La crisis pol¨ªtica en Venezuela se adentra en terreno desconocido

La crisis venezolana entra en un callej¨®n desconocido, incluso para el pa¨ªs caribe?o. La ausencia de resultados oficiales verificables una semana despu¨¦s de las muy concurridas elecciones presidenciales del 28 de julio ha abierto la compuerta para que el chavismo muestre su lado m¨¢s represivo en medio de sospechas de fraude. La oposici¨®n se defiende como puede, con su fortaleza organizativa mermada ante la persecuci¨®n que est¨¢ sufriendo. Al publicar en Internet las actas que lograron reunir sus testigos, un elemento clave en esta historia, el mundo entero, desde periodistas, expertos en datos, observadores internacionales como el Centro Carter, han hecho an¨¢lisis propios que ponen en duda el veredicto del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio por ganador a Nicol¨¢s Maduro.

La comunidad internacional, con Estados Unidos por un lado, y Brasil, M¨¦xico y Colombia por el otro, intentan mediar sin saber bien c¨®mo. Incluso tradicionales aliados del chavismo, como Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, han pedido ¡°por el legado de Ch¨¢vez¡± la publicaci¨®n de las actas. Al mismo tiempo, crece una corriente de chavistas disidentes, cercanos al fallecido l¨ªder bolivariano, que se est¨¢n enfrentando a Maduro. Si hace una semana las apuestas estaban puestas en las elecciones presidenciales como salida al ya prolongado conflicto venezolano, ahora es dif¨ªcil vislumbrar ad¨®nde llevar¨¢ el camino que la crisis ha tomado.

El Gobierno ha desatado una persecuci¨®n abierta, televisada y de in¨¦dita violencia contra los manifestantes, dirigentes pol¨ªticos, activistas y, por supuesto, contra las cabezas de la dirigencia opositora, Mar¨ªa Corina Machado, el candidato Edmundo Gonz¨¢lez y los l¨ªderes de la Plataforma Unitaria. La polic¨ªa y los servicios de inteligencia est¨¢n de cacer¨ªa en la calle con la llamada ¡°Operaci¨®n Tun Tun¡±, con la que el Estado ha desplegado una intensa propaganda que advierte c¨®mo las fuerzas de seguridad tocar¨¢n a las puertas de las casas de los venezolanos para detenerlos. El terror es parte de la programaci¨®n impuesta en las redes sociales, donde la gente ha cambiado sus fotos de perfil y sus se?as y borrado mensajes pasados que pueden parecer cr¨ªticos. La gente ha dejado de hablar.

La Fiscal¨ªa dice que ha detenido a m¨¢s de 1.200 personas en apenas una semana. Otras fuentes elevan la cifra a 2.000. Son n¨²meros que superan por mucho a los de 2017, cuando se registraron cuatro meses de manifestaciones. La ONG Foro Penal ha confirmado que hay entre los detenidos al menos 80 adolescentes. En televisi¨®n, Maduro, el fiscal Tarek William Saab y el n¨²mero dos del chavismo, Diosdado Cabello, los han expuesto como criminales. La tesis recurrente del chavismo es que son j¨®venes migrantes que fueron captados y entrenados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Per¨² para generar violencia durante las protestas.

La oposici¨®n parece no tener m¨¢s opciones que defenderse, limitando su exposici¨®n y las apariciones p¨²blicas ¡ªcomo ya ha hecho el candidato Edmundo Gonz¨¢lez, de 74 a?os, que no acudi¨® a la marcha del s¨¢bado¡ª, mientras atiende centenares de detenciones de sus colaboradores y allanamientos de sus viviendas. La estrategia, seg¨²n diversas fuentes, pasa ahora por insistir en la publicaci¨®n de las actas y en denunciar la violaci¨®n a los derechos humanos.

Los resortes para mover la crisis venezolana parecen estar ¨²nicamente del lado de la comunidad internacional, que busca una salida al nuevo conflicto. Despu¨¦s de una larga trayectoria de negociaciones a cuestas que han quedado a la deriva, desde Doha hasta Barbados y pasando por M¨¦xico, no est¨¢ claro si es posible negociar con Maduro y su c¨²pula. Est¨¢ previsto que esta semana Colombia, Brasil y M¨¦xico avancen en su plan para lograr una salida. No se descarta incluso una reuni¨®n de cancilleres en Venezuela, que solo se dar¨ªa si hay garant¨ªas de avances. El plan de las tres potencias de izquierda en Am¨¦rica Latina pasa por una verificaci¨®n ¡°imparcial¡± de las actas y un di¨¢logo entre Maduro y Edmundo Gonz¨¢lez sin el protagonismo de Mar¨ªa Corina Machado, algo que rechaza gran parte de la oposici¨®n.

Maduro ha llevado el conflicto sobre los resultados a un terreno seguro, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo. Esto parec¨ªa prepararse desde inicios del a?o, cuando se hicieron cambios en la composici¨®n de los magistrados que lo conforman. La presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Rodr¨ªguez, pas¨® a presidir el m¨¢ximo tribunal a pesar de no tener una carrera judicial. Rodr¨ªguez era militante activa del PSUV hasta 2021, cuando arengaba a participar en las primarias del partido para escoger a los candidatos regionales. Como vicepresidente, se puso al magistrado Edgar Gavidia, hermano del exesposo de la primera dama Cilia Flores. La que fue diputada por el chavismo y luego rectora del CNE por 15 a?os, Tania D¡¯Amelio, tambi¨¦n fue incorporada a estas filas, seg¨²n investigaciones de la ONG Acceso a la Justicia.

Para que el problema con las actas de resultados llegara al Supremo, la principal autoridad electoral, Elvis Amoroso, amigo cercano de la pareja presidencial, guard¨® silencio durante casi cinco d¨ªas. El viernes dio nuevas cifras que siguen sin aclarar lo sucedido. La semana despu¨¦s de las elecciones, el Consejo nacional Electoral ha permanecido cerrado. Una supuesta conspiraci¨®n, orquestada por opositores en el exilio desde Macedonia del Norte, para atacar el sistema automatizado del CNE durante la transmisi¨®n de los votos, es el argumento en el que se apoyan para no mostrar los resultados. Por ello, tampoco celebraron las auditor¨ªas posteriores a los comicios establecidas por la ley, incluida la de telecomunicaciones, que permitir¨ªa desentra?ar lo ocurrido durante la supuesta interrupci¨®n en la transmisi¨®n de los votos que se hizo a trav¨¦s de una comunicaci¨®n encriptada a cargo de la operadora estatal Cantv.

Tras convocar a los candidatos presidenciales para solicitar las actas recopiladas, el Supremo dio finalmente al CNE un plazo de 72 horas. La oposici¨®n public¨® unas 25.000 actas de las 30.000 de la noche del 28 de julio. Las m¨¢quinas imprimen copias para cada testigo y tambi¨¦n para cada caja que conserva las papeletas de los votos y que quedan a resguardo de la autoridad electoral. La entrega de los datos que tiene el CNE deber¨ªa producirse este lunes.

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