Gustavo Castro, ambientalista: ¡°El Gobierno de Honduras quiso culparme por el asesinato de Berta C¨¢ceres¡±

El ambientalista mexicano Gustavo Castro recuerda el d¨ªa de 2016 cuando las autoridades de Honduras trataron de impedir que dejara el pa¨ªs centroamericano. Estaba en el aeropuerto de Tegucigalpa, acompa?ado de la embajadora y el c¨®nsul de M¨¦xico, y cuando se dispon¨ªa a abordar el vuelo de regreso a su pa¨ªs un grupo de agentes de la fiscal¨ªa intentaron retenerlo. Le dijeron que no pod¨ªa viajar. Los diplom¨¢ticos pidieron explicaciones y hubo tensi¨®n y forcejeo. La embajadora y el c¨®nsul rodearon a Castro, se tomaron de las manos y gritaron: ¡°?Protecci¨®n consular!¡± Los hondure?os, at¨®nitos, no sab¨ªan c¨®mo reaccionar. El ambientalista, ¨²nico testigo del crimen de la conocida ecologista hondure?a Berta C¨¢ceres, asegura que era un intento de incriminarlo por el asesinato que conmocion¨® a Centroam¨¦rica y levant¨® alarmas en el mundo.

Castro hab¨ªa participado en todas las diligencias y exigencias de las autoridades hondure?as tras el crimen. ?l estaba aquella noche en casa de C¨¢ceres, en la comunidad de La Esperanza, tras un largo d¨ªa de trabajo impartiendo talleres junto a la ecologista, a quien no ve¨ªa desde hac¨ªa cinco a?os. Fueron a cenar y luego condujeron en un Volkswagen gris al hogar de C¨¢ceres, solitario esa noche. Conversaron un rato en el porche y, sobre las once, decidieron irse a dormir. Unos minutos despu¨¦s escucharon un estruendo y Berta C¨¢ceres grito: ¡°?Qui¨¦n anda ah¨ª!¡±. Castro narra que los asesinos hab¨ªan entrado por la cocina. Despu¨¦s de a?os de investigaci¨®n se ha determinado que ten¨ªan bien estudiada la casa. Uno de los matones entr¨® al cuarto de la ambientalista, mientras otro se dirigi¨® al del mexicano, sorprendido de que hubiera otra persona en aquella casa insegura, a pesar de que la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos orden¨® al Gobierno hondure?o garantizar protecci¨®n a C¨¢ceres. El sicario le apunt¨® con el arma y dispar¨® a matar. Castro sobrevivi¨® al atentado con una herida leve en la oreja, pero se hizo el muerto. Despu¨¦s, escuch¨® varias detonaciones en la otra habitaci¨®n. Cuando los asesinos se marcharon, ¨¦l corri¨® junto a su amiga, que le pidi¨® que llamara a su exmarido. No hubo tiempo. La vida de C¨¢ceres se apag¨® en sus brazos.

El ambientalista mexicano crey¨® que hab¨ªa concluido su tiempo tras ayudar con sus declaraciones a la Polic¨ªa de Honduras, pero aquella ma?ana cuando iba a dejar el pa¨ªs, las autoridades de la fiscal¨ªa quer¨ªan detenerlo. ?l lo llama un secuestro. Rodeado de la embajadora y el c¨®nsul, los desconcertados funcionarios le informaron que ten¨ªa que quedarse supuestamente para colaborar con otras ¡°diligencias¡± del caso, seg¨²n un documento que ley¨® apresurado un fiscal y del que la embajadora pidi¨® una copia, que no le fue entregada. ¡°Me subieron rapid¨ªsimo a una camioneta y salimos volando a la embajada¡±, relata Castro en entrevista telef¨®nica desde San Crist¨®bal de las Casas, en Chiapas, donde vive y trabaja. Al d¨ªa siguiente, contin¨²a, un grupo de oficiales y militares lo escoltaron hasta La Esperanza para hacer ¡°un careo con otras personas¡± dentro de las investigaciones del crimen. ¡°Lo que quer¨ªan, en realidad, era decirme que ten¨ªa prohibido salir del pa¨ªs por 30 d¨ªas. Mis abogados preguntaron por qu¨¦, pero estaba claro que la estrategia era, al no poder imputar a nadie m¨¢s, que Gustavo Castro era la opci¨®n. Por supuesto que el Gobierno me quer¨ªa culpar por el crimen. Esos 30 d¨ªas que me dejaron eran para buscar la forma de involucrarme y justificar el asesinato de Berta¡±, afirma el activista.

La decisi¨®n moviliz¨® a las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de Honduras y comenz¨® una campa?a para exigir su liberaci¨®n y que le permitieran salir a M¨¦xico. ¡°Lo que hice fue quedarme en la embajada, porque sab¨ªa que me andaban buscando, me hab¨ªan dicho que hab¨ªa sicarios que ten¨ªan que cumplir con su trabajo o los eliminaban a ellos¡±, relata. Su hermano, que viaj¨® a ayudarlo, se hosped¨® en una habitaci¨®n de hotel rentada por la embajada mexicana. ¡°All¨ª le hicieron un atentado, porque le pusieron agua envenenada en el cuarto. Acab¨® en el hospital para limpiarle el est¨®mago. El Gobierno mexicano no quiso que se supiera porque iba a implicar muchos problemas diplom¨¢ticos con Honduras¡±, afirma.

¡°La embajadora ciertamente me protegi¨® y es algo que le agradezco, porque si no hubiera quedado en manos del Gobierno hondure?o. Vi¨¦ndolo en retrospectiva y viendo d¨®nde est¨¢ el anterior presidente [Juan Orlando Hern¨¢ndez], pues uno se puede imaginar el medio en el que estaba metido, donde militares, exmilitares, empresas, gobiernos, fiscales y jueces estaban involucrados y, obviamente, para ellos era m¨¢s f¨¢cil imputar a un extranjero¡±, cuenta. ¡°No pudieron inventar ninguna prueba, aunque me hicieron muchas trampas¡±. Entre ellas, agrega, le ense?aron un dibujo con el rostro de un activista del Consejo C¨ªvico de Organizaciones Populares e Ind¨ªgenas de Honduras (COPINH), organizaci¨®n a la que pertenec¨ªa Castro. ¡°Lo ten¨ªan preso por sospechoso, para inculparlo. Era obvio que quer¨ªan tener un culpable y que el crimen quedara impune. Quer¨ªan culpar a la gente del COPINH y me quer¨ªan usar para inculparlo, pero no pudieron. Era muy evidente que quer¨ªan buscar un culpable para evitar llegar al fondo del crimen¡±, asegura Castro.

El ambientalista se?ala directamente a la familia Atala, accionistas mayoritarios de la empresa Desarrollos Energ¨¦ticos S.A. (DESA), que construir¨ªa la presa hidroel¨¦ctrica a la que se opon¨ªa la ecologista C¨¢ceres, un enorme proyecto, con capital internacional, que afectaba al r¨ªo Gualcarque, sagrado para los ind¨ªgenas. La Corte Suprema de Honduras decidi¨® el pasado martes confirmar la sentencia contra siete de las personas condenadas por el asesinato y el intento de asesinato contra Castro. La condena ha sido ratificada contra David Castillo, se?alado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato; los exmilitares Henry Hern¨¢ndez y Douglas Bustillo, el mayor del Ej¨¦rcito de Honduras Mariano D¨ªaz y otros tres involucrados en el hecho. Castillo fue condenado en 2021 tras ser se?alado como uno de los autores intelectuales. La Fiscal¨ªa afirm¨® en su acusaci¨®n que el entonces presidente ejecutivo de DESA pidi¨® al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudi¨® a un viejo amigo del Ej¨¦rcito, el mayor Mariano D¨ªaz Ch¨¢vez, instructor de la Polic¨ªa Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pag¨® hasta 2.200 d¨®lares para cometer el crimen.

¡°Es un paso importante, pero a medias¡±, dice Castro sobre la decisi¨®n de la Corte. Hace referencia a la modificaci¨®n de las agravantes contra Castillo ordenada por el m¨¢ximo tribunal, que puede reducir la condena en su contra, y el hecho de haber enviado el caso de Sergio Rodr¨ªguez, otro de los implicados del crimen, al pleno de la Corte Suprema debido a una supuesta falta de unanimidad entre los jueces sobre la ratificaci¨®n de su condena. Rodr¨ªguez, gerente de comunicaciones de DESA, confes¨® durante el juicio que el ¡°problema Berta C¨¢ceres¡± era discutido a nivel de la junta directiva de la empresa. ¡°El Gobierno de Honduras se tard¨® much¨ªsimo tiempo en ratificar esta sentencia. Este es un caso pol¨ªtico y yo creo que siempre, como todos estos casos, pues implican negociaciones y una de ellas lo que ocurre con Rodr¨ªguez¡±, explica Castro. El ambientalista afirma que esto es producto de presiones de la poderosa familia Atala sobre el sistema de justicia hondure?o.

Castro cuenta que casi una d¨¦cada despu¨¦s del crimen debe vivir con el trauma ocurrido el 2 de marzo de 2016, que casi acaba con su vida. ¡°Ese momento nunca se me va a borrar de la mente, como tampoco los gritos de Berta¡±, dice. El ambientalista ha regresado recientemente a Honduras ¡ªno sin miedo, acota¡ª para continuar trabajando en temas ambientales con las organizaciones del pa¨ªs. En Chiapas, un Estado carcomido por la violencia, mantiene tambi¨¦n su activismo, lamentando que haya tanto encono contra quienes defienden la tierra y los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. ?l afirma que el legado de C¨¢ceres sigue vivo y que su asesinato no ha sido en vano. ¡°La lucha contra la impunidad es importante, porque si el caso de Berta queda impune todos los dem¨¢s nos preguntamos ¡®?y a nosotros qu¨¦ nos espera?¡¯ La lucha se ha mantenido con una tenacidad impresionante para que haya justicia y para que los perpetradores de estas violencias se la piensen dos veces antes de cometer estos cr¨ªmenes¡±, dice Castro.