Ayotzinapa, el ej¨¦rcito y el silencio de L¨®pez Obrador

El 26 de septiembre, habr¨¢ protestas en muchas partes de M¨¦xico para exigir justicia por una de las atrocidades m¨¢s tristemente c¨¦lebres de la historia reciente de Am¨¦rica Latina: el secuestro y la desaparici¨®n forzada ocurridos en 2014 de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.

Cuando fue elegido presidente en 2018, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador prometi¨® que iba a esclarecer lo que pas¨® con los estudiantes. En lugar de ello, ha permitido que la investigaci¨®n se estanque, aparentemente para proteger a sus aliados en el Ej¨¦rcito. Sus acciones no son s¨®lo una traici¨®n a su promesa. Son un s¨ªmbolo de la incapacidad, o lo que es m¨¢s probable, falta de voluntad, del presidente para adoptar los esfuerzos necesarios para desenmara?ar las complejas redes de violencia, corrupci¨®n, e impunidad que han asolado a M¨¦xico durante d¨¦cadas.

Las atrocidades se han vuelto tristemente cotidianas en M¨¦xico. Decenas de miles de personas son asesinadas cada a?o. M¨¢s de 100.000 est¨¢n desaparecidas. Con frecuencia se descubren fosas y crematorios clandestinos. Cuando las autoridades intentan desentra?ar estos cr¨ªmenes, a menudo resulta dif¨ªcil determinar d¨®nde terminan los c¨¢rteles y d¨®nde empieza el Estado. La desaparici¨®n de los 43 estudiantes fue emblem¨¢tica de ese problema. Casi todas las instituciones del Gobierno y del Ej¨¦rcito en Iguala en 2014 trabajaban con¡ªo para¡ªel poderoso c¨¢rtel que aparentemente orden¨® la desaparici¨®n de los estudiantes.

La respuesta inicial del Gobierno del entonces presidente Enrique Pe?a Nieto fue tristemente t¨ªpica. En lugar de investigar una red de corrupci¨®n que podr¨ªa llegar hasta los m¨¢s altos niveles del gobierno, las autoridades intentaron encubrir los hechos. Alteraron las pruebas y torturaron a los testigos para culpar a unas cuantas manzanas podridas.

Cuando L¨®pez Obrador asumi¨® la presidencia, prometi¨® poner fin a esta corrupci¨®n e impunidad. ¡°Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece¡±, dijo. Anunci¨® una nueva investigaci¨®n sobre el paradero de los 43 estudiantes. Cre¨® una comisi¨®n oficial de la verdad, pidi¨® al Fiscal General que designara a un respetado defensor de los derechos humanos como Fiscal Especial para el caso, invit¨® a un grupo de expertos independientes de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) para que apoyaran su trabajo y emiti¨® un decreto presidencial que instru¨ªa a todo el Gobierno a colaborar.

Pero cuando los investigadores empezaron a indagar sobre el rol de los militares, se encontraron con obst¨¢culos y el apoyo prometido por el presidente L¨®pez Obrador se desvaneci¨®. El fiscal especial renunci¨® en 2022 y abandon¨® el pa¨ªs despu¨¦s de que las autoridades intervinieran para impedir que procesara a mandos militares. Y en julio, el grupo de expertos independientes cerr¨® su investigaci¨®n alegando que era imposible continuar mientras el Ej¨¦rcito ocultara pruebas clave, incluyendo m¨¢s de 80 p¨¢ginas de conversaciones telef¨®nicas entre narcos y autoridades que, seg¨²n los expertos internacionales, podr¨ªan contener pistas sobre el paradero de los estudiantes.

El presidente L¨®pez Obrador no ha hecho uso de su autoridad para obligar al Ej¨¦rcito a entregar esta informaci¨®n. Cuando un periodista le pregunt¨® por qu¨¦, dijo que el Ej¨¦rcito es una ¡°instituci¨®n fundamental para el Estado mexicano¡± y, absurdamente, acus¨® a los investigadores internacionales de formar parte de una ¡°campa?a¡± para socavar a las Fuerzas Armadas.

No es la primera vez que el presidente se muestra reacio a hacerle frente al Ej¨¦rcito. Tambi¨¦n se neg¨® a intervenir cuando el Ej¨¦rcito y los servicios de inteligencia negaron el acceso a sus archivos a los investigadores de la comisi¨®n oficial que est¨¢ documentando abusos cometidos contra activistas de izquierda durante la Guerra Fr¨ªa. Y no hizo nada cuando, a principios de este a?o, se revel¨® que la Secretaria de la Defensa habr¨ªa intervenido ilegalmente los tel¨¦fonos de personas que investigaban abusos militares, incluyendo un alto cargo de su propio gobierno y los abogados que representaban a las familias de los 43 estudiantes.

El presidente L¨®pez Obrador, que alguna vez fue cr¨ªtico de los abusos y la opacidad de las Fuerzas Armadas de M¨¦xico, ha colocado a esas mismas Fuerzas Armadas en el centro de su Gobierno. El Ej¨¦rcito y la Marina llevan a cabo cientos de tareas gubernamentales que antes eran civiles. Construyen megaproyectos, administran desarrollos tur¨ªsticos, gestionan programas de bienestar, recaudan miles de millones de d¨®lares en ingresos aduaneros e incluso dirigen la agencia reguladora farmac¨¦utica. Los generales acompa?an al presidente a casi todas partes. Y L¨®pez Obrador ha instado a los gobernadores estatales a consultar a los mandos militares antes de nombrar puestos clave en sus gabinetes.

Los avances logrados en el esclarecimiento del caso de los 43 estudiantes en los ¨²ltimos nueve a?os han sido el resultado de un escrutinio internacional sostenido que permiti¨® a los investigadores independientes descubrir la verdad, incluso cuando ello resultaba inc¨®modo para quienes estaban en el poder. Los Gobiernos aliados de M¨¦xico no deber¨ªan guardar silencio mientras el Gobierno permite que se estanque la investigaci¨®n sobre el caso de los 43 estudiantes. Tampoco deben permanecer indiferentes ante la persistente crisis de desapariciones y el creciente empoderamiento militar en el pa¨ªs.

El Secretario General y los Estados miembros de la OEA, que enviaron a los investigadores internacionales para apoyar el compromiso inicial de L¨®pez Obrador con la justicia, deber¨ªan instar al presidente a que cumpla su palabra y presione a los militares para que cooperen.

En julio, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos pidieron a L¨®pez Obrador que definiera ¡°de qu¨¦ lado est¨¢: si del lado de las mentiras del Ej¨¦rcito o del lado de las familias y de la verdad¡±. La comunidad internacional tambi¨¦n debe dejar en claro su postura.

Juanita Goebertus es directora para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch.