Elecci¨®n del presidente del BCIE: clave para los derechos humanos en la regi¨®n
La Asamblea de Gobernadores del viernes deber¨ªa garantizar un proceso de selecci¨®n transparente y justo para designar a un responsable capaz de restablecer la confianza y la transparencia del Banco
El 17 de noviembre, la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integraci¨®n Econ¨®mica (BCIE) elegir¨¢ un nuevo presidente para los pr¨®ximos cinco a?os, en un momento cr¨ªtico para la instituci¨®n y para el futuro de Centroam¨¦rica.
El BCIE es un una instituci¨®n financiera multilateral de desarrollo y una de las principales fuentes de financiamiento en Centroam¨¦rica. En 2022, el Banco, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo social y econ¨®mico de la regi¨®n, aprob¨® operaciones para proyectos por m¨¢s de 3.000 millones de d¨®lares, en su mayor¨ªa destinados al sector p¨²blico.
Sin embargo, en ocasiones, el Banco parece haberse apartado de sus objetivos. El BCIE ha proporcionado fondos sin una supervisi¨®n adecuada y ha aprobado pr¨¦stamos que pueden haber contribuido a violaciones de derechos humanos. Adem¨¢s, desde que Dante Mossi fue elegido presidente en 2018, el Banco ha debilitado sus controles institucionales, incluyendo mediante la destituci¨®n de su auditor interno, y ha aumentado el financiamiento a gobiernos autoritarios como los de Nicaragua y El Salvador.
El BCIE tiene 23 pr¨¦stamos activos para financiar al gobierno de Nicaragua, por un total de m¨¢s de 3.500 millones de d¨®lares, aproximadamente el 28% del total de la cartera de pr¨¦stamos del Banco. Desde abril de 2018, cuando la brutal represi¨®n del Gobierno nicarag¨¹ense contra los manifestantes desat¨® una profunda crisis de derechos humanos, pol¨ªtica y social que sigue agrav¨¢ndose, el BCIE ha aprobado proyectos por m¨¢s de 2.600 millones de d¨®lares para el r¨¦gimen de Ortega. A pesar de la gravedad de la crisis, el Banco no parece haber tomado medidas adecuadas y suficientes para mitigar el riesgo de un uso indebido de los fondos o la violaci¨®n de sus pol¨ªticas.
Por ejemplo, el Banco aprob¨® fondos para la ¡°ampliaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional de Nicaragua¡±, y solo cancel¨® el financiamiento en marzo de 2020, casi dos a?os despu¨¦s de que se evidenciara que la Polic¨ªa Nacional estaba involucrada en graves violaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2020, el Fondo Verde para el Clima (FVC) de Naciones Unidas aprob¨® la propuesta de financiamiento presentada por el BCIE para el proyecto Bio-CLIMA, que busca reducir la deforestaci¨®n y fortalecer la resiliencia en Bosaw¨¢s y la biosfera del R¨ªo San Juan, ubicados en territorios ind¨ªgenas y afrodescendientes de Nicaragua. El presupuesto total para Bio-CLIMA es de 116 millones de d¨®lares, de los cuales 64 millones proceden del Fondo Verde para el Clima y m¨¢s de 44 millones del BCIE, que tambi¨¦n es la entidad acreditada para llevar adelante el proyecto.
En julio de 2023, la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima suspendi¨® temporalmente el primer desembolso para el proyecto se?alando que en algunas instancias el BCIE no hab¨ªa ¡°cumplido con las pol¨ªticas y procedimientos¡± del Fondo Verde. La decisi¨®n surge de una investigaci¨®n iniciada por el Mecanismo Independiente de Reparaci¨®n del Fondo Verde, tras recibir una queja por parte de las comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes alegando que el proyecto hab¨ªa sido aprobado sin garantizar sus derechos a una consulta libre, previa e informada.
En el caso de El Salvador, el Banco cuenta con 14 operaciones activas, con fondos aprobados por un total de m¨¢s de 1.600 millones de d¨®lares. Entre ellos, se incluyen pr¨¦stamos a entidades gubernamentales implicadas en violaciones de derechos humanos durante la llamada ¡°guerra contra las pandillas¡± impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, tales como la Polic¨ªa Nacional Civil, el Ministerio de Defensa, la Fiscal¨ªa General y el sistema penitenciario. En un informe publicado junto con la organizaci¨®n de derechos humanos Cristosal, Human Rights Watch document¨® que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura en el marco de esta pol¨ªtica de seguridad.
En Honduras, en 2012, el BCIE aprob¨® 24 millones de d¨®lares para el proyecto hidroel¨¦ctrico Agua Zarca, en el r¨ªo Gualcarque, al noroeste del pa¨ªs. El pr¨¦stamo proporcion¨® fondos a la empresa Desarrollos Energ¨¦ticos S.A. (DESA) que, seg¨²n una auditor¨ªa interna del BCIE, no ten¨ªa ¡°experiencia en proyectos de generaci¨®n de energ¨ªa¡±.
El proyecto Agua Zarca tambi¨¦n se vio afectado por otros graves problemas de derechos humanos que deber¨ªan haber alertado a las autoridades del Banco. Organizaciones ind¨ªgenas y defensoras del medio ambiente, en particular el Consejo C¨ªvico de Organizaciones Populares e Ind¨ªgenas de Honduras (COPINH), dirigido por la prominente l¨ªder ind¨ªgena y activista de los derechos del medio ambiente Berta C¨¢ceres, se opusieron a la construcci¨®n de la represa, alegando la falta de una consulta adecuada con las comunidades.
Los miembros de COPINH enfrentaron acoso e intimidaci¨®n constante debido a su activismo. Tr¨¢gicamente, C¨¢ceres fue asesinada en marzo de 2016. Un tribunal conden¨® a David Castillo, exdirector de Desarrollos Energ¨¦ticos, como coautor de su asesinato y sostuvo que C¨¢ceres fue asesinada por su oposici¨®n a la construcci¨®n de la represa. Castillo, quien era funcionario p¨²blico en la Empresa Nacional de Energ¨ªa El¨¦ctrica de Honduras en el momento en que Desarrollos Energ¨¦ticos obtuvo la concesi¨®n, tambi¨¦n ha sido investigado por su presunta connivencia con funcionarios hondure?os para obtener un permiso para la represa sin contar con estudios ambientales adecuados y completos.
Centroam¨¦rica se enfrenta a graves desaf¨ªos en materia de derechos humanos que afectan a la poblaci¨®n y empujan a muchos a buscar seguridad y protecci¨®n en el extranjero, en especial en Estados Unidos. Estos desaf¨ªos incluyen altos niveles de criminalidad y violencia, graves retrocesos democr¨¢ticos en especial en El Salvador y Guatemala, y la represi¨®n sistem¨¢tica del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. La corrupci¨®n, la pobreza y la desigualdad, los ataques gubernamentales contra la prensa y la sociedad civil, as¨ª como los efectos del cambio clim¨¢tico agravan estos problemas.
En este contexto, el BCIE puede y debe desempe?ar un papel fundamental para ayudar a la regi¨®n a superar algunos de estos desaf¨ªos y contribuir al disfrute de los derechos sociales y econ¨®micos de la poblaci¨®n.
La Asamblea de Gobernadores deber¨ªa garantizar un proceso de selecci¨®n transparente y justo para designar a un presidente o presidenta capaz de restablecer la confianza y la transparencia del Banco y fortalecer sus mecanismos de rendici¨®n de cuentas. Ello permitir¨ªa asegurar que el Banco cumpla de manera efectiva su papel como impulsor del desarrollo de Centroam¨¦rica, una tarea que puede ser crucial para el futuro de los derechos humanos en la regi¨®n.
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