Venezuela trata de frenar la investigaci¨®n de la Corte Penal Internacional sobre cr¨ªmenes de lesa humanidad

Los representantes legales del Gobierno de Venezuela se han opuesto este martes en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) a que la Fiscal¨ªa de la instituci¨®n reanude las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el pa¨ªs en 2017, y que pueden constituir cr¨ªmenes contra la humanidad. Alegan no haber recibido informaci¨®n detallada por parte del fiscal, Karim Khan, sobre los delitos en cuesti¨®n, perpetrados durante las protestas antigubernamentales que se produjeron en el pa¨ªs sudamericano entre abril y julio de ese a?o y que causaron m¨¢s de un centenar de muertos. La Fiscal¨ªa del TPI abri¨® una investigaci¨®n formal en 2021 y firm¨® un acuerdo de colaboraci¨®n con Maduro. Un a?o despu¨¦s, Caracas dijo que los jueces venezolanos estaban trabajando en el caso y, por lo tanto, el TPI deb¨ªa retirarse porque solo puede actuar si el pa¨ªs en cuesti¨®n no puede o no quiere hacerlo por su cuenta. En 2022, sin embargo, el fiscal jefe, Karim Khan, pidi¨® que se reanudaran las indagaciones ante la falta de avances en el pa¨ªs.

Los delitos investigados incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, y fueron perpetrados durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el pa¨ªs caribe?o entre abril y julio de 2017. En ese periodo, el Tribunal Supremo hab¨ªa bloqueado las competencias de la Asamblea Nacional, que contaba mayor¨ªa opositora, y los venezolanos se lanzaron a la calle. M¨¢s de siete millones de ciudadanos han salido de su pa¨ªs desde 2015 huyendo de la crisis econ¨®mica y la represi¨®n gubernamental, seg¨²n Naciones Unidas.

Al principio de la sesi¨®n de este martes, Ben Emmerson, uno de los abogados del Gobierno venezolano, asegur¨® que la Fiscal¨ªa ¡°nunca se?al¨® a funcionarios de alto rango sospechosos de alguno de los delitos que se pretenda investigar: no hab¨ªa edades, fechas o ubicaciones espec¨ªficas de los incidentes, el colectivo o las personas responsables de los mismos¡±. Debido a que la informaci¨®n recibida era tan general, ha advertido de que ¡°no se pudo responder de forma pr¨¢ctica como estaba previsto y era requerido¡±. En respuesta, la fiscal Nivedha Thiru dijo que su oficina no estaba obligada a entrar en detalles al principio de la investigaci¨®n, pero los documentos remitidos a Caracas eran ¡°espec¨ªficos y suficientes para que el Estado [venezolano] conteste y el fiscal [del TPI] tenga flexibilidad para proteger a las v¨ªctimas y testigos dado el contexto¡±. Para reforzar sus argumentos, ha indicado que en las notificaciones remitidas a Caracas hab¨ªa ¡°calendarios, el ¨¢mbito geogr¨¢fico, el grupo de personas presuntamente responsables y el tipo de cr¨ªmenes contra la humanidad presuntamente cometidos¡±.

A partir de ese momento, la sesi¨®n ha sido un continuo ir y venir de argumentos t¨¦cnicos rebatidos por ambas partes, con especial ¨¦nfasis rerspecto a la traducci¨®n al espa?ol de una serie de documentos considerados esenciales, pero desestimados. Venezuela hizo un env¨ªo en espa?ol para que fuesen tenidos en cuenta en lugar de hacerlo en franc¨¦s o ingl¨¦s, las lenguas de trabajo del TPI. El letrado Emmerson ha recordado que el espa?ol es una de las lenguas oficiales de este tribunal y ¡°no es responsabilidad de Venezuela que la Corte ignorara la mayor¨ªa de las pruebas presentadas¡±. La Fiscal¨ªa ha respondido que Venezuela sab¨ªa que deb¨ªa traducir esos escritos y que la Sala de Apelaciones no err¨® al no pedir la traducci¨®n, ¡°porque los Estados deben aportar la informaci¨®n requerida en una de las lenguas en las que se trabaja¡±. Por otro lado, ¡°la informaci¨®n sobre los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan es muy limitada y poco espec¨ªfica y no permite al Tribunal se?alar que las investigaciones nacionales avancen¡±.

La apelaci¨®n incluye a la Oficina del Defensor P¨²blico para las V¨ªctimas (OPCV en sus siglas en ingl¨¦s), y su jefa, Paolina Massida, ha resumido as¨ª la postura de colectivo: ¡°Les parece que Venezuela no est¨¢, ni lo har¨¢ en un futuro, investigando los cr¨ªmenes de sus familiares y amigos¡±. Para sus representados, el contexto es esencial para definir un crimen contra la humanidad, ¡°y si no se integra la investigaci¨®n nacional no se puede decir que est¨¦n siendo analizados¡±.

En septiembre de 2018, varios pa¨ªses pidieron al TPI la apertura de una investigaci¨®n por supuestos cr¨ªmenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela desde febrero de 2014. El grupo estaba formado por Argentina, Canad¨¢, Colombia, Chile, Paraguay y Per¨², y la solicitud iba acompa?ada de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH). En ese escrito se documentaban los delitos que investiga la Fiscal¨ªa. La entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, al frente de los ex¨¢menes preliminares de este caso, dijo en 2020 que exist¨ªan ¡°fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos que son competencia de esta corte¡±.

En noviembre de 2021, un nuevo fiscal, Karim Khan, resolvi¨® abrir una investigaci¨®n para dirimir los cr¨ªmenes que se hubieran podido cometer bajo el Gobierno de Maduro. Khan y Maduro firmaron un acuerdo de colaboraci¨®n en Caracas, y el l¨ªder chavista advirti¨® de que ¡°no compartimos la decisi¨®n, pero la respetamos¡±. Un a?o despu¨¦s, la Fiscal¨ªa recibi¨® una solicitud venezolana para que la labor del TPI fuese aplazada en favor de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales. El principio de complementariedad, que convierte al tribunal en uno de ¨²ltimo recurso si el pa¨ªs que puede ser investigado act¨²a por su cuenta, ha sido invocado tambi¨¦n durante la apelaci¨®n. ¡°Venezuela, como Estado soberano, ya investiga y ha cooperado con el TPI¡±, ha afirmado el propio Emmerson. Desde 2017, unos 200 miembros de la polic¨ªa y el Ej¨¦rcito han sido acusados y condenados por violaciones de los derechos humanos, seg¨²n anunci¨® el Gobierno venezolano el abril de 2022. Seg¨²n la oposici¨®n, se hizo para evitar precisamente una investigaci¨®n de la justicia internacional.

En junio de 2023, y a la vista de que ¡°los procesos penales internos de Caracas¡± no reflejaban el alcance del caso, la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal autoriz¨® a la Fiscal¨ªa a reanudar la investigaci¨®n. Los jueces consideraron a su vez que hab¨ªa ¡°periodos de inactividad inexplicables¡±. Poco despu¨¦s, Venezuela present¨® la apelaci¨®n abierta ahora contra esta decisi¨®n, a la que sigui¨® una respuesta escrita de la Fiscal¨ªa. ¡°Todo este proceso tiene una clara motivaci¨®n pol¨ªtica sobre la base de una falsa acusaci¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido¡±, se?alaba un comunicado gubernamental venezolano. El TPI ha permitido que las v¨ªctimas puedan declarar asistidas por sus abogados, y las tres partes se ver¨¢n de nuevo este mi¨¦rcoles en la segunda sesi¨®n de la apelaci¨®n.

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