El diezmo, la cuota mensual que los pol¨ªticos ecuatorianos exigen a sus asesores por contratarlos

La imputaci¨®n de la vicepresidenta Ver¨®nica Abad por concusi¨®n ¨Dcuando un funcionario act¨²a en beneficio propio¨D ha reabierto la pol¨¦mica sobre la corrupci¨®n que empa?a a Ecuador. No es la primera vez que en el pa¨ªs una funcionaria de este calibre es denunciada por un delito que los ecuatorianos simplifican con el t¨¦rmino ¡°diezmo¡±, que consiste en que los empleados que contratan tienen que pagarle parte de su sueldo para que as¨ª los admitan, como hacen sus seguidores con los pastores evang¨¦licos. La misma controversia tambi¨¦n salpic¨® en 2020 a Mar¨ªa Alejandra Vicu?a, sustituta de Jorge Glas en la vicepresidencia del Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021). Pero no es solo en la pol¨ªtica: ese es el precio a pagar tambi¨¦n para que te contraten en un hospital como m¨¦dico, como polic¨ªa o como fiscal. Las pandillas tambi¨¦n se lo cobran a los negocios de los barrios que controlan. El diezmo es la regla.

Vicu?a ten¨ªa una vasta trayectoria en la pol¨ªtica. Fue asamble¨ªsta por Alianza Pa¨ªs y ocup¨® el cargo de ministra de Vivienda antes del inesperado final del exvicepresidente Jorge Glas, sobre el que cayeron dos condenas por corrupci¨®n. No cumpl¨ªa un a?o en el cargo cuando fue denunciada por ?lex Sagbay, quien fue su asistente administrativo en el tiempo que ella fue asamble¨ªsta (2011-2013). El denunciante present¨® recibos bancarios con transferencias mensuales a su cuenta personal, que seg¨²n dijo, fue Vicu?a quien le pidi¨® para financiar el movimiento Alianza Alfarista Bolivariana. Cuando a Sagbay lo ascendieron al cargo de asesor con un salario de 3.300 d¨®lares, el diezmo tambi¨¦n aument¨® al 42%, es decir, 1.400 d¨®lares. Sagbay asegur¨® que lleg¨® a entregar entreg¨® alrededor de 20.000 d¨®lares por los tres a?os que trabaj¨® para la entonces asamble¨ªsta. ¡°Nadie ha condicionado ni el ingreso, ni la permanencia, ni menos su estabilidad laboral¡±, defendi¨® en ese momento Vicu?a.

Cuando la denuncia fue p¨²blica, el entonces presidente Lenin Moreno le retir¨® todas sus funciones. Vicu?a renunci¨® al cargo para defenderse y los jueces la imputaron. Fue sentenciada a un a?o de prisi¨®n y al pago de una indemnizaci¨®n. Pero no era la primera vez que ocurr¨ªa un caso parecido en la Asamblea.

La legisladora Karina Arteaga exigi¨® pagos en efectivo a cuatro trabajadores asamblearios para pagar la cuota de un carro reci¨¦n comprado, al personal dom¨¦stico de su casa y gastos de tarjetas de cr¨¦dito. En total, m¨¢s de 45.000 d¨®lares. El tribunal le puso una condena a seis a?os de prisi¨®n y el pago de una multa. Un juzgado suspendi¨® la pena para evitar su entrada a la c¨¢rcel. Y sucedi¨® lo mismo con el caso de Norma Vallejo en 2017, la primera funcionaria de la Asamblea sentenciada por exigir aportes para cancelar deudas personales, gastos de su despacho, pagos de eventos y gastos del movimiento Alianza PA?S. Un total de 18.000 d¨®lares. La declararon culpable, pero no entr¨® en prisi¨®n por decisi¨®n de los jueces.

La desconfianza en la Justicia se evidencia en datos. Desde el 2018, cuando se hicieron p¨²blicos estos casos, se registraron 265 denuncias por concusi¨®n, pero solo el 7% tuvo una resoluci¨®n. La gran mayor¨ªa fueron sobrese¨ªdos, abandonados o extinguidos, seg¨²n el Consejo de la Judicatura. Las sentencias ejemplificadoras han convertido al diezmo en una pr¨¢ctica de la funci¨®n p¨²blica que atraviesa desde los altos poderes hasta mandos medios de hospitales p¨²blicos. Un caso destacable fue el de Juan, un doctor que postul¨® al cargo de m¨¦dico residente en un hospital de la seguridad social. ¡°Me pidieron 1.000 d¨®lares para ingresar. Te establecen hasta las formas de pago, 500 d¨®lares para asegurar el puesto y otros 500 cuando ya est¨¢s adentro¡±, explica el m¨¦dico. Los trabajadores p¨²blicos que han obtenido un t¨ªtulo universitario o maestr¨ªas para mejorar su perfil profesional, dan por hecho que para obtener una plaza en una instituci¨®n p¨²blica deben pagar una coima por el trabajo que desempe?an.

El diezmo est¨¢ en todo. Las ¨²ltimas investigaciones que lleva adelante la Fiscal¨ªa evidencian que la cadena de corrupci¨®n llega incluso al sistema judicial. La cuota se ha instaurado en la m¨¦dula de la sociedad, que incluso las bandas criminales cobran un diezmo a negocios, transportistas, escuelas, maestros o por vivir en determinados barrios.

Por ahora la vicepresidenta Ver¨®nica Abad no responder¨¢ a la Justicia por el presunto delito de concusi¨®n tras la decisi¨®n de la mayor¨ªa de la Asamblea de no autorizar su enjuiciamiento penal. Pero como se trata de un delito que no prescribe, la Fiscal¨ªa adelant¨® que cuando la segunda mandataria ya no goce de inmunidad ser¨¢ llevada a los tribunales. Por ahora, el caso Nene deber¨¢ cambiar nuevamente de delito porque su hijo, Sebasti¨¢n Barreiro Abad, que es el ¨²nico vinculado hasta ahora, no es un funcionario p¨²blico. Tampoco lo es Daniel R., el asesor que no consta en la plantilla de empleados de la Vicepresidencia y que el denunciante reconoce como uno de los negociadores que le pidieron una cuota mensual del 40% de su sueldo que presuntamente le exigieron por trabajar con la vicepresidenta. El diezmo lo pudre todo.

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