Las v¨ªctimas de la violencia en Venezuela piden que el Tribunal Penal Internacional reconozca su persecuci¨®n pol¨ªtica

Las v¨ªctimas de la violencia desatada en Venezuela en 2017 esperan que el Tribunal Penal Internacional (TPI) reconozca que fueron perseguidas por la defensa de sus derechos pol¨ªticos y sociales. Que se demuestre, en definitiva, que las violaciones y abusos padecidos en ese contexto constituyen cr¨ªmenes contra la humanidad y que pueda haber una forma de reparaci¨®n. Su voz ha planeado sobre la Sala de Apelaciones de la corte que ha cerrado este mi¨¦rcoles dos jornadas de sesiones sobre la investigaci¨®n que la Fiscal¨ªa espera llevar a cabo en el pa¨ªs sudamericano. La defensa del Gobierno de Venezuela niega la existencia de un plan estatal de represi¨®n y considera que la presencia del TPI en este asunto responde a intereses pol¨ªticos externos. Los fiscales, sin embargo, se?alan que la labor judicial de Caracas es escasa y temen que haya un vac¨ªo de impunidad. Los jueces deber¨¢n decidir a partir de ahora si la Fiscal¨ªa puede seguir adelante con el caso.

Es la primera vez que las v¨ªctimas venezolanas de las protestas antigubernamentales llevadas a cabo entre abril y julio de 2017, en las que hubo m¨¢s de cien muertos, hac¨ªan o¨ªr su voz. No lo han hecho en persona sino a trav¨¦s de Paolina Massidda, abogado principal de la Oficina del Defensor P¨²blico para la V¨ªctimas (OPCV en sus siglas en ingl¨¦s) del TPI. ¡°En este mismo momento, mientras hablamos, se siguen cometiendo delitos con impunidad en Venezuela¡±, ha dicho. Despu¨¦s de asegurar que las autoridades venezolanas ¡°no investigan como lo har¨ªa a Fiscal¨ªa del TPI¡±, ha recalcado que el sufrimiento de los que han padecido una violaci¨®n o de abusos sexuales ¡°es espec¨ªfico en el marco de una persecuci¨®n¡±. ¡°No se pueden investigar estos delitos a escala nacional como si fueran solo actos de crueldad. Hay que demostrar la intenci¨®n discriminatoria y debe reconocerse el contexto¡±, ha dicho. Massidda ha indicado que los tribunales venezolanos han desestimado casos de esta ¨ªndole, ¡°pero hay actos de tortura y violaciones en centros de detenci¨®n; amenazas y opositores pol¨ªticos detenidos ilegalmente; abusos a las v¨ªctimas y a sus familias¡±. Las v¨ªctimas, ha concluido, ¡°buscan justicia y esperan que se confirme la reanudaci¨®n de las investigaciones de la Fiscal¨ªa¡±. ¡°Solo un enfoque global permitir¨¢ averiguar la verdad¡±.

Frente a ella, el brit¨¢nico Ben Emmerson, uno de los abogados contratados por el Gobierno venezolano, ha negado que el TPI tenga competencia en este caso, ¡°a menos que hubiera una pol¨ªtica estatal de represi¨®n, cosa que negamos¡±. Al referirse a las peticiones de justicia de las v¨ªctimas de violaciones ha sido cortante. Ha dicho: ¡°Esa ret¨®rica de los sentimientos se puede aplicar a muchos cr¨ªmenes. Aqu¨ª se ha inventado una pol¨ªtica de Estado generalizada inexistente para acudir al TPI, y una usurpaci¨®n de la funci¨®n judicial por parte de la Fiscal¨ªa. Venezuela ya investiga cada caso basado en sus propios hechos¡±. Su tono exaltado ha sido considerado poco adecuado por los jueces de la Sala de Apelaci¨®n, que han pedido poco despu¨¦s a todos los presentes buenos modales ante un tribunal de justicia.

Yvan Gil, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, ha sido autorizado a participar en la sesi¨®n final de la apelaci¨®n como representante del Estado y ha admitido que ¡°ha podido haber incidentes aislados por parte de oficiales¡±. Se trata, ha a?adido, ¡°de actos contra los derechos humanos, no de cr¨ªmenes contra la humanidad¡±. Luego ha sido tan contundente como Emmerson y ha hecho el siguiente recuento: ¡°M¨¢s de 250 agentes del Estado est¨¢n siendo investigados. Las investigaciones de Venezuela superan a todo lo hecho por el TPI en sus veinte a?os de existencia¡±. Una vez aclarado que no se trataba de ¡°una competici¨®n¡±, ha advertido de que el estado territorial ¡°es el mejor situado para juzgar y la justicia local garantiza la disuasi¨®n porque est¨¢ m¨¢s cerca¡±. ¡°Venezuela no tiene nada que esconder. Pedimos un trato equilibrado que restablezca la legalidad quebrantada con este caso¡±, ha concluido.

En 2020, la Fiscal¨ªa del TPI, que hab¨ªa llevado a cabo un examen preliminar del caso de Venezuela, concluy¨® que exist¨ªan ¡°fundamentos razonables para creer que hab¨ªan ocurrido delitos que son competencia de esta corte¡±. En 2021 se abri¨® una investigaci¨®n, aplazada cuando Caracas aleg¨® que las autoridades nacionales ya indagaban los hechos. En 2023, el tribunal autoriz¨® al fiscal jefe, Karim Khan, que reanudase su labor porque el caso no avanzaba. ¡°Hay un grado de planificaci¨®n en el crimen contra la humanidad y Venezuela no ha podido demostrar que lo estuviera investigando. Dijo que eran actos aislados, pero eso solo puede saberse cuando se investiga¡±, ha explicado este mi¨¦rcoles el equipo de la fiscal¨ªa. En su alegato final han hecho hincapi¨¦ en que un Estado puede analizar un ataque sistem¨¢tico contra civiles ¡°incluso si no incluyen en sus normas el concepto de crimen contra la humanidad¡±. ¡°De otro modo, no se pueden pronunciar sobre el alcance del da?o y sobre el propio da?o causado¡±. En este punto, los fiscales aseveraron que las investigaciones de Venezuela ¡°no reflejan la intenci¨®n discriminatoria y los cr¨ªmenes sexuales, y la Fiscal¨ªa del TPI puede investigar delitos que preocupan a la comunidad internacional¡±. Se inhibir¨¢n, han dicho, ¡°si se demuestra que Venezuela refleja en su labor lo que investiga esta corte¡±.

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