Patricia Tappat¨¢, investigadora de la ONU: ¡°Venezuela no puede quedarse fuera de la vigilancia internacional¡±
La experta argentina que integra la Misi¨®n de Determinaci¨®n de Hechos de Naciones Unidas repasa la evoluci¨®n de la represi¨®n en el pa¨ªs sudamericano tras cinco a?os de trabajo
La Misi¨®n de Determinaci¨®n de Hecho designada por la ONU para Venezuela acaba de cumplir cinco a?os investigando las que ha calificado de graves violaciones de derechos humanos en el pa¨ªs gobernado por Nicol¨¢s Maduro. En ese tiempo han concluido que en el pa¨ªs se cometen cr¨ªmenes de lesa humanidad de persecuci¨®n pol¨ªtica. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos prorrogaron su mandato dos a?os m¨¢s no sin recibir los insultos del madurismo. ...
La Misi¨®n de Determinaci¨®n de Hecho designada por la ONU para Venezuela acaba de cumplir cinco a?os investigando las que ha calificado de graves violaciones de derechos humanos en el pa¨ªs gobernado por Nicol¨¢s Maduro. En ese tiempo han concluido que en el pa¨ªs se cometen cr¨ªmenes de lesa humanidad de persecuci¨®n pol¨ªtica. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos prorrogaron su mandato dos a?os m¨¢s no sin recibir los insultos del madurismo. El canciller Yv¨¢n Gil la tild¨® de ¡°despreciable misi¨®n¡± en un comunicado donde respond¨ªa al ¨²ltimo informe emitido sobre el ciclo electoral. La semana pasada, el jefe del Parlamento, Jorge Rodr¨ªguez, dijo que eran ¡°unos mercenarios asalariados¡±.
Desde Buenos Aires, la argentina Patricia Tappat¨¢ Valdez (Bah¨ªa Blanca, 1952), recuerda que el trabajo que hace junto a sus compa?eros Marta Vali?as, abogada portuguesa con gran trayectoria en la Corte Penal Internacional, y el abogado chileno Francisco Cox, con un destacado trabajo en la investigaci¨®n del caso Ayotzinapa, es voluntario y ad honorem. Tappat¨¢ no viene del Derecho sino de las Ciencias Sociales y ha trabajado por d¨¦cadas en derechos humanos en todo el mundo. Recientemente integr¨® el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se activ¨® en Bolivia tras la crisis pol¨ªtica de 2019. Tambi¨¦n fue directora de la Comisi¨®n de la Verdad para El Salvador en la d¨¦cada de los noventa, establecida como parte de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la larga guerra civil en el pa¨ªs centroamericano. Se sum¨® a la investigaci¨®n en Venezuela en 2021 y en los a?os siguientes dice que ha visto un retroceso en materia de derechos humanos. ¡°El comportamiento del Gobierno tiene correspondencia con hechos condenables¡±, dice la experta por videollamada. ¡°No ha sido solo la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad sino que se ha recibido un est¨ªmulo de las m¨¢s altas autoridades. Ah¨ª no hay lugar para decir que hubo un uso excesivo de la fuerza, sino que hay un discurso que justifica la represi¨®n y la anuncia¡±.
Pregunta. ?C¨®mo ha evolucionado la situaci¨®n de derechos humanos en el tiempo que lleva investigando la misi¨®n?
Respuesta. En el informe 2020 describimos las ejecuciones extrajudiciales y de una represi¨®n violenta a la protesta. En 2021 hicimos un informe pormenorizado sobre c¨®mo el aparato de justicia actuaba como un brazo para encubrir y retrasar la justicia en todas sus formas, desde el nombramiento de funcionarios hasta la actuaci¨®n de un fiscal general que trabaja para otorgar visos de legalidad a las medidas que toma el Poder Ejecutivo. En 2022 ampliamos la investigaci¨®n para demostrar c¨®mo funcionan los dos servicios de inteligencia que forman parte del aparato de represi¨®n y mostramos la cadena de mando. Y volvimos en el 2023 a trabajar sobre la institucionalidad de Venezuela para mostrar el modo en que un plan destinado a desalentar y aplastar a la oposici¨®n pol¨ªtica tiene la participaci¨®n activa no solo de las fuerzas de seguridad, sino de las distintas dependencias del Gobierno, lo que incluye al Consejo Nacional Electoral y la Contralor¨ªa para poner obst¨¢culos de manera permanente en el proceso electoral e inhabilitar candidatos. La comunidad internacional puede observar que cada uno de los pesos y contrapesos de toda democracia que se pretenda robusta, ya que ese t¨¦rmino fue usado en el Consejo de Derechos Humanos, han sido anulados por la v¨ªa del avance del Poder Ejecutivo. Para nosotros est¨¢ claro que hay plan sistem¨¢tico que nos ha llevado a afirmar que se est¨¢ cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecuci¨®n pol¨ªtica, en raz¨®n de la identidad de las v¨ªctimas por su afinidad a una idea pol¨ªtica. Con el devenir de los a?os se ha cerrado de forma dr¨¢stica del espacio de la actividad p¨²blica por dos v¨ªas: con una legislaci¨®n que se ha venido sofisticando para ir tocando m¨¢s resortes que ponen a las instituciones y a las personas bajo la amenaza y vigilancia del Estado y, por otro lado, con una represi¨®n selectiva hacia quienes alzan su voz. Eso ha dado como resultado que la capacidad de juego de los actores sociales y pol¨ªticos est¨¦ restringida o sea nula, porque constantemente se est¨¢ mostrando que las consecuencias de expresarse son el encarcelamiento.
P. ?De todo lo que han documentado qu¨¦ es lo que m¨¢s le ha impactado?
R. Lo que m¨¢s nos preocupa est¨¢ puesto en el informe, pero desde mi opini¨®n, una de las cosas que m¨¢s me impacta es el aprendizaje del Gobierno y el juego con los l¨ªmites de la legalidad. Est¨¢ utilizando el ordenamiento legal de Venezuela y los compromisos internacionales para jugar en los l¨ªmites. En los informes hablamos de desapariciones forzadas de corta duraci¨®n, porque la gente no desaparece para siempre, pero esas detenciones tienen elementos que son propias de la desaparici¨®n forzada, son presentadas fuera del plazo, en la noche, en espacios que no son los adecuados para las audiencias y sin avisar a las familias y abogados. Y uno dice eso, pero es inverificable si esto se realiz¨®, porque no hay acceso a los expedientes. Lo que m¨¢s me preocupa es la extensi¨®n de la detenci¨®n arbitraria como m¨¦todo de represi¨®n, sin orden judicial, sin informar las razones, la negaci¨®n de paradero durante varios d¨ªas y el juego con el l¨ªmite. Los m¨¢s afortunados han sido presentados antes de las 48 horas del plazo legal, pero hay muchos casos en los que esto no ha ocurrido. Es una caracter¨ªstica grave e innecesaria con el prop¨®sito de extender el temor, mantener la incertidumbre y cumplir el objetivo de aplastar a la oposici¨®n que el r¨¦gimen percibe como tal.
P. ?Cree que esa habilidad de actuar en los l¨ªmites de la legalidad ha dificultado a algunos pa¨ªses de la regi¨®n condenar m¨¢s abiertamente lo que ocurre en Venezuela?
R. Eso genera dificultad para clasificar de manera categ¨®rica la actuaci¨®n del Gobierno de Venezuela como totalmente fuera de la ley. Pero eso no impide apreciar los hechos que ocurren a la vista. Como misi¨®n no nos toca emitir opini¨®n sobre esto, pero pienso que quiz¨¢s tiene que ver con la amplia frontera compartida con pa¨ªses muy importantes y el deseo de toda la comunidad internacional de no extremar la situaci¨®n para encontrar una salida que no cause m¨¢s da?o. Ahora, no se puede dejar de lado el sufrimiento que se est¨¢ causando a las familias venezolanas por varias v¨ªas. La primera y m¨¢s grosera en t¨¦rminos de tama?o es la migraci¨®n. Por otro lado, las condiciones de privaci¨®n de servicios b¨¢sicos en un pa¨ªs que es propietario de grandes recursos naturales es una gran contradicci¨®n. La capacidad de jugar en los l¨ªmites es para su propia poblaci¨®n y para autocensurar lo que otros puedan decir. Pero la comunidad internacional ha renovado el mandato de la misi¨®n, porque Venezuela no puede quedar fuera de la vigilancia internacional ya que los hechos son realmente graves.
P. En los ¨²ltimos meses ha sido significativa la detenci¨®n de ni?os y adolescentes que no parece coincidir con ese principio de la represi¨®n selectiva. ?C¨®mo lo interpreta usted?
R. Vemos con particular preocupaci¨®n la represi¨®n a los menores, que podr¨ªa inferirse que est¨¢ dirigida a mostrar los resultados de participar directamente en una cr¨ªtica al Gobierno. En estos casos han sido detenciones llevadas adelante por contenidos en los tel¨¦fonos o por participaci¨®n en protestas callejeras. En ambos casos son actividades l¨ªcitas, pero que han sido objeto de represalias. El prop¨®sito es la extensi¨®n del temor y el mostrar los resultados de participar en lo que el Gobierno considera que no es una cr¨ªtica admisible en Venezuela.
P. ?Qu¨¦ consecuencias tiene a largo plazo para una sociedad la ocurrencia de este tipo de hechos?
R. Las consecuencias son siempre malas. Estoy pensando en Espa?a luego del franquismo o en mi pa¨ªs, Argentina, luego de los largos a?os de la dictadura. Eso tiene consecuencia en las formas en que la gente interact¨²a en la vida p¨²blica. La gente empieza a privilegiar el silencio, a no involucrarse en causas que pueden verse apartadas de la pol¨ªtica e incluso en las expresiones culturales, concebidas para expresar los sentimientos y pensamientos. Esto tiene impacto en las generaciones venideras.
P. ?C¨®mo se puede desmantelar un aparato represivo y recomponer las heridas que dejan estas actuaciones?
R. En el caso de los aparatos de las Fuerzas Armadas y de seguridad no es un proceso simple pero hay varios pa¨ªses que lo han hecho. Se trata esencialmente de una decisi¨®n de orden pol¨ªtico e institucional, cambiar el eje de la misi¨®n que se les encomienda. No es casualidad que en ocasi¨®n de esta ¨²ltima confrontaci¨®n por los resultados electorales ha habido apelaciones casi diarias a la unidad entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de seguridad. Eso no va en l¨ªnea en un cambio del eje de actuaci¨®n. Y despu¨¦s se trata decisiones operativas, que no sea un cambio de nombre, un rebranding como ya ha pasado. En el caso de las v¨ªctimas son procesos de reparaci¨®n que, en el caso de las v¨ªctimas fatales nadie puede devolver esa vida. Las autoridades de Venezuela deben hacer un reconocimiento con fuerza del car¨¢cter de ciudadanos de las v¨ªctimas y de sus derechos y su protecci¨®n. Cuando el Estado agrede de manera decidida a sus ciudadanos algo no funciona bien. Si las condiciones cambian, habr¨¢ mucho que hacer en t¨¦rminos de curaci¨®n de heridas y reparaci¨®n de da?os, donde la dignidad ciudadana de las v¨ªctimas que fue negada debe restituida.
P. Recientemente el presidente Maduro hizo cambios en los servicios de inteligencia, ?a qu¨¦ cree que responden estos movimientos?
R. No tengo una interpretaci¨®n especial de por qu¨¦ se han producido estos cambios. Si hubieran estado acompa?ados de alguna declaraci¨®n en la que digan que en funci¨®n de las responsabilidades en la grave represi¨®n que han tenido el Sebin y la Dgcim ser¨ªa un hecho auspicioso, porque eso hablar¨ªa de una voluntad del Poder Ejecutivo de caminar hacia una rendici¨®n de cuentas de estos mandos. Pero como no se ha explicado cu¨¢l es el motivo no podr¨ªa ni alegrarme pensando en que lo pr¨®ximo ser¨¢ m¨¢s respetuoso de los derechos humanos o que simplemente corresponde a movimientos internos de autoridades despu¨¦s del resultado electoral.
P. ?Han podido confirmar la adopci¨®n por parte del Estado venezolano de alguna de las recomendaciones que hacen en sus informes?
R. Ninguna de las recomendaciones ha sido llevada adelante porque el Estado desconoce expl¨ªcitamente la existencia de esta misi¨®n. Pero est¨¢ bueno recordar que uno puede desconocer lo que sea, pero las cosas no dejan de formar parte de la realidad. La misi¨®n sigue existiendo y fue votada por un buen n¨²mero de pa¨ªses. Las cosas no ocurren de acuerdo a los deseos, no importa la naturaleza de la autoridad que los exprese.
P. El Gobierno ha criticado duramente la actuaci¨®n de la misi¨®n. ?Qu¨¦ perspectivas tiene sobre su trabajo los pr¨®ximos dos a?os?
R. Tomamos nota de las expresiones del Gobierno sobre la tarea de la misi¨®n. La misi¨®n existe, no por voluntad de los expertos, sino por un grupo de pa¨ªses que considera que Venezuela, por una serie de hechos que comprobadamente ocurren, no puede quedar fuera de vigilancia internacional. Y, por supuesto, que no es el ¨²nico pa¨ªs que est¨¢ bajo vigilancia. A la vez, Venezuela contin¨²a participando de estas instancias con lo cual debiera considerar admitir nuestro ingreso al pa¨ªs, contestar las afirmaciones que nosotros hacemos con evidencias de que los hechos no son como nosotros los relatamos, decir que s¨ª se cumplen los plazos legales, que las familias pueden visitar a los presos, que los menores no est¨¢n detenidos incumpliendo las normas m¨ªnimas que obligan los tratados internacionales y que no se est¨¢ persiguiendo en raz¨®n de la identidad pol¨ªtica. Esos ser¨ªan gestos muy positivos y fundamentales. Tambi¨¦n que admitiera que el Alto Comisionado instale de nuevo su oficina para asistir mejor a la v¨ªctimas y hacer monitoreo de la situaci¨®n. Lo que nosotros esperamos es que el Gobierno corrija el rumbo de una serie de actos arbitrarios que producen mucho da?o a la poblaci¨®n. Que cada instituci¨®n cumpla con la funci¨®n para la que fue creada en la Constituci¨®n, con eso ser¨ªan enormes progresos. No hay manera de ocultar las grav¨ªsimas violaciones de derechos humanos que all¨ª ocurren. El alto n¨²mero de personas detenidas arbitrariamente, sometidas a acusaciones de instigaci¨®n al odio, conspiraci¨®n y terrorismo, as¨ª lo muestran. Esto es una situaci¨®n que debe detenerse. La comunidad internacional tiene un rol importante que cumplir. No puede cansarse, que es algo a lo que las autoridades de Venezuela est¨¢n apelando.