Investigaciones judiciales en Costa Rica activan el embate del gobierno de Rodrigo Chaves contra el Ministerio P¨²blico

El Gobierno de Rodrigo Chaves lanz¨® esta semana una reacci¨®n sin precedentes en Costa Rica contra el Ministerio P¨²blico despu¨¦s de allanamientos y detenciones por posibles casos de corrupci¨®n que comprometen al Gobierno. ¡°Amenazas¡±, ¡°abuso de poder¡±, ¡°hostigamiento¡± y hasta complicidad con grupos empresariales atribuy¨® el Ejecutivo al ¨®rgano judicial a cargo del fiscal general, Carlo D¨ªaz, quien entra en la mira de los discursos confrontativos del mandatario. Ch¨¢ves asegura que est¨¢ ¡°rescatando¡± al pa¨ªs de instiuciones que escapan al control presidencial.

La pugna en este pa¨ªs desacostumbrado a la hostilidad abierta entre poderes se activ¨® esta semana despu¨¦s de una serie de operativos policiales por dos expedientes judiciales. Uno obedece a un presunto prevaricato y abuso de poder contra la empresa propietaria del principal peri¨®dico del pa¨ªs, La Naci¨®n, considerado por Chaves como enemigo pol¨ªtico: el otro involucra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la poderosa entidad estatal que maneja la red de cl¨ªnicas y hospitales p¨²blicos del pa¨ªs, as¨ª como el principal sistema de pensiones.

Por el caso del CCSS estuvo detenida durante 36 horas la presidenta ejecutiva de la instituci¨®n y persona de confianza del gobernante, la exmagistrada Marta Esquivel, investigada por presuntamente liderar un contrato para administraci¨®n de centros sanitarios de atenci¨®n primaria con empresas privadas en condiciones sospechosas y con un sobreprecio millonario.

Ambos casos se suman medio centenar de causas judiciales en las que Rodrigo Chaves figura como sospechoso de diversos delitos. El presidente los atribuye a denuncias de opositores, dice, inc¨®modos por sus pol¨ªticas en contra de las ¨¦lites y en favor del pueblo. Ch¨¢ves tiene una popularidad del 54%, seg¨²n una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR). Sin embargo, los operativos policiales a cargo del Ministerio P¨²blico desataron esta semana los reproches presidenciales. Adem¨¢s de un llamado a la poblaci¨®n para ¡°estar listos¡± ante las acciones del Poder Judicial por si hay que ¡°actuar como sociedad¡±; un diputado opositor pidi¨® al Ministerio P¨²blico abrir una nueva causa, esta vez por sedici¨®n.

Es una reacci¨®n no vista en los registros a pesar de otros procesos por corrupci¨®n que han afrontado gobiernos anteriores. Ocurre en una semana en que circularon en redes sociales contenidos an¨®nimos que las autoridades judiciales catalogaron como ¡°amenaza de muerte¡± contra el fiscal Carlo D¨ªaz.

¡°No se ha visto algo as¨ª antes, pero tampoco podemos sorprendernos porque hace dos a?os hay un Poder Ejecutivo que no ha entendido que hay una divisi¨®n de poderes, que el Presidente de la Rep¨²blica no es omn¨ªmodo y que tiene que rendir cuentas en mecanismos institucionales y constitucionales¡±, dice a EL PA?S Francisco Dall¡¯Anese, jefe del Ministerio P¨²blico entre 2003 y 2010 en Costa Rica y hasta 2013 de la Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el ¨®rgano externo de apoyo al sistema judicial guatemalteco en la lucha contra la corrupci¨®n. Dall¡¯Anese recuerda que ni siquiera en 2004 hubo tales descalificaciones al Ministerio P¨²blico, a pesar de los hist¨®ricos procesos penales por corrupci¨®n en ese a?o contra los expresidentes Rafael ?ngel Calder¨®n y Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, ambos del mismo partido que gobernaba en ese momento bajo el mando de Abel Pacheco.

En 2020, el Ministerio P¨²blico hizo un despliegue de allanamiento de la Casa Presidencial, por un caso que involucraba al mandatario Carlos Alvarado, pero ¡°siempre ha habido un respeto por el trabajo judicial y por la institucionalidad¡±, a?adi¨® el exfiscal, quien atribuye a Chaves conductas propias de gobiernos populistas totalitarios. Y pone como ejemplos a Venezuela o El Salvador, o sistemas absorbidos por una red de corrupci¨®n como Guatemala. ¡°No hemos llegado a eso, claro que no, pero la posici¨®n del Gobierno es un indicador negativo¡±, a?adi¨® Dall¡¯Anese.

Una encuesta de la UCR dec¨ªa en enero que 70% de la poblaci¨®n consideraba que la corrupci¨®n hab¨ªa empeorado en 2023, aunque el liderazgo de tipo ¡°personalista¡± de Chaves le permit¨ªa esquivar el costo pol¨ªtico, seg¨²n los investigadores del Centro de Investigaci¨®n y Estudios Pol¨ªticos (CIEP), perteneciente a esa universidad estatal que tambi¨¦n ha recibido los dardos del Ejecutivo.

Son varias las instituciones estatales que el mandatario critica en cada discurso, a las que ahora se suma el Ministerio P¨²blico con un tono m¨¢s fuerte. Entre ellas est¨¢ la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica (CGR), a la que considera un estorbo para los proyectos del Gobierno. Tambi¨¦n despotrica contra las bancadas opositoras que dominan la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado del tradicional Partido Liberaci¨®n Nacional (PLN) Rodrigo Arias, sobre quien tambi¨¦n circularon audios el martes con tono de amenaza de muerte. Esto ocurre cuatro meses despu¨¦s de que se abri¨® otra causa contra una mujer de apellido Rueda, quien en sus redes sociales escribi¨® contra Chaves al decir que ¡°amerita un francotirador¡±, en ocasi¨®n de una frase del mandatario sobre asuntos ambientales por los que tambi¨¦n se le investiga en el ¨¢mbito penal.

Contra la ¡°institucionalidad¡±

Los detractores de Chaves lo responsabilizan por haber atizado el ambiente con cr¨ªticas a la ¡°institucionalidad¡±, un concepto al que el mandatario suele referirse con rechazo o sarcasmo. ¡°Es una muestra m¨¢s de la institucionalidad, en este caso de la Fiscal¨ªa, y de la Sala Penal y su presidenta, la magistrada Patricia Solano, siendo personas que capturaron esas instituciones para tratar de da?ar al gobierno, tratar de hostigarme y tratar de callarme.¡±, dijo antes de insinuar que el fiscal D¨ªaz responde a los intereses econ¨®micos como los de Grupo Naci¨®n, la compa?¨ªa editora del diario La Naci¨®n, que en campa?a electoral Chaves prometi¨® destruir.

Grupo Naci¨®n es propietaria de Parque Viva, un centro de eventos masivos que fue cerrado en 2022 por una orden sanitaria ante el trastorno vial que provocaban los conciertos. La Sala Constitucional condenn m¨¢s tarde al Ejecutivo por un ataque indirecto a la libertad de prensa. Eso dio pie a un expediente judicial por supuesto ¡°abuso de poder¡± de Chaves. Las investigaciones judiciales contin¨²an y por ello los allanamientos en el Ministerio de Salud el mi¨¦rcoles 18 de septiembre, con presencia de D¨ªaz, lo que desat¨® el enojo del mandatario.

Cinco d¨ªas despu¨¦s hubo 28 allanamientos simult¨¢neos, incluida la casa de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, quien estuvo detenida hasta la noche del martes, al igual que cuatro directivos de la instituci¨®n cuyo presupuesto es cercano a 12.535 millones de d¨®lares. Con base en una auditor¨ªa institucional, la Fiscal¨ªa sospecha que los imputados influyeron en un proceso para contratar por 10 a?os la administraci¨®n de 138 cl¨ªnicas de atenci¨®n primaria en condiciones ¡°excesivas¡± y con un costo adicional de casi 24 millones de d¨®lares anuales, aunque el contrato no ha entrado en ejecuci¨®n. En la conferencia de prensa de este mi¨¦rcoles, Chaves pidi¨® a su gabinete un aplauso para Esquival y el resto de los imputados.

En esta causa la sospecha del Ministerio P¨²blico apunta a supuestas reuniones previas entre las autoridades y representantes de las empresas contratadas, organizaciones que forman parte del movimiento cooperativo cuyos dirigentes manifestaron en julio el apoyo al plan de Chaves de convocar un referendo nacional, una propuesta que ha sido objetada por el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa.

Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, rechaz¨® las acusaciones del Ejecutivo y pidi¨® evitar los enfrentamientos, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lament¨® lo que considera es una afrenta gubernamental contra principios del funcionamiento institucional por los que se reconoce la democracia costarricense internacionalmente. ¡°Esto es grave en circunstancias normales, y m¨¢s a¨²n en estos momentos en que estamos asediados por la creciente inseguridad. Nuestras calles se han convertido en un escenario de cr¨ªmenes y venganzas, protagonizadas por las mafias y el narcotr¨¢fico¡±, record¨® el legislador.

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