles con otras opciones que permitan satisfacer la demanda energ¨¦tica. Sin embargo, el c¨®mo lo hagamos es fundamental y pasa por poner en el centro a los derechos humanos.

El Banco Mundial considera crucial la extracci¨®n de 3.000 millones de toneladas de minerales en los pr¨®ximos 30 a?os para impulsar la transici¨®n energ¨¦tica mundial. Y, seg¨²n la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe, en esta regi¨®n se encuentra gran parte de las reservas de recursos esenciales para este proceso: 51% de las reservas mundiales de litio, 38% del cobre, 22% del grafito natural, 39% de la plata y 17% del n¨ªquel, zinc y tierras raras.

Pero los costos ambientales y sociales de la extracci¨®n de los llamados minerales ¡°cr¨ªticos¡± para la transici¨®n recaen de manera desproporcionada en las comunidades y los ecosistemas, particularmente en el sur global. Esto ya est¨¢ ocurriendo en territorios altamente biodiversos y vulnerables a las presiones de la miner¨ªa, cuya expansi¨®n pasa por alto la consulta, la participaci¨®n y el acceso a informaci¨®n de las comunidades tradicionales.

Es el caso del Gran Atacama, regi¨®n ubicada en la Puna transfronteriza de Argentina, Bolivia y Chile. En el Salar del Hombre Muerto, por ejemplo, la acumulaci¨®n de actividades de extracci¨®n de litio ha agravado el estr¨¦s h¨ªdrico en la provincia argentina de Catamarca y amenaza con afectar la salud de las comunidades ind¨ªgenas del lugar por el uso de grandes cantidades de agua y de qu¨ªmicos contaminantes.

La Amazonia, el bosque tropical m¨¢s grande del mundo ¡ªhabitado y protegido por m¨¢s de 470 pueblos ind¨ªgenas y tradicionales¡ª, tambi¨¦n est¨¢ en riesgo ante la carrera por los minerales de transici¨®n. En el territorio amaz¨®nico de Brasil se identificaron, hasta mayo de 2024, m¨¢s de 5.000 solicitudes de 807 empresas para explotar estos minerales en una extensi¨®n total de 26 millones de hect¨¢reas dentro del bioma.

En la Amazonia colombiana, pese a la existencia de ¨¢reas protegidas que incluso se traslapan con territorios ind¨ªgenas, hay vulneraciones de derechos humanos a causa de concesiones y solicitudes vigentes para la explotaci¨®n de minerales, la mayor¨ªa incluidos en el listado de ¡°estrat¨¦gicos para la transici¨®n¡±, as¨ª como por su extracci¨®n ilegal. La falta de control sobre la cadena de valor de estos minerales es un factor decisivo detr¨¢s de esta situaci¨®n.

Algo similar ocurre en los Andes tropicales, otro hotspot de diversidad biocultural afectado por la extracci¨®n, legal o ilegal, de minerales como el cobre. Frente a esta realidad, ¨®rganos internacionales se han pronunciado acerca de las problem¨¢ticas de derechos humanos de los procesos de respuesta a la crisis clim¨¢tica, en general, y de la transici¨®n energ¨¦tica, en particular.

En septiembre pasado, por ejemplo, el Panel de las Naciones Unidas sobre Minerales Cr¨ªticos para la Transici¨®n Energ¨¦tica emiti¨® una serie de recomendaciones y principios voluntarios con el objetivo de garantizar una gesti¨®n equitativa, justa y sostenible de estos minerales.

Y en una audiencia p¨²blica este viernes, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades hablar¨¢n por primera vez ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los impactos que la extracci¨®n de minerales para la transici¨®n implica para los derechos humanos en el continente. Dar¨¢n testimonio de casos concretos y de afectaciones particulares a los derechos de los pueblos ind¨ªgenas y comunidades, al derecho a un ambiente sano y a los derechos de acceso a la informaci¨®n p¨²blica ambiental, la participaci¨®n ciudadana y a la justicia.

La CIDH tiene un rol esencial para impulsar el di¨¢logo con los Estados y la adopci¨®n de medidas eficaces y oportunas para prevenir la violaci¨®n de derechos humanos en la gesti¨®n de la crisis clim¨¢tica. Frente a este desaf¨ªo mundial, es fundamental entender que no existe una sola transici¨®n energ¨¦tica, sino varias, que respondan a las necesidades de cada territorio, as¨ª como a los diferentes contextos sociales. Desde una perspectiva latinoamericana, las transiciones implican un cambio de sistema energ¨¦tico y no solo un cambio de matriz energ¨¦tica. Deben ser procesos que promuevan el acceso a la energ¨ªa para las comunidades, asegurando su participaci¨®n en las decisiones y sistemas locales sostenibles basados en energ¨ªas limpias.

Es necesario un consenso diferente a nivel mundial: la necesidad de abordar la crisis clim¨¢tica y los procesos de transici¨®n energ¨¦tica con un enfoque de derechos humanos para proteger a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.